MADRID.- Un total de 58 órganos judiciales han solicitado la intervención de la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción
(UACC) desde la constitución de esta unidad técnica del Consejo General
del Poder Judicial el 10 de marzo de 2015, hace ahora tres años.
Los órganos judiciales de la Región de Murcia, con 10, son los terceros que más solicitudes
han cursado a la UACC, que se encarga de tramitar las peticiones y
elaborar una propuesta de medidas de refuerzo que posteriormente eleva a
la Comisión Permanente del CGPJ para su aprobación. Los más activos en
este plano han sido los órganos de la Comunidad Valenciana, con 18; seguidos por Andalucía, con 13.
Estas
tres comunidades autónomas reúnen, por tanto, el 70,7% de las
peticiones de apoyo recibidas. Les siguen Cataluña, con 4 solicitudes;
Illes Balears (3) y Canarias (2).
Atendiendo al tipo de órgano que
cursa la solicitud, la mayoría de las peticiones recibidas en estos
tres años procede de Juzgados de Instrucción o de Primera Instancia e
Instrucción, responsables de la investigación de los delitos de
corrupción.
En los últimos meses, sin embargo, la UACC ha
comenzado a recibir también solicitudes de órganos encargados del
enjuiciamiento de este tipo de causas.
Esto ha llevado a la
Comisión Permanente a aprobar, en su reunión del pasado 1 de febrero,
una modificación del Protocolo de Actuación de la UACC, ampliando su
ámbito competencial a los órganos de enjuiciamiento, al estimar que el
volumen de las causas, la duración de las sesiones de la vista oral y el
tiempo necesario para la posterior redacción de las sentencias, que se
suman al trabajo habitual de las Salas correspondientes, también hacen
necesaria la adopción de medidas como el nombramiento de magistrados de
apoyo o la petición de plantilla funcionarial de refuerzo.
En
los tres años que lleva constituida la UACC, la Comisión Permanente del
CGPJ ha aprobado decenas de medidas de apoyo y refuerzo de los órganos
judiciales encargados de la instrucción y/o el enjuiciamiento de
procedimientos por delitos de corrupción.
Esas medidas se han
traducido en la incorporación de jueces o magistrados de refuerzo a 21
de los órganos solicitantes, mediante la concesión de comisiones de
servicio con o sin relevación de funciones o la adscripción de jueces
sustitutos.
Además, el CGPJ ha cursado peticiones de nombramiento
de funcionarios de refuerzo a las Administraciones correspondientes –el
Ministerio de Justicia o las Comunidades Autónomas en aquellos
territorios en los que se han transferido las competencias en materia de
Justicia-, así como de medios materiales: adecuación de las
dependencias judiciales, escáneres, sistemas de videograbación, equipos
multicopia, etc.
También se han enviado requerimientos a otras
Administraciones para que colaboren en las investigaciones en curso, ya
sea emitiendo informes solicitados por los jueces de instrucción o
poniendo a disposición de estos peritos expertos en distintas materias.
Entre las Administraciones requeridas figuran la Dirección General de la
Policía, la Agencia Estatal de Administración Tributaria o la
Intervención General del Estado.
El
número de solicitudes recibidas por la UACC se ha incrementado desde la
publicación, en julio de 2017, de la 'Guía práctica de actuación en la
tramitación de causas complejas por corrupción', que se distribuyó entre
los miembros de la Carrera Judicial.
La guía propone pautas de
actuación en la investigación de los tipos delictivos incluidos en el
ámbito competencial de la UACC, como las defraudaciones, insolvencias
punibles, alteración de precios en concursos y subastas públicas,
delitos relativos a la propiedad intelectual, industrial y al mercado y
los consumidores, corrupción entre particulares, delitos societarios,
blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública y contra la
Seguridad Social, delitos de prevaricación, omisión del deber de
perseguir delitos, infidelidad en la custodia de documentos y violación
de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales
públicos, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades
prohibidas a los funcionarios públicos y delitos de corrupción en las
transacciones internacionales.
El texto ofrece un catálogo de
buenas prácticas que abarcan todas las fases del procedimiento, desde la
organización material de la causa hasta su enjuiciamiento; incluye el
modelo de solicitud de medidas de refuerzo judicial; refiere las
actuaciones que puede desarrollar la UACC ante las Administraciones y
enumera las medidas de apoyo que se pueden solicitar al Servicio de
Relaciones Internacionales, como la asistencia para cursar comisiones
rogatorias o en relación con instrumentos de reconocimiento mutuo o la
gestión de los desplazamientos del juez español durante la ejecución de
la petición de cooperación internacional.
No hay comentarios:
Publicar un comentario