Con el argumento de que los “delitos no pueden quedar impunes” una sala
de la Audiencia Nacional ha ordenado el ingreso en prisión de cuatro
ejecutivos condenados de las cajas gallegas y del abogado que les
auxilió en sus tejemanejes. No es probable que pasen dos años en prisión
pero el hecho es que los cinco han perdido su libertad y viven estos
días en las cárceles sitas en Galicia y Madrid.
En principio las
condenas y la edad de alguno de los afectados advertían que el riesgo de
prisión era bajo, por no decir nulo, y que las condenas avanzarían por
el proceloso proceso de recuperación de las cantidades referidas en la
sentencia como apropiaciones indebidas, y punto final; pero la Audiencia
se ha sentido afectada por ese que llamamos “impacto social”, un
sentimiento poco jurídico pero bastante efectivo en ocasiones y ha
recurrido al argumento de la impunidad, en parte alentado por el dato de
que el Supremo estimó que las sentencias del tribunal inferior eran
“benévolas” aunque no las rectificó.
La decisión de la sala de la Audiencia acredita que cuando un
Tribunal quiere ir un poco más lejos de lo habitual lo hace sin dejarse
arrastrar por excusas procesales y otros trampantojos muy habituales en
la andadura e la justicia.
El caso de las cajas gallegas, fuertemente politizadas aunque no hay
políticos profesionales entre los condenados, es de los más escandalosos
de esta crisis por el volumen de recursos públicos utilizados para
evitar la caída de las entidades y su efecto demoledor en los depósitos
de los clientes. Este dato es esencial en la crisis financiera reciente,
más que salvar las entidades y sus aparatos de gestión y gobierno se ha
protegido a los depositantes y a los empleados; pero este argumento
está mal visto y nadie ha sido capaz de explicarlo y argumentarlo.
La decisión de la Audiencia supone una referencia, un listón para los
demás tribunales que juzgan o instruyen casos relacionados con las
fallidas cajas de ahorro, especialmente las valencianas, catalanas y
madrileña, que son las más llamativas y problemáticas.
Más de 300 directivos de cajas de ahorro, miembros de sus consejos o
de sus equipos de gestión, están imputados en causas que tramitan
distintos tribunales en distintas instancias. Los responsables de
algunas cajas, la madrileña, por ejemplo, están implicados en varios
procesos con muchas posibilidades de condena.
El balance final de la crisis será costoso para las arcas públicas,
tal y como apunta el último informe del Tribunal de Cuentas. todo el
crédito europeo, los 40.000 millones que la Comisión forzó al gobierno
español a asumir para afrontar la crisis será insuficiente para hacer
frente a pérdidas irrecuperables por la crisis incluida la SAREB, que
asumió créditos y activos perjudicados que ahora trata de vender con
pérdidas en muchos casos.
Algunos grupos de la oposición han reclamado tanto en el Parlamento
nacional como en los autonómicos una comisión de encuesta para
determinar el alcance de la crisis, sus causas, consecuencias y
alternativas para evitar que se repita algo semejante. La experiencia de
este tipo de investigaciones e informes no es buena, pero merece la
pena intentarlo, al menos para lograr un relato ordenado de los hechos y
de los errores. Para que no queden impunes las tropelías conviene
disponer de un buen relato de los hechos.
(*) Periodista y politólogo
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