Esos tres apellidos perfilan las
tribulaciones del presidente Rajoy: el ala conservadora, el panorama
procesal y el conflicto catalán o, para decirlo más a la pata la llana,
como suelen hacer los medios: la extrema derecha, la corrupción y el
separatismo. Y las tres se retroalimentan. La extrema derecha percibe no
una sino tres desvertebraciones de España
y, por este camino, no atisba futuro para el país.
Pero eso no es
nuevo. En buena parte la corrupción se origina en la falta de confianza
de los políticos en el país que gestionan y la corrupción viene de los
tiempos de Aznar. A su vez, los catalanes, convencidos de tener los
elementos necesarios para seguir su propio camino, así lo plantean,
sacando buenos réditos de la confusión española actual y la evidente
expectativa que esta situación suscita en Europa.
En
esas circunstancias, el país tiene un presidente sin mayoría absoluta,
zarandeado por la corrupción y con una endiablada crisis constitucional a
cuenta del referéndum catalán de la que no tiene ni idea de cómo
zafarse. Solo se visualizan los dos presidentes, el de España y el de
Cataluña, repitiendo sus voluntades: "todo el mundo sabe que ese
referéndum no va a celebrarse", reitera Rajoy. "El referéndum se
celebrará, sí o sí" insiste Puigdemont "y será vinculante", añade. La
situación es suspensiva, de donde viene el "suspense", hoy sustituido
por "thriller".
Pero
la cuestión, como siempre, es la confianza que, para afrontar esta
delicada situación, ofrece Rajoy. Desde luego, oírlo no tranquiliza
nada. En una conferencia en el Casino de Madrid (hasta en esto es la
derecha fiel a su espíritu caciquil), el presidente ha amontonado su habitual sarta de particulares lugares comunes.
Son particulares por ser muy suyos y son comunes porque los repite
siempre, desde que tomó posesión, hace ya un contraplán quinquenal.
Rajoy
es experto en comparecer para no decir nada. Y eso, cuando admite
preguntas. Y eso, cuando no comparece en plasma. Sobre Aznar no tiene
nada que decir, lógicamente. Cada cual es dueño de sus opiniones. Sobre
el señor de cuyo nombre no quiero acordarme es cosa en los tribunales y
tampoco hay nada que decir, más lógicamente aun. En cambio el presidente
fue cumplidamente informado con dos horas de antelación del rotundo
fracaso cosechado por el separatista catalán en Bruselas, razón por la
cual barbotó eso de que le habían dado "lo que merece" sin saber que
quizá "se lo merezca", pero aún no se lo habían dado. Lógica metedura de
pata cuando se va por ahí sin saber lo que se dice.
Es
sana opinión de la gente de sentido común, la gente previsible, como
Rajoy, según asegura él mismo: "no hay que buscar tres pies al gato".
Juego sucio
Entre
otras cosas, la democracia es un juego sometido a reglas. El juego es
limpio cuando las reglas se respetan. No lo es si no se respetan. Una de
las reglas democráticas básicas es que los participantes en un debate
público se identifiquen adecuadamente. Un encuentro en televisión de un
par de horas, contemplado por cientos de miles, quizá millones, de
ciudadanos es algo innegablemente público.
Estos
encuentros en los medios no pueden ser anónimos, como en las redes, en
donde suele haber perfiles falsos. Y no pueden porque es faltar a otra
regla básica del juego: la de igualdad de oportunidades. En el encuentro
con el presidente Puigdemont este era él mismo, se representaba a sí
mismo, no podía ser otro. Algunos de los intervinientes, en cambio,
ocultaron sus adscripciones ideológicas, incluso militancia o
pertenencia a unas u otras organizaciones, simulando ser ciudadanos
normales, de a pie. De todas formas, parece que el presidente ha ganado
de calle porque el juego sucio no paga.
Y,
mientras se debate apasionadamente sobre el programa de preguntas a
Puigdemont, en Bruselas se ponía en marcha otra operación de juego
sucio. Ahora se trata de boicotear la presencia de Puigdemont, Junqueras
y Romeva en el Parlamento Europeo a explicar el llamado procés.
Este
tipo de encontronazos son frecuentes en los últimos tiempos. El
ministerio de Asuntos Exteriores debe de tener un departamento
exclusivamente dedicado a seguir la pista de la acción exterior de la
Generalitat, que no parece descansar. Cada vez que detecta un acto
montado por el Diplocat, comisiona al personal de la correspondiente
embajada para que le pongan todos los inconvenientes que se puedan.
Parte del servicio exterior del Estado se dedica a combatir en un
conflicto interior.
Pero
ahora el asunto se plantea en otros términos, más agudos y simbólicos.
El eurodiputado del PP González Pons ha enviado una carta circular a los
diputados del PP para que no vayan a la conferencia de los catalanes.
Lo pide como correligionario y como amigo, insistiendo en que las
reivindicaciones de los conferenciantes quebrantan la ley, la
Constitución y el Estado de derecho en España. La verdad, resulta
divertido que un dirigente de un partido fundado por un exministro de
Franco hable con tanta unción del Rule of law y de la Constitución en contra de la cual votaron algunos dirigentes de esa militancia.
No
debe dejarse de lado el hecho de que también el PSC ha manifestado su
opinión contraria al acto de JxS en carta dirigida al órgano central del
Partido Socialista Europeo, pero no piden a los demás diputados de su
orientación que no asistan. Es una posición mucho más respetuosa que la
del PP y no juego sucio.
¿En
qué consiste el juego sucio? En el hecho de dificultar a los demás el
ejercicio de sus derechos. Puigdemont, Junqueras y Romeva comparecen en
una sala de una comisión del Parlamento dentro de unos trámites y
procedimientos legales. No hay razón para prohibir la comparecencia,
aunque el empeño por boicotearla deja entrever que, si pudieran, la
prohibirían. En todo caso, el boicot es una especie de censura porque se
presiona a otros para que no accedan a una información, pero no se
ofrece sustituirla por otra.
Esa
es la parte más claramente antidemocrática de este juego sucio. Si los
representantes españoles del PP en el Parlamento Europeo quieren
proteger a sus colegas de toda contaminación con discursos ilegales,
anticonstitucionales y contrarios al imperio de la ley, lo que tienen
que hacer no es impedir que se escuchen sino ofrecerse voluntarios para
mantener un debate con quienes traen tan protervos designios. Eso
sería, además, una clara muestra de respeto a la dignidad del
Parlamento, órgano capaz de escuchar y ponderar todo tipo de
reclamaciones políticas sin que venga nadie a darle permiso.
No
sé si esa comparecencia podría convertirse sobre la marcha en un
diálogo/debate entre las dos posiciones. Sería muy precipitado. Pero sí
podría proponerse en serio por los canales oportunos para un futuro a
corto plazo, inmediato, un nuevo encuentro en el Parlamento europeo
entre representantes de la Generalitat y del Gobierno español. De ese
modo, el gobierno español podría ejercer ese diálogo que pregona y
hacerlo delante de un público muy interesado. Seguro que no habría
problemas de asistencia.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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