La consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí, exiliada en Bruselas
desde la supresión de la autonomía catalana y la aplicación del 155, ha
abandonado Bélgica y se ha reincorporado a la universidad escocesa de
Saint Andrews, donde ya había ejercido como catedrática de Economía y
Trabajo.
Ponsatí, la persona que gestionó con indiscutible éxito que los
centros escolares pudieran servir como colegios electorales en el
referéndum del 1 de octubre, lo ha anunciado personalmente después de
unos días en Escocia y amplía así, por la vía de los hechos, la diáspora
del exilio de políticos catalanes fruto de la represión del Estado
español.
El movimiento de Ponsatí amplía el radio de resonancia del
conflicto catalán a un tercer país —el Reino Unido— después de
Bélgica, donde reside el president Carles Puigdemont ahora con otros
tres consellers, y Suiza, donde se ha exiliado la ex diputada de la CUP
Anna Gabriel.
La nueva residencia de Ponsatí en Escocia, esperada desde hace
algunas semanas, no hace sino poner nuevamente de relieve la
inconsistencia a nivel internacional de la macrocausa abierta por la
justicia española por rebelión y sedición. Después del fracaso de
aquella primera euroorden presentada por la justicia española en
Bruselas en los primeros días de noviembre y retirada semanas después
por la certeza de que no sería admitida por los tribunales belgas, no ha
habido ningún movimiento fuera de las fronteras españolas.
El juez
Pablo Llarena retiró la euroorden en diciembre, utilizó después un
razonamiento tan inopinado para no pedir la detención de Puigdemont en
su viaje a Copenhague del pasado mes de enero como decir que no la
formulaba porque era lo que buscaba el president. Y, hace tres semanas,
fue Anna Gabriel la que anunció su nueva residencia en Suiza y, pese a
que el fiscal también pidió al juez que cursara la orden de detención,
este tampoco hizo nada.
El nuevo movimiento del exilio catalán en el tablero europeo vuelve a
ser importante. El Reino Unido tiene una legislación que hace difícil
una traslación de la equivalencia de delitos que se han formulado en
España contra el independentismo catalán donde, sin que se hubieran
producido actos de rebelión y sedición, todo el Govern está acusado de
ello.
Es muy posible, por tanto, que Llarena vuelva a ser extremadamente
prudente en un movimiento que obligue a la justicia del Reino Unido a
pronunciarse y gane tiempo, la mejor decisión para no recibir una
hipotética negativa. Lo veremos en los próximos días. Pese a ello, la
impresión generalizada de una justicia que adopta decisiones poco
acordes con el derecho no es pequeña.
En este caso, además, la actuación de Llarena se junta con la
prohibición al candidato a la presidencia de la Generalitat, Jordi
Sànchez, a abandonar la prisión de Estremera para la sesión
parlamentaria de su investidura.
Todo ello puesto por escrito en un auto
del magistrado instructor que tiene en muchos párrafos más de político
que de judicial. De una manera especial aquel que viene a referir que
"el candidato ha revalidado su compromiso delictivo, integrándose en la
candidatura de Junts per Catalunya", algo que viene a situarse, si no
fuera, al límite de la ley.
No deja de ser preocupante que la justicia española no encuentre
homologación europea con los delitos que trata de imputar y que mientras
tanto Junqueras, Sànchez, Forn y Cuixart sean privados de libertad en
una injusta prisión provisional que parece no tener fin.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
No hay comentarios:
Publicar un comentario