Han sido numerosas las ocasiones en que, desde las páginas de ‘La
Verdad’, se ha instado a los distintos Gobiernos regionales a impulsar
medidas de reactivación económica por la vía de la simplificación
administrativa. Respaldados por informes regionales, nacionales e
internacionales, los sectores productivos venían reclamando poner coto a
una burocracia que sentían en propia carne y que espantaba a muchos
inversores hacia la Vega Baja alicantina y municipios limítrofes de
Albacete y Almería.
El decaimiento progresivo de nuestra industria tenía
mucho que ver con esa desesperante tramitación administrativa, que se
sumaba a una alta fiscalidad. Otros territorios, en España y fuera, han
demostrado que se puede avanzar hacia modelos de desarrollo sostenible,
combinando el respeto al medio ambiente con la ausencia de trabas
burocráticas y una supervisión estricta a posteriori de las actividades
económicas. Si hoy la Región está a la cola en competitividad turística
no es solo por su débil sector privado. Influye la falta de
infraestructuras de transporte, la histórica carencia de una política
turística sin titubeos y bien financiada, y la presencia de no pocos
obstáculos burocráticos que hacen de la Región un lugar poco atractivo
para emprender negocios turísticos.
En su investidura, el presidente
Pedro Antonio Sánchez se comprometió a abordar las reformas
administrativas necesarias para dinamizar y crear empleo en la
industria, el comercio y el turismo. La primera medida fue la rebaja de
ciertos impuestos, alguno fundamental para las empresas familiares que
son un pilar de nuestro tejido productivo. La segunda se producirá en
los próximos días con la aprobación por el Gobierno de un decreto ley de
simplificación administrativa, que luego tendrá que ser ratificado en
la Asamblea.
Como adelantamos hoy, los comercios minoristas tendrán
libertad de horarios y podrán abrir dieciséis festivos al año. Se
generalizará la declaración responsable del empresario para la apertura
de instalaciones industriales y energéticas. También se eliminará el
doble registro, tanto industrial como agrario, para la industrias
agroalimentarias. Y además se regularizarán miles de alojamientos
turísticos alquilados por propietarios de viviendas, que ahora no
necesitarán constituirse en empresas para acometer esa actividad.
A expensas de las mejoras que puedan introducirse en su
tramitación y de un análisis más detallado cuando esté aprobado, el
decreto ley de Pedro Antonio Sánchez va, a mi juicio, en la dirección
correcta. El Gobierno regional no podrá equilibrar las cuentas públicas,
ni revertir el elevado desempleo, si no trabaja a fondo con medidas de
empuje económico que haya consensuado con los agentes sociales. El
decreto ley tiene también una lectura política porque viene a plasmar un
compromiso programático que fue explicitado en campaña y luego en el
discurso de investidura. Sánchez no recibió un cheque en blanco tras su
triunfo electoral sino un encargo de gobierno en base a propuestas que
tuvieron el mayor de los respaldos en las urnas por deseo expreso de los
ciudadanos.
Debe su designación de candidato al presidente de su
partido, pero ocupa la cúspide del Ejecutivo por la voluntad de una
mayoría de los votantes que confiaron en sus promesas. No puede olvidar,
por tanto, a quién se debe por encima de todo, con quién ha contraído
compromisos y a quién representa hoy. Si ha tenido el acierto de
desarrollar estas medidas que están orientadas al interés general, como
presidente de todos los murcianos debería actuar en consonancia en otros
temas donde también es necesaria la defensa del bien común regional.
Esta semana, ‘La Verdad’ desveló que el Tribunal de Cuentas abrió
diligencias por posible responsabilidad contable en la desaladora de
Escombreras, cuyo riesgo financiero para el erario supera a estas
alturas los 500 millones de euros.
El Interventor de la Comunidad instó
en septiembre a la Consejería de Hacienda a que nombrara un instructor e
investigara esos indicios. El Gobierno, sin embargo, remitió el asunto
al Tribunal de Cuentas como máximo órgano fiscalizador, una decisión
políticamente aceptable si no fuera porque reiteradamente el Ejecutivo
no hace lo que le recomienda la Intervención. Ahora, una vez sabido que
la Fiscalía y la Abogacía del Estado han ratificado en ese tribunal
varios indicios no prescritos de malversación y responsabilidad
contable, tiene difícil explicación que el presidente regional no haya
ordenado ya a los Servicios Jurídicos que se personen en la causa, al
menos para saber cuál es la amenaza para las arcas regionales. A la
postre, de qué sirve ganar credibilidad por un lado si se pierde por
otro.
El Gobierno parte con la ventaja de que la oposición tampoco se
lee un solo papel de la Intervención, aunque no cesa de jugar con fuego.
Todo esto es material inflamable para San Esteban porque afecta a
miembros del PP que desempeñaron responsabilidades públicas y que se
exponen a responder con su patrimonio en caso de juicio y condena. Y
cuando uno puede sufrir otro incendio y necesitar ayuda, estas cosas son
todavía más complicadas. Pero lo que no cabe es pasar la factura de los
platos rotos a la ciudadanía.
(*) Periodista y director de La Verdad
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