MURCIA.- El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de
Murcia, que este jueves declaró su competencia en el caso Auditorio
"para la instrucción y, en su caso, enjuiciamiento con respecto al
aforado Pedro Antonio Sánchez", presidente de la Comunidad Autónoma, ha
puesto en marcha una serie de diligencias.
Fuentes cercanas al caso señalaron que esas diligencias irán
dirigidas al esclarecimiento de los hechos, que, según la exposición
razonada elevada por el Juzgado de Lorca que instruyó las diligencias,
pudieran ser constitutivos de los delitos de prevaricación, falsedad,
malversación de caudales públicos y contra la administración de
Justicia.
Con esas actuaciones judiciales se trata de perfilar la
presunta comisión de esas figuras delictivas, lo que se considera un
paso necesario y previo a la posible llamada a declarar de Sánchez.
Si todos los indicios recogidos en la exposición motivada se
ven confirmados con un cierto grado de certeza en cuanto constitutivos
de los ilícitos penales apuntados, las fuentes dan como inevitable que
Sánchez sea llamado a declarar en estas diligencias.
En ese caso -comentan- sería en calidad de investigado, para
garantizar así sus derechos, ya que de esa forma puede ser asistido de
su letrado defensor.
El auto del TSJ, por otra parte, ordenaba al Juzgado de
Instrucción de Lorca que si en el curso de las investigaciones de la
pieza separada abierta sobre el recorrido de los seis millones de
subvención con la que fueron financiadas las obras "atisbara la
existencia de indicios o datos que guarden relación con los que son
objeto de esta pieza principal, se lo debía participar".
También debía obrar así si "surgieran delitos conexos cuya
investigación o enjuiciamiento conjuntos resultase conveniente, para la
adopción de las resoluciones que en tal momento proceda, en aras a la
adecuada coordinación de ambos procedimientos".
El auto por el que el TSJ asumió la competencia para
estudiar el caso y que afecta también a una veintena de investigados, no
es firme, ya que contra el mismo puede presentarse un recurso de
súplica, que tendría que resolver la propia Sala de lo Civil y Penal del
TSJ.
Sobre este extremo, Sánchez declaró este viernes que ha dado
instrucciones a su letrado defensor para que no recurra el auto. En el
caso se investiga la presunta comisión de los delitos citados en la
construcción del Auditorio de Puerto Lumbreras en 2006, cuando Sánchez
era alcalde de este municipio murciano.
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