MURCIA.- La dirección regional de IUVRM ha manifestado, a través de sus
coordinadores Candi Marín y José Luís Álvarez-Castellanos, su apoyo al
acuerdo alcanzado por los partidos políticos de la oposición
parlamentaria en la Asamblea Regional para enmendar Ley de Medidas
Urgentes a aplicar en el entorno del Mar Menor; y exige a los mismos
decisión y firmeza para culminar dicho acuerdo con la aprobación el día 1
de febrero del dictamen elaborado en la Comisión de Política
Territorial.
Desde la formación de izquierdas se insiste en que, contrariamente a
la retórica negacionista del PP y del gobierno regional continuista de
la peligrosa, ineficaz e irresponsable actitud de gobiernos anteriores
que nos ha traído hasta esta situación, "dichas medidas constituyen,
quizás, la última oportunidad para poder revertir la situación de
deterioro y pérdida de la riqueza biológica y medioambiental de la
laguna".
En este sentido, Álvarez-Castellanos afirma la necesidad de apostar
por medidas avaladas científicamente como pueden ser "reducir la
contaminación en origen, reconvertir el modelo agrícola intensivo
causante del 85% de la contaminación actual, recuperar humedales y
filtros verdes devolviendo a la naturaleza su filtro natural sacándolo
de las garras del regadío ilegal y depredador. Además se han aplicado
con éxito en situaciones similares de recuperación de espacios
degradados".
Para los coordinadores de IU-Verdes, medidas como dedicar el 5% de la
superficie a la recuperación ambiental de barreras naturales que frenen
la contaminación o la descontaminación a nivel de parcela con la
reducción nitratos en origen, entre otras medidas constituyen el eje
fundamental sin las cuales sería imposible afrontar con un mínimo de
credibilidad la recuperación ambiental del Mar Menor y es un precio
totalmente asumible siguiendo el criterio de la responsabilidad
ambiental de quien contamina paga.
IU-Verdes considera que el sector agrícola murciano es un pilar
fundamental de nuestra economía pero el modelo productivo de carácter
intensivo impuesto por las empresas agro-exportadoras, no solo en el
Campo de Cartagena, sino en la mayor parte de la región, es un modelo
insostenible y altamente contaminante que necesita una urgente
reconversión para asegurar su futuro en niveles de calidad y
competitividad superiores incluso a los actuales.
La alta e inasumible demanda de agua que exige en una ampliación
continua y sin regulación de la superficie regable y la contaminación
del Mar Menor, son solo dos de los problemas más visibles y palpables
que han ocasionado, pero el efecto a medio largo y plazo sería
devastador de seguir en esta línea y no afrontar la situación de cara y
con determinación yendo a la raíz del problema.
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