El proyecto independentista catalán no ha terminado. La
intervención de la autonomía y el encarcelamiento del Govern por orden
judicial han profundizado y agravado la fractura del país. Y las
perspectivas de solución política, mediante unas elecciones autonómicas
el 21 de diciembre, no parecen resolver la cuestión pendiente: la
ubicación de Catalunya en el Estado español y en el contexto europeo.
El
último barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió señala un aumento
significativo del apoyo a la independencia. La encuesta, realizada tras
el 1 de octubre y la declaración unilateral de independencia, muestra un
47,8% a favor de la independencia y un 43,2% en contra. Sigue habiendo
una división dramática en la sociedad catalana, pero ahora, tras las
acciones del Gobierno y las grandes manifestaciones unitarias, se
acentúa el apoyo a la secesión. Aunque no supera el 50%, este resultado
muestra que sin un diálogo y un pacto no habrá solución estable de la
cuestión catalana.
Porque los resultados de las elecciones autonómicas
de diciembre que prevén diversas encuestas parecen confirmar la actual
composición del Parlament. Es decir, los partidos soberanistas volverían
a obtener la mayoría absoluta. Con el añadido de que Catalunya en Comú,
que entrará en liza por primera vez, aun manteniendo su distancia con
respecto a la independencia, propone un frente común catalanista
resucitando la reivindicación histórica de “llibertat, amnistia i
Estatut d’autonomia”.
Por tanto, el futuro Parlament tendría una importante
mayoría en favor de un referéndum legal. En contraste con una oposición
parlamentaria posiblemente liderada por un Ciudadanos envalentonado y
más contrario que nunca al diálogo entre dos nacionalismos, el catalán y
el español. La fractura se consolidaría y la convivencia se haría cada
vez más difícil, tanto en Catalunya como en España. Es más, el
autoexilio del president Puigdemont en Bruselas, equiparándose
simbólicamente a Tarradellas, ha incrementado la internacionalización
del conflicto, por más que la Unión Europea haya apoyado a España.
No
hay más que examinar la opinión publicada en el mundo para constatar que
la noticia sigue acaparando la atención y que además se asocia la
crisis catalana con otras contiendas civiles en Europa o incluso con el
imaginario de nuestra Guerra Civil. La inculpación por rebelión de los
dirigentes nacionalistas, incluyendo la de Puigdemont en rebeldía,
intensificará la percepción de represión en el ámbito internacional.
Cada paso en la represión, cada acto de resistencia,
ensanchan el abismo que se está creando, haciendo aún más difícil el
futuro para todos, cualquiera que sea el desenlace. Un desenlace que aún
no se percibe en el horizonte. Pero lo que ya se observa es la
multiplicación de fracturas políticas y sociales. Se extienden las
fracturas por todo el sistema político. Porque en toda situación de
enfrentamiento, se refuerzan las posiciones extremas y se debilitan
los partidarios del diálogo.
Así, Ciudadanos podría beneficiarse de su
ultranacionalismo español, mientras que el soberanismo radical se
carga de razón, haciendo más difícil el tender puentes entre los
contendientes. Pero la fractura más significativa es la división entre
PSOE y Podemos, que aborta el principio de una estrategia común de las
dos izquierdas que hubiese podido desplazar a Rajoy con el apoyo del PNV
y los partidos catalanes. Rajoy ha activado hábilmente el nacionalismo
español de una parte del PSOE contra un Pedro Sánchez que había aceptado
la plurinacionalidad del Estado español.
Rajoy ha obtenido el apoyo de
Sánchez a cambio de una futura reforma constitucional controlada por la
mayoría del PP en el Senado. Pero los tiempos se aceleran. La
intensificación de la represión judicial empieza a fracturar también al
PSC, en particular en el ámbito municipal, y agrava las tensiones entre
socialistas catalanes y andaluces.
Podemos, por su parte, se encuentra confrontado a
divisiones internas entre una dirección de Podem que se sitúa en la
órbita del independentismo y la resistencia pragmática de algunos
referentes de Podemos a mantener el apoyo de principio al derecho a
decidir. Precisamente por su coherencia ideológica, proponiendo a la vez
el derecho democrático a un referéndum legal y argumentando contra la
independencia, Podemos podría pagar un alto precio electoral en el
conjunto de España, al no ser entendido ni por unos ni por otros.
La movilización popular contra el encarcelamiento de los
dirigentes independentistas suscitará probablemente una represión
policial de mayor alcance a la practicada hasta ahora, en la medida en
que se extienda la desobediencia civil y las ocupaciones pacíficas de
espacios públicos. La Assemblea de Càrrecs Electes será confrontada a su
vez por acciones de la Fiscalía y en algún supuesto la intervención de
las instituciones catalanas podría extenderse al ámbito municipal.
Y
como las elecciones de diciembre reproducirán una mayoría en favor del
referéndum, el artículo 155 seguiría imperando, según reclama el PP
catalán. Estaríamos así ante un bloqueo institucional permanente
mientras no haya un pacto de Estado, sin intimidación, entre todas las
partes.
Pero aún más graves son las fracturas que se están
produciendo entre las personas, en Catalunya y entre Catalunya y
España. Todos conocemos amistades, familias y relaciones rotas por la
divisoria creada entre unos y otros. No se pudo dialogar y no se quiso
dialogar. Y al movilizar a la población en ambos sentidos, al hacer de
las pertenencias de Estado una cuestión existencial, se perdió la
capacidad de convivencia.
Ya no se trata de identificar culpables porque
lo que importa es el resultado. Ni Catalunya es independiente ni España
puede seguir como antes, como si no hubiera pasado nada, ni la economía
puede salvarse de una pérdida de inversión y confianza, ni las personas
pueden volver a relacionarse más allá de sus diferencias. Nos hemos
roto. Y la culpa es de todos porque no nos creemos otra democracia que
la que nos conviene.
(*) Profesor universitario de Sociología y de Urbanismo en la Universidad de California en Berkeley
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