El gobierno más corrupto, sostenido por
un partido al que los jueces consideran una presunta asociación de
malhechores, anunció ayer un verdadero golpe de Estado, dice que para
defender la legalidad, la Constitución y el Estado de derecho. Una
legalidad arbitraria e injusta, una Constitución que el mismo PP ataca
con tan pocos miramientos como cuando sus fundadores franquistas votaron
en contra de ella, y un Estado de derecho sin separación de poderes
pues es el mismo gobierno que ignora el Parlamento, tiene al poder
judicial a su servicio y controla todos los medios de comunicación.
O
sea, un poder corrupto y dictatorial anuncia un golpe de Estado que
perpetrará en cuanto el Senado (que también controla con mayoría
absoluta) dé el visto bueno a una aplicación del 155 mucho más allá de
sus previsiones, en realidad, un artículo 116, un estado de excepción no
declarado.
Para
esta nueva fechoría cuenta con el apoyo del Rey y de los otros dos
partidos dinásticos, C’s y PSOE. El respaldo ya expreso y reiterado del
Monarca ha convertido a la Corona en parte beligerante en el conflicto y
liga su suerte al más que dudoso triunfo del golpe. Al igual que su
bisabuelo, el Rey se ha aliado con la dictadura. Tendrá su mismo final.
En
cuanto al respaldo de los otros dos partidos dinásticos, el de C’s se
daba por descontado. Ahora también lo está el del PSOE que, en tres
meses (de julio a octubre), ha pasado de rechazar el 155 a apoyar fervorosamente su aplicación,
de pedir la dimisión del de los sobresueldos por la corrupción y la
catastrófica gestión del conflicto catalán a convertirse en su más firme
apoyo. Al extremo de que el PP se vale de Sánchez como su portavoz
exterior.
El PSOE justifica este disparate invocando la “razón de
Estado”, como si el Estado cuya razón invoca no fuera el de la
tradicional oligarquía parásita, nacional-católica y catalanófoba que
está en el origen mismo del conflicto. Este servilismo le hará perder el
escaso apoyo que tenía en Cataluña y mucho del que conservaba en el
Estado. Es una de las facetas del desastre que el independentismo
catalán ha ocasionado en la izquierda española, incapaz de articular
alguna alternativa al uso de la fuerza bruta.
La
intervención anunciada por el bloque nacional español, en realidad,
sigue siendo una baladronada por ver si la Generalitat retrocede y no es
necesario pasar a mayores. Entre otras cosas porque no sabe cómo
hacerlo, no está claro si puede y menos aun si la UE lo va a permitir.
El gobierno quiere cañonear la Generalitat, pero el pago de la deuda y
la prima de riesgo le han mojado la pólvora.
Dicen
los golpistas que no se suspende la autonomía catalana (en realidad, el
155 no lo permite) sino que se limitan a sustituir sus cargos por otros
designados a dedo en Madrid. Es una mentira tanto más irrisoria cuanto
que, siendo innecesaria, ha puesto de relieve la condición colonial de
Cataluña que el nacionalismo español siempre ha negado. Al gobernar el
Principado desde Madrid, lo tratan como una colonia y dan la razón al
independentismo cuando reivindica el derecho de autodeterminación por
considerar Cataluña una colonia. Y lo es. El bloque nacional así lo
confirma.
Otras
mentiras adornan esta decisión demencial (demencial en la actual
situación de España), como la de que la intervención será mínima. Al contrario, quiere ser máxima, pues se propone destituir al govern
en pleno, clausurar de hecho el Parlamento, controlar las fuerzas de
seguridad y adueñarse de los medios de comunicación públicos para
ponerlos a su servicio. De los jueces no hablan porque ya los tienen.
Intervención máxima, un golpe de Estado civil en toda regla.
Apoyado por el PSOE que ha pasado también de acusar a la Generalitat de
golpista a serlo él mismo.
Dice
el bloque que todo acabará en tres meses, cuando se haya restaurado la
normalidad y se convoquen elecciones. Una normalidad que solo él rompió
con el hostigamiento a los indepes antes del referéndum y la jornada de
vandalismo policial durante la votación el 1/10.
Probablemente,
además, esas elecciones no se celebrarán y mucho menos cuando los
golpistas las prevén. Hasta es posible que haya elecciones generales
antes en España que en Cataluña. Es una de las cartas de Rajoy para
prolongar su mandato con un posible triunfo electoral por mayoría
guerrera y abrumadora. Desde luego, las autonómicas no se celebrarán o no
lo harán en la fecha prevista porque, como ya suponía ayer Palinuro, la
Generalitat no va a ceder.
Después
de la cavernosa amenaza de Rajoy, aplaudida por sus palmeros, el
gobierno recibió una múltiple respuesta desde Cataluña que apunta a la
confrontación, unida en la consigna que se coreaba ayer en la enorme
manifestación en Barcelona contra el encarcelamiento de los dos Jordis: No pasarán. A más de algún socialista le estarán zumbando los oídos de vergüenza. No pasarán.
Después de la manifestación, las distintas instituciones hicieron pública su posición:
Los mossos d’esquadra no aceptarán ser dirigidos por otros mandos que los de la Generalitat. La mesa del Parlamento no aceptará ninguna merma en sus funciones ni dará un paso atrás. El govern tampoco aceptará su destitución ni ninguna medida que recorte sus competencias. TV3 no aceptará ser intervenida por dirección alguna que no sea la de la Generalitat. La CCMA (la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales) tampoco aceptará la intervención.
Los mossos d’esquadra no aceptarán ser dirigidos por otros mandos que los de la Generalitat. La mesa del Parlamento no aceptará ninguna merma en sus funciones ni dará un paso atrás. El govern tampoco aceptará su destitución ni ninguna medida que recorte sus competencias. TV3 no aceptará ser intervenida por dirección alguna que no sea la de la Generalitat. La CCMA (la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales) tampoco aceptará la intervención.
Este
frente institucional está respaldado por una movilización masiva de la
sociedad catalana en defensa de sus representantes y actitud de
desobediencia generalizada, desde los ayuntamientos a las escuelas,
pasando por los servicios públicos, con un horizonte de huelga general.
Para controlar eso sería necesaria una verdadera ocupación militar, cosa
que el bloque español no puede permitirse.
No
saben en dónde se han metido. En un escenario de uso de la fuerza y la
represión violenta contra una sociedad que ejerce la desobediencia y la
resistencia pacífica en defensa de sus representantes a los que quizá
haya que encarcelar, como ya se ha hecho con los dos Jordis. Ello
provocará más reacción social y más violencia de parte del Estado que
puede acabar teniendo que decretar el toque de queda en las calles, para
silenciarlas. Una perspectiva sin salida que obligará a la UE a
intervenir forzando una negociación que ya solo puede hacerse en torno a
dos posibilidades, las únicas viables: un referéndum de
autodeterminación pactado o la independencia de Cataluña sin más,
también negociada, por supuesto.
En
su comparecencia, el MH hizo ver que el lunes o el martes se procederá a
votar en el Parlamento la DI hasta ahora en suspenso. Obsérvese que el
relato independentista sigue siendo ganador: se declara la independencia
después de que el bloque nacional haya activado el golpe de Estado vía
artículo 155, puesto que este se ha anunciado sin esperar a diálogo
alguno, para lo que aún disponía de dos meses.
Breve
flexión sobre la gran ausente en este conflicto: la otra izquierda no
independentista pero con visos revolucionarios, la española de Podemos y
la catalana de los Comunes. Sus angustias y ambigüedades teóricas y su
evidente irrelevancia práctica la han dejado al margen de la historia,
empujada hacia delante con la mirada vuelta hacia atrás, como el ángel
de Klee/Benjamin. La prevalencia del eje nacional sobre el social en el
que cifraba todas sus esperanzas la ha aplastado y ha sido incapaz de
tomar ejemplo de la CUP (de cuya vitola izquierdista nadie duda) que ha
entendido perfectamente el sentido de esa historia: la emancipación
nacional como requisito para la social en un marco republicano.
Eso, en España, hoy, es una revolución. La única que hay.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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