MURCIA.- La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco de la
operación ‘Torremocha', ha desarticulado un entramado delictivo dedicado
a la venta de parcelas para promover una urbanización ilegal en
Librilla. Hasta el momento se ha investigado a 26 personas, a las que se
les han instruido diligencias como presuntas autoras de delito relativo
a la ordenación del territorio.
El pasado año y a requerimiento de la Fiscalía del Tribunal
Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM), guardias civiles
del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) iniciaron la
operación para investigar unas supuestas construcciones ilegales en el
paraje Torremocha del término municipal de Librilla. Al parecer, la
mayoría de estas construcciones podrían estar invadiendo el dominio
público hidráulico de la rambla Torremocha, con el consiguiente riesgo
de inundación ante una posible avenida de agua.
De la investigación se desprende que el administrador de la
empresa promotora se asoció en una primera fase con otras personas y
mercantiles para comprar los terrenos catalogados como no urbanizables y
de uso agrícola.
En otra fase posterior se dispusieron a la parcelación y
adecuación de las fincas matrices en recintos preparados para la
construcción de viviendas, estableciendo para ello calles, vallados,
fosas sépticas e instalaciones de redes de suministro de agua y
electricidad.
El 'modus operandi' utilizado para enmascarar esta promoción
urbanística ilegal consistía en vender los diferentes recintos
(parcelas), preparados para la construcción de viviendas, mediante
escrituras públicas de compraventa de los terrenos, donde las parcelas
se describen y transmiten como una porción indivisible de la finca
rústica aunque sin atribución de uso exclusivo sobre la parte del
terreno, obviando así la necesidad de solicitar licencias de segregación
y parcelación.
Durante el desarrollo de la operación, la Guardia Civil
inspeccionó 112 recintos, en su mayoría con viviendas en su interior, e
investigó a 26 personas entre las que se encuentra el administrador de
la empresa promotora, varios colaboradores y un grupo de constructores y
propietarios. Los hechos se han desarrollado durante alrededor de una
década.
Se da la circunstancia de que el promotor y cabecilla de la
trama desmantelada ya fue condenado en 2012 por un delito relativo a la
ordenación del territorio.
Delito relativo a la ordenación del territorio
Recogido en el Código Penal, comete este delito el que lleve
a cabo obras de urbanización, construcción o edificación no
autorizables en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de
dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente
reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o
cultural, o por los mismos motivos hayan sido considerados de especial
protección y es castigado con pena de de prisión de un año y seis meses a
cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses, salvo que el beneficio
obtenido por el delito fuese superior a la cantidad resultante en cuyo
caso la multa será del tanto al triplo del montante de dicho beneficio, e
inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a
cuatro años.
La operación ‘Torremocha’ se ha desarrollado con la
coordinación de diferentes administraciones públicas, como Fiscalía del
TSJRM, el Ayuntamiento de Librilla, el Catastro, el Registro de la
Propiedad, la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Confederación Hidrográfica
del Segura y la Guardia Civil.
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