MURCIA.- Un juzgado militar de Cartagena investiga ya el presunto acoso laboral y sexual que
sufrió de forma continuada durante cuatro años una guardia civil de base
destinada en Murcia y que fue obligada por su superior, un sargento de
la misma compañía, a que abortara después de ser violada. Este mando,
que se enfrenta hasta 15 años de prisión, ha permanecido hasta última
hora de la mañana de hoy en su puesto.
Después de que la AUGC haya
denunciado este caso a media mañana de este miércoles, la Guardia Civil
ha comunicado en una nota de prensa que ha decidido suspender de
funciones y cesar de su destino a O.M.G. Según la Dirección General del
Instituto Armado, que fue informado por carta de estos hechos en
diciembre de 2015, la decisión se ha adoptado después de recibir hoy
"oficialmente" el auto de procesamiento del Juzgado Militar Territorial
Nº 14 de Cartagena.
Además de por la "gravedad y
afectación individual de la víctima", la decisión del director general
de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, se ha basado en la
"amplia difusión en los medios" de estos hechos que, dice en un
comunicado, "generan un notable desprestigio de la Institución a la que
pertenece el procesado".
Formalmente, según el auto de
procesamiento que se sigue en la jurisdicción militar --donde no existe
la figura del investigado, antes conocido como imputado--, este sargento
destinado en Molina de Segura está acusado de los delitos de abuso de
autoridad con modalidad de trato inhumano, abusos sexuales continuados,
lesiones psíquicas graves y trato degradante.
La víctima, una
guardia civil de mediana edad con un niño a su cargo, se encuentra de
baja desde el 9 de marzo de 2015. "Está muy mal, sigue somatizando las
consecuencias del acoso, con transtornos y problemas cardiacos y
renales. También sufre pesadillas continuas. Recordar es dificilísimo",
ha comentado este miércoles su abogada en un acto en el que la AUGC ha
pedido desmilitarizar el protocolo interno de denuncias de acoso para
que no dependa de la jerarquía.
La letrada ha aportado otro dato:
su defendida formaba parte de la oficina que lleva temas de violencia de
género en la Guardia Civil. "Sabe lo perverso que es el sistema", ha
explicado antes de dar más detalles: "Es una tortura lo que sufren las
víctimas de cualquier delito y ella, además, está sometida a la
disciplina militar y sabe que mostrar dolor es un síntoma de debilidad".
Los
hechos de mayor gravedad se remontan a 2012 cuando, según el auto de
procesamiento, el sargento regresó de un permiso de paternidad. Fue este
año cuando se produjo el primer episodio de violación dentro del
domicilio de la guardia civil, que llegó a recibir 50 llamadas diarias a
su teléfono por parte de su presunto acosador. Éste también le envió
multitud de mensajes, que forman parte del proceso judicial, todos ellos
"escandalosos" y "horribles". "Cuesta leerlos", ha apostillado la
abogada.
Este sargento,
jefe de la unidad, se enteró ese año que la mujer a la que violaba se
había quedado embarazada. "Saca eso de ahí, no me vas a joder la vida",
exigió a la agente, a la que forzó a que abortara y también le exigió
que le mostrara la factura de la clínica. El acoso continuó después de
esto, y en abril de 2013 la guardia civil fue forzada a una felación en
un descampado. Cuando la víctima se quejaba, el mando del Instituto
Armado se limitaba a recordar su autoridad: "Porque aquí mando yo".
Por
entonces, una teniente de esta compañía se había percatado de lo que
ocurría y decidió denunciar los hechos a través de la unidad orgánica de
la Policía Judicial. Aquello quedó sin consecuencias: se abrió una
información reservada que fue cerrada después de la intervención del
capitán de la compañía, que sólo accedió a abrir un expediente a la
teniente.
En febrero
de 2014, este mismo capitán jefe de la compañía había abierto otro
expediente de información reservada: en esta ocasión, la investigada era
directamente la guardia civil presuntamente víctima del acoso sexual.
Entre medias, además, se había archivado otra denuncia de un guardia
civil varón conocedor de los hechos, y que fue quien alertó a los
servicios jurídicos de la AUGC.
Visto su desamparo, la guardia
civil causa baja el 9 de marzo de 2015. A la violencia física se sumó el
temor a represalias de su jefe, que le encargaba más tareas y le
cambiaba de turnos si no cedía a sus chantajes, lo que obligó a esta
mujer a acudir a las seis de la mañana a su puesto de trabajo con su
hijo, menor de edad, antes de llevarlo al colegio.
Aunque por ese
miedo a represalias antes no se había atrevido a corroborar ante la
Policía Judicial la violencia de la que venía siendo víctima desde hacía
cuatro años, fue después de su baja cuando decidió, asesorada por su
abogada, presentar una denuncia por medio de una carta enviada a la
Dirección General de la Guardia Civil. Era diciembre de 2015. Entonces
ya sí, según la letrada, "se abrieron diligencias rápidamente", aunque
lamenta que hasta hoy el presunto acosador haya hecho "vida normal".
La
AUGC, el sindicato mayoritario en el Instituto Armado, ha denunciado la
opacidad de las estadísticas de este Cuerpo en relación con acosos y
abusos sexuales.
Por ejemplo, su portavoz, Juan Fernández, ha
explicado que tienen constancia de que en el último semestre de 2015 se
cursaron 25 casos en un colectivo formado por 80.000 efectivos, de los
que tres --uno de ellos la de esta agente en Murcia-- han sido
estudiados una vez analizados por el gabinete psicológico que,
recuerdan, no guardan el secreto profesional al estar obligado a
informar a sus superiores, una prueba más de la jerarquía y
militarización que quieren erradicar.
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