CARTAGENA.-El Juzgado de Instrucción nº 1 de Lugo ha abierto una
pieza separada en el 'caso Pokémon', que investiga presuntos delitos en
la gestión del agua por el Grupo Agbar, para dilucidar si ha habido
blanqueo de capitales, falsedad documental y cohecho en Aguas de Lorca y
Aguas de Murcia (Emuasa).
Así lo anunció el secretario general de Podemos en la
Región, Óscar Urralburu, cuya formación se personó como acusación
particular, quién ha detalló que la jueza lucense investiga si hubo
adjudicaciones ilícitas de contratos y servicios, así como concertación
con otras empresas y funcionarios públicos para la consecución de
créditos e información privilegiada.
A cambio, la rama del Grupo Agbar en la Región, denominada
Hidrogea, entregó dinero, regalos, viajes a funcionarios y cargos
electos, además de la contratación de familiares de los responsables
políticos en ambos ayuntamientos.
Por todo ello, la titular del Juzgado de Instrucción de Lugo
ha abierto una pieza separada para determinar si hay indicios que
permitan imputar a los investigados por los presuntos delitos de
blanqueo de capitales, falsedad documental información privilegiada,
cohecho y prevaricación.
Urralburu aseguró que el auto de la jueza se refiere a Agbar
como una verdadera asociación ilícita dedicada al engaño para simular
transparencia en los contratos que obtienen a través de esos regalos y
sobornos, que luego se repercuten en los recibos del agua a los
ciudadanos.
Por ello, Podemos Región de Murcia han decidido que los
miembros de Ahora Murcia y Ahora Lorca en los Consejos de Administración
de Emuasa y Aguas de Lorca abandonen sus puestos y sean sustituidos por
personal cualificado que pueda detectar si ha habido actividad
irregular, además de pedirles que les suministren la información sobre
estas empresas.
Además, Podemos ha exigido a los ayuntamientos de Murcia y
Lorca, que participan con un 51 por ciento en sus empresas de aguas, que
sustituyan a los gerentes porque las mercantiles privadas han terminado
"usurpando" el poder de estas sociedades.
El diputado de Podemos Andrés Pedreño reseñó que esta
"ausencia de control" por los Consistorios ha favorecido que estas
empresas, que cobran el recibo de agua más alto, carguen "sobrecostes
injustificados" y aboguen por la sistemática externalización del
servicio.
Pedreño ha puesto el foco sobre la forma de actuar de estas
empresas, investigadas en el 'caso Pokémon', que "compran silencios con
sobornos, viajes y regalos".
Por su parte, María Giménez incidió en que los sitios donde
se cobra el "agua más cara" han sido utilizados para financiar, a través
de estas empresas, actividades presuntamente ilícitas, por lo que ha
reclamado una auditoría global en todas las empresas de Hidrogea.
En concreto, Hidrogea tiene el cien por cien de los
contratos municipales de agua en Cartagena, Águilas, Torre Pacheco, San
Javier, Las Torres de Cotillas, Abanilla y Cehegín, mientras que
participa en las empresas municipales de aguas de Murcia, Lorca, Jumilla
y Cieza.
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