MURCIA.- CCOO demanda al Gobierno regional la
creación de mesas sectoriales para atajar la economía sumergida y
mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.
Tendrían que estar actuando de oficio, tanto la Dirección General de
Trabajo como la Inspección de Trabajo para evitar los riesgos laborales
y cumplir las normas laborales en general.
Los hechos ocurridos con los 23 jornaleros de Agrifusa, que tuvieron
que ser ingresados por inhalar productos fitosanitarios, han sido un
ejemplo más de que la vigilancia de la salud debería ser prioritaria en
todas y cada una de las empresas independientemente de su actividad.
Tenemos que prestar especial atención a sectores como el
agroalimentario, construcción y los servicios.
Recientemente hemos comprobado como trabajadores del sector agrícola
han dejado de trabajar en la empresa Perichan de Mazarrón para reclamar
derechos en materia de salarios, regulación de jornada y protección de
la salud.
Para CCOO es fundamental crear mesas con los Empresarios, los
Sindicatos y la propia Administración para resolver los problemas que
actualmente se están dando en los distintos sectores de la actividad
regional.
La lucha contra la economía sumergida tiene que empezar generando
una cultura de la prevención y del cumplimiento de las relaciones
laborales en general.
Desde el año 2012, mejor año de la serie histórica de datos de
siniestralidad, no cesan de crecer los accidentes en el trabajo.
Entendemos que no es casualidad que el 2013 supusiera un cambio de
tendencia, ya que fue el primer año que mostró los lamentables
resultados de la reforma laboral, aprobada en 2012, tanto en la
siniestralidad laboral como en la calidad del trabajo.
Entendemos que esta situación sólo se puede mejorar desde el consenso
entre sindicatos, empresarios y administración, aplicando recursos y
no sólo buenas palabras. Sobre todo afrontando la causa principal que no
es otra que la precariedad del trabajo provocada por la reforma
laboral.
Teniendo en cuenta el cumplimiento de la propia Constitución Española
y de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Estatuto de los
Trabajadores, en todo lo referente a la obligación de la vigilancia de
la salud, abono de salarios y cumplimiento de normas laborales en
general tanto por parte de la empresas como por parte de las
administraciones públicas, ante la negativa de los empresarios a poner
en marcha medidas para evitar los riesgos laborales y cumplir las normas
laborales en general, de oficio tendrían que estar actuando tanto la
Dirección General de Trabajo como la Inspección de Trabajo.
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