Hace una semana la ratita hacendosa fue a
la parte de los infieles con la buena nueva de que el gobierno ha
descubierto las ventajas del diálogo. Dos o tres días después la
presidenta del Parlamento de Cataluña comparecía ante el Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña a declarar en un procedimiento que se
le sigue por presunta desobediencia al Tribunal Constitucional. Algunas
buenas conciencias dicen que no hay contradicción entre los dos hechos,
la declaración en el procedimiento y la conversión del gobierno al
diálogo porque esta es posterior al encausamiento.
Aunque sea promovido
por él mismo, el gobierno no puede interferir en un procedimiento. La
Justicia, ya se sabe, es independiente. Pero, dentro del respeto la
independencia de la Justicia nadie puede negar la firme voluntad de
dialogar del gobierno siempre que no sea sobre el referéndum porque, si
se habla del referéndum, enmudece.
No
hace falta medir la veracidad o mendacidad del gobierno en materia de
diálogo. En el día de ayer -o sea, más de una semana después de que
Sáenz de Santamaría se hiciera cargo de la operación diálogo con
un discurso que puso a Aznar a dar bufidos patrióticos- la abogacía del
Estado ha recurrido de nuevo al Tribunal Constitucional para ampliar la
causa por desobediencia de Forcadell a cuatro miembros más de la mesa de
la presidencia del Parlament por el mismo presunto delito. Hasta aquí
llega la voluntad de diálogo del gobierno del PP; hasta nada.
Porque si
el procesamiento de Forcadell se decidió con anterioridad a la
conversión al diálogo del gobierno, la nueva iniciativa de la abogacía
del Estado es posterior. El Estado ofrece dialogar a aquellos a los que
aspira a procesar, inhabilitar y, si es posible, encarcelar. O sea, de
dialogar, nada. Seguir imponiendo. De hecho la vicepresidenta fue a
Barcelona a poner sus reales -o virreales- y a entrevistarse con los
suyos, C's, y los semisuyos, PSC, ignorando a la feroz tribu
independentista. Poco crédito inspira esa oferta de diálogo. Vamos, que
puede ignorarse sin más porque es una mentira.
Desde
el punto de vista jurídico, probablemente, la petición de apertura de
procedimiento por desobdiencia a otros tres miembros de la mesa del
Parlamento esté muy puesta en razón porque viene a enmendar un yerro
anterior, cometido por el mismo tribunal. La mesa del Parlamento catalán
es un órgano colegiado, por tanto colectivamente responsable de sus
actos. En todo caso, podrían salvarse quienes hubieran votado en contra,
lo cual dibuja los cuatro responsables de la decisión impugnada. Lo que
no tendría sentido sería procesar a la presidenta por un presunto
delito del que serían cuatro los responsables. Adentro los otros tres;
adentro el Parlament entero si es preciso; adentro todos los
independentistas. Hágase la justicia, procésese a los millones que hagan
falta en Cataluña. Hay que dialogar..
Jurídicamente
así puede ser, pero políticamente la decisión de echar a los abogados
del Estado encima de la mesa del Parlament es profundamente estúpida.
Cuanto más se persiga a los representantes populares y más víctimas de
la persecución judicial haya, más fácil será articular la defensa en
contra y más fuerte y visible la adhesión de la gente. Las
interferencias judiciales/penales no conseguirán devolver a Cataluña a
una condición de Comunidad Autónoma. En cambio mantendrán vivo un
espíritu independentista con cada vez mayor causa por la que luchar
mientras que el Estado no tiene nada que ofrecer como no sea el
inmovilismo.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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