MURCIA.- Los diputados electos murcianos del PSOE, María González Veracruz y Pedro
Saura, presentarán en el Congreso de los Diputados una batería de
iniciativas para salvar 310 millones de euros que perdería la Región de
Murcia, y que se perderían como consecuencia del cierre de los
Presupuestos Generales del Estado a mitad de año ordenado por el
Ministerio de Hacienda.
El diputado Pedro Saura ha explicado que esto supondría recortes de
110 millones de euros de trasferencias finalistas acordadas en convenios
con la Comunidad Autónoma y recortes de 200 millones de euros en
inversión pública para la Región.
"En total, se trata de 310 millones de euros que afectan directamente
al estado del bienestar y a la inversión pública en la Región de
Murcia", ha explicado.
Según Saura, las consecuencias para la Región de Murcia del cierre de
presupuestos generales a mitad de año son que se cierra el grifo a las
trasferencias finalistas, "es decir, a la dependencia, ayudas a la
infancia, a la juventud, a la vivienda, fondos para la lucha contra
violencia de género, etc."
"Se cierra también el grifo a la inversión territorializada del
Gobierno de España en las distintas comunidades autónomas", ha añadido
el diputado socialista.
Ha asegurado que otra consecuencia es que a una comunidad como la de
Murcia, "que ya hace meses que perdimos la autonomía financiera y la
autonomía política", le han dicho que hay que cerrar el presupuesto
también en estos meses de la Región de Murcia.
"En definitiva, que el Gobierno de España haya decidido cerrar el
presupuesto de 2016 a mitad de año tiene unas consecuencias de 310
millones de euros, y con estos recortes presupuestarios, la llegada del
AVE a la Región de Murcia y la regeneración del Mar Menor no se
producirían nunca", ha lamentado Saura.
En su opinión, lo que ha sucedido es que una reforma fiscal que
beneficia al 10 por ciento de la población más rica y que tiene un coste
estimado de 13.000 millones de euros y un efecto en la desviación del
déficit público "de caballo", conlleva también recortes en la inversión
pública y el estado del bienestar para 2016 y 2017, "y por tanto, una
trasferencia de las rentas medias de los trabajadores hacia los más
poderosos del país".
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