MURCIA.- El PP no da abasto para tapar los agujeros en el pacto con Ciudadanos
que se abren cada día con la imputación de nuevos cargos públicos. La
lista de políticos imputados por los jueces en la Región, que alcanza ya
la media docena de cargos públicos en activo, además de una exedil de
Puerto Lumbreras, bloquea las posibilidades de llegar a un acuerdo con
alguno de los grupos de la oposición que permita salvar el techo de
gasto y empezar a tramitar el presupuesto de 2016, según refleja hoy 'La Opinión'.
A los tres
ediles de Puerto Lumbreras y la alcaldesa de Torre Pacheco se suma el
alcalde de Yecla y diputado del PP en la Asamblea Regional, Marcos
Ortuño, imputado por un presunto delito de prevaricación a raíz del
cambio de titularidad en la concesión del puerto deportivo de Mazarrón
cuando era director general de Puertos.
El alcalde de Yecla y diputado regional y el que fuera delegado de Gobierno y exconsejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, fueron a declarar esta mañana en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Murcia por la querella sobre el puerto deportivo de Mazarrón.
Bascuñana sólo contestaba a las preguntas de su abogado: se negó a responder a las del abogado de los querellantes. Al salir del juzgado, dijo a los periodistas que firmó obras en el Puerto Deportivo de Mazarrón porque "los informes eran favorables", así que no había motivo alguno para no rubricar el expediente.
"Yo era un cargo político", alegó el exconsejero.
La jueza, por otro lado, pedía a Ortuño que acredite su condición de aforado mediante un documento de la Asamblea.
Se trata de una tramitación de la concesión administrativa por el puerto deportivo en esta localidad hace nueve años. Ortuño entonces elevó a la Secretaría General de la Consejería el informe de dos técnicos en el que se ponía de manifiesto que los trámites realizados hasta el momento eran correctos.
Sin embargo, algunos socios del Club Náutico de Mazarrón recurrieron tal decisión de la Comunidad y presentaron una querella contra el alcalde de Yecla.
A tenor de los hechos, el alcalde pedía ir a declarar voluntariamente y aportaba el informe de los técnicos en el que se avala que la transmisión de la concesión del puerto fue correcta.
El PSOE recordó ayer que el secretario general de la Confederación Hidrográfica del Segura, José María Bernabé, que fue director general de Urbanismo, también está imputado en el caso Novo Cartago.
El alcalde de Yecla y diputado regional y el que fuera delegado de Gobierno y exconsejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, fueron a declarar esta mañana en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Murcia por la querella sobre el puerto deportivo de Mazarrón.
Bascuñana sólo contestaba a las preguntas de su abogado: se negó a responder a las del abogado de los querellantes. Al salir del juzgado, dijo a los periodistas que firmó obras en el Puerto Deportivo de Mazarrón porque "los informes eran favorables", así que no había motivo alguno para no rubricar el expediente.
"Yo era un cargo político", alegó el exconsejero.
La jueza, por otro lado, pedía a Ortuño que acredite su condición de aforado mediante un documento de la Asamblea.
Se trata de una tramitación de la concesión administrativa por el puerto deportivo en esta localidad hace nueve años. Ortuño entonces elevó a la Secretaría General de la Consejería el informe de dos técnicos en el que se ponía de manifiesto que los trámites realizados hasta el momento eran correctos.
Sin embargo, algunos socios del Club Náutico de Mazarrón recurrieron tal decisión de la Comunidad y presentaron una querella contra el alcalde de Yecla.
A tenor de los hechos, el alcalde pedía ir a declarar voluntariamente y aportaba el informe de los técnicos en el que se avala que la transmisión de la concesión del puerto fue correcta.
El PSOE recordó ayer que el secretario general de la Confederación Hidrográfica del Segura, José María Bernabé, que fue director general de Urbanismo, también está imputado en el caso Novo Cartago.
En la relación de cargos públicos encausados
figuran tres concejales de Puerto Lumbreras que formaron parte del
equipo de Gobierno del presidente regional, Pedro Antonio Sánchez,
cuando era alcalde del municipio. Ayer se conoció la imputación de la
exedil Matilde García. Esta lista irá ampliándose a medida que la juez
de Lorca que investiga las supuestas irregularidades denunciadas por la
Fiscalía vaya citando a los integrantes de las comisiones de Gobierno
que acordaron la contratación del proyecto y en el pago de las obras,
respectivamente.
La polémica entre el Gobierno y la oposición ha
llevado a CSIF a reclamar al Ejecutivo que no utilice a los funcionarios
de la Comunidad «como escudos humanos en las negociaciones con los
grupos parlamentarios de la Asamblea Regional».
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