LEÓN/MURCIA.- El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha enviado a la Fiscalía nueve operaciones irregulares anteriores a 2010 correspondientes a las antiguas Caja España y Caja Duero que provocaron perjuicios económicos por valor de 120 millones de euros, según revela el diario regional 'El Norte de Castilla'.
En concreto, las operaciones se refieren a financiación y
refinanciación para la compra de
inmuebles o participaciones en sociedades y renegociaciones de préstamos con reducción de garantías, entre otras.
inmuebles o participaciones en sociedades y renegociaciones de préstamos con reducción de garantías, entre otras.
En suma, se trata de operaciones que han dado lugar a
«importantes pérdidas» para las entidades y presentan indicios de
irregularidad o no responden «a una finalidad económica lógica» como se
puede leer en una nota de prensa publicada por el Frob.
El número tres del Partido Popular, Fernando
Martínez-Maillo, entró a formar parte del Consejo de Administración de
Caja España en el año 2006.
La Audiencia Provincial de León desestimó el pasado enero los recursos presentados por los 14 consejeros de Caja España Duero, entre ellos el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, acusados de administración desleal cuando pertenecían a la citada entidad de ahorro.
A los investigados se les acusa de mantener vivos créditos de dudoso cobro La acusación que ahora se mantiene firme afecta al vicesecretario de organización del PP
y a representantes políticos del PP, empresariales y sindicales que
formaban el consejo de administración.
Todos ellos, según consta en el
procedimiento y remarca la Fiscalía, no velaron por los intereses de la
entidad y permitieron que ésta mantuviera vivos créditos a favor del
presidente de la misma, el empresario leonés Santos Llamas, pese a
tratarse de concesiones financieras de imposible cobro.
El procedimiento que ahora se reaviva proviene de las diligencias
previas nº 1.917/2013, y que fueron incoadas por el Juzgado de
Instrucción nº 5 de León, como consecuencia de la denuncia formulada por
el Ministerio Fiscal de fecha 20 de mayo de 2013.
El procedimiento abierto y que ahora regresa desde la Audiencia al
juzgado del que dimana cuenta con la plena legitimidad por parte del
Ministerio Fiscal. La defensa de los consejeros alegaba una "vulneración
del derecho a la tutela judicial efectiva" que no se sostiene según el
tribunal.
Así, la Audiencia Provincial leonesa (en la imagen), tras citar jurisprudencia
y derecho proveniente de la propia Constitución, advierte que "no puede
ser otra más que reconocer la legitimidad del Ministerio Fiscal para
ejercer la acción penal en el caso de autos, y en consecuencia la
pretensión de los apelantes para que se deje fuera a dicho órgano en la
investigación del delito de que se trata, debe merecer un rechazo
absoluto".
La Audiencia Provincial rechaza al mismo tiempo una
posible prescripción del delito de administración desleal y remarca que
"desde la comisión del presunto delito atribuido a los apelantes por el
ministerio fiscal en su denuncia hasta la fecha de la citada
providencia, no han transcurrido los cinco años de prescripción del
delito citado, y en consecuencia no puede hablarse de prescripción
alguna, ya que la expresada resolución, como es la providencia citada
para recibir declaración a los 'imputados', supone que se ha dirigido el
procedimiento contra los mismos, cumpliéndose con lo dispuesto en el
artículo 132 del Código Penal".
Maillo acude así este fín de semana a Murcia al Congreso regional del PP implicado en este escándalo de Caja España destapado hoy por el Frob.
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