Ciudadanos plantea un imposible, para que la Justicia resuelva una crisis que el partido es incapaz de afrontar.
No podrá negársele a Ciudadanos su trabajo en favor de la estabilidad
institucional. De sobra sabe que los tres diputados que necesita para
registrar la moción de censura (que iría, según exige, indisociablemente
ligada a un anticipo electoral) no le serán prestados ni por el PSOE ni
por Podemos.
Las dos marcas electorales cotizan a la baja, y también
sus respectivos liderazgos, que tendrían que someterse al escrutinio de
unas primarias inciertas en el caso de seguirle el juego a Ciudadanos.
¿Por dónde van los tiros, entonces? Promover una moción de censura cuyo
fracaso está garantizado de antemano permitirá que, a la postre, las
cosas sigan como están, y Ciudadanos siempre podrá culpar a PSOE y
Podemos del encallamiento de las negociaciones para desalojar al
presidente.
Bien podría ocurrir, sin embargo, que este aparente paso
adelante de Ciudadanos ocultara su verdadera intención, que no parece
otra que la de ganar tiempo hasta que el TSJ resuelva el ‘caso
Auditorio’. Si el juez Templado procesa al presidente, este caerá por su
propio peso y, si archiva la causa, Ciudadanos no tendrá razón para
seguir reclamando el cese. El resultado es que el partido de Rivera
escurre el bulto y traslada a la Justicia la responsabilidad de zanjar
una crisis que, por su naturaleza política, deberían dirimir los
políticos y no los jueces.
Que se deje trabajar a la Justicia es precisamente lo que el PP
postula, y lo que más conviene al presidente, confiado a una resolución
absolutoria.
Llegados a esta escena del vodevil, no seré yo quien responda a la
pregunta de para qué sirve la fuerza electoral de Ciudadanos y qué
sentido tienen sus ínfulas regeneracionistas.
(*) Columnista
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