CARAVACA DE LA CRUZ.- El exalcalde de Caravaca de la Cruz Domingo Aranda (PP) pidió el sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones seguidas en un Juzgado de Instrucción de Murcia por el denominado 'caso El Roblecillo', referido al plan parcial que se promovió para desarrollar un proyecto urbanístico en los terrenos de ese paraje.
El
escrito señala que el proyecto tenía por objeto la construcción de un
resort turístico como residencial de temporada, dirigido,
fundamentalmente, a un mercado de personas de tercera edad,
principalmente, clientes del Reino Unido.
Como tal residencial de
temporada -añade la defensa de Aranda, el letrado Críspulo Picón-, la
ocupación media era de pocos meses al año y, por tanto, con un bajo consumo hídrico, ya que el campo de golf sería mantenido, en principio, con las aguas propias del manantial cuya concesión se había solicitado y obtenido posteriormente mediante el reciclado de aguas residuales.
El documento comenta que "el terreno afectado por el plan parcial no está sometido a una protección medioambiental,
como se afirma tanto en el auto de imputación como por la acusación
pública, ya que o pertenece a la Red Natura 2000 ni se encuentra dentro
de los espacios protegidos LIC o ZEPA".
Y añade que "tampoco es
parque natural, reserva natural o monumento natural, ni están sujetos a
ningún Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN), ni plan de
gestión, ni se halla especialmente protegido por ninguna norma regional o
nacional".
El escrito niega que Aranda cometiera delito alguno
durante la tramitación del plan, y rechaza la conclusión a la que llegó
el juez instructor en el sentido de que el informe técnico elaborado por
funcionarios del ayuntamiento era desfavorable a las modificaciones
urbanísticas proyectadas.
Sobre ese particular, la defensa del
exalcalde comenta que el informe, que fue suscrito por técnicos y
arquitectos municipales, lo que hacía realmente era indicar el camino que debía seguirse para conseguir esas modificaciones.
"Es
decir -concluye el escrito-, el informe no niega la viabilidad -no es
negativo-, sino que informa de los trámites a seguir; esos trámites se
siguieron, se abrió un nuevo plazo de información pública, en el que se
presentaron las alegaciones que se consideró oportuno por cualesquiera
persona o entidad".
Recalca la defensa que "el ayuntamiento no
solo no pasó por encima, como afirma el auto, del informe de los
técnicos municipales, sino que lo acató y realizó los trámites que se
proponían en la conclusión del mismo, en cumplimiento de la legalidad
urbanística".
En el mismo sentido de solicitar le sobreseimiento
del caso presentaron sus escritos otros imputados, entre los que se
encuentra el que fuera concejal de Urbanismo, Amador López.
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