Visto para sentencia el juicio del 6F al 'president' Mas, la vicepresidenta Ortega y la 'consellera' Rigau, el balance político del mismo es, como se esperaba, controvertido. Mas esgrimió una defensa que equilibraba la total responsabilidad política de la organización del 9N
con la negativa a aceptar que él y sus compañeros de Govern hubieran
desobedecido al Tribunal Constitucional. Serán inhabilitados o no. Lo decidirán los jueces. Pero, aparentemente, el independentismo catalán, hasta la fecha, ha salido favorecido de esta intensa prueba de fuego.
Si
se sentencia la inhabilitación, la indignada respuesta política está
servida. Si por el contrario, los jueces optan por la absolución, el soberanismo
presumirá de haber ganado una importante batalla al Estado. ¡No les
quepa la menor duda! He aquí los términos de la grave contradicción
pendiente aún del desenlace. Con seguridad, en ambas hipótesis se
producirá un determinado nivel de respuesta ciudadana.
Desconozco ahora
el alcance de la misma, pero el Govern catalán jugará esta baza hasta sus últimas consecuencias. Es cierto que la movilización del 6F
fue mas bien escasa y, más allá del significado político que tuvo,
quedó por debajo de las expectativas de todos. En su fuero interno, el
Govern lo sabe y los partidos que le dan apoyo empiezan a pensar que
esta variable puede resultar muy peligrosa, si a ella se libra toda la
estrategia. Nada está escrito, aunque percibo, claramente, las primeras
vacilaciones.
Aguarda ahora el juicio de Francesc Homs para el día 27F. El escenario será distinto, y la presión en la calle, notablemente, inferior. La épica perseguida se diluirá. Pero respecto a los contenidos, el guion no se apartará demasiado de lo que oímos y vimos el 6F.
Quizás, el tono de la intervención de Homs será algo más agresivo para
evitar que la significación política del juicio decaiga. Creo, no
obstante, que el desenlace de ambos juicios será, con particularidades,
parecido. La lectura del mismo volverá a ser comprometida y discutida.
Junto al impacto político de los juicios y las sentencias, el Tribunal Constitucional
ha dado un nuevo paso. Este pasado martes anuló las dos resoluciones de
convocatoria de referéndum aprobadas por el Parlament de Cataluña. Y al
tiempo, enviaba a la Fiscalía la posible suspensión de la presidenta de la Cámara y la apertura de la vía penal a cuatro miembros más de la Mesa del Parlament. Más desconcierto, más incertidumbre y más tensión.
Ante
tal estado de cosas, en Cataluña se juegan tres complicadas partidas de
ajedrez simultáneas. La primera enfrenta al Govern catalán con el Gobierno español en torno a la convocatoria y la eventual celebración del referéndum. Sin mediadores ni mediaciones. Con la expresa voluntad de conseguir el jaque mate. La segunda partida se libra entre el PDeCat y ERC.
Los intereses de ambos jugadores divergen y, a pesar de que conceden al
desenlace de la primera partida una notable importancia, el cómo
proceder y qué hacer ante la imposibilidad de celebrar el referéndum
abre estrategias distintas.
La cuestión de la posible inhabilitación de Junqueras por la organización material del referéndum no es un tema menor. Los republicanos se preguntan si cumplir con su atávico compromiso
de llevar a cabo el referéndum de independencia, el precio a pagar por
el intento de la celebración del mismo es proporcional. Les asaltan las
dudas. Por el contrario, el 'president' Puigdemont
no vacila ante este dilema: hay que pagar el precio que resulte
necesario por costoso que sea. La asunción de responsabilidades de unos y
otros -ERC y el PDeCAT- y la no celebración del referéndum, hace que la
partida se acabe jugando con inmensa cautela y con la esperanza de un final con tablas.
La tercera partida se juega entre Junts pel Sí y la CUP. Blancas y negras enfrentadas sin cuartel ante una agresiva estrategia de ataque de la CUP
que se intensificará en las próximas semanas. Para los revolucionarios
no hay alternativa. El cambio del sistema pasa por la convocatoria y
celebración de la consulta y por conseguir derrotar al Estado.
Están convencidos de que así ponen las bases de un ataque profundo al
capitalismo, que se pretende irreversible. Nada nuevo. Es la impecable e
implacable lógica de los independentistas revolucionarios. La CUP prepara su jaque mate contra todo lo que se mueve. Ante este panorama, ¿qué se puede aventurar? En síntesis:
- Se convocará el referéndum. No será legal ni acordado. Difícilmente, las leyes de desconexión que se debatirán, próximamente, en el Parlament permitirán una justificación de legalidad aparente de la convocatoria. Dudo que el Estado permita que las leyes, finalmente, se aprueben.
- El referéndum será, definitivamente, suspendido. En este caso, la resolución de la segunda y de la tercera partida de ajedrez arriba mencionadas resulta determinante. ¿Quién asumirá entonces la responsabilidad de dar un claro paso atrás? ¿Quién cargará con el coste político de hacerlo? Quizás, ¿el Pacto Nacional por el Referéndum? Nótese que, en mi opinión, bajo ninguna circunstancia, nadie efectuará una rectificación, ni por muy leve que sea. Las fuerzas políticas y sociales soberanistas que apuestan todas por el referéndum, y la mayoría por la independencia, tienen la convicción de que la historia los contempla. Irresistible.
- Ante la imposibilidad de celebrar el referéndum y en un escenario de creciente incertidumbre, inestabilidad, grave tensión e incluso movilizaciones importantes, las elecciones serán, fatalmente, convocadas más pronto que tarde. Serán autonómicas pero se presentarán, una vez más, como plebiscitarias. Se anunciará al pueblo de Cataluña que se juega la partida final. Sin duda, la ciudadanía moverá ficha.
(*) Político y economista español y diputado del Parlamento de Cataluña
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