Vamos a ver. Lo que no cabe es tener
arrancadas de caballo y paradas de burro viejo. Si el presidente de la
Comunidad, antes de serlo y para serlo, firma un contrato con Ciudadanos
ante la sociedad murciana en el que se asegura que ningún imputado
dispondrá de un cargo público no vale que, una vez investido, renuncie a
su compromiso aduciendo que en el caso de la alcaldesa de Torre Pacheco
la imputación es poco menos que consecuencia de un descuido
administrativo, y ya ni siquiera haya pretexto para justificar a los
concejales del ayuntamiento de Puerto Lumbreras que expían sus
respectivas responsabilidades en el mismo asunto que afecta a Pedro
Antonio Sánchez por sus decisiones en la etapa en que era alcalde de esa
localidad.
Todavía es más llamativo que el diputado regional Marcos
Ortuño acuda hoy mismo a declarar en calidad de imputado a un juzgado
ordinario renunciando a su condición de aforado, lo que también estaría
al alcance del presidente para el 'caso Auditorio' si, como afirma, se
propone legalizar la eliminación de ese privilegio, y bien podría
adelantarse para dar el ejemplo que el otro, Ortuño, da, sean cuales
sean sus motivaciones.
El rodeo a través de Podemos o del PSOE
para aprobar el techo de gasto del presupuesto autonómico para 2016 que
ya estaría sancionado en primera votación si el PP hubiera actuado de
acuerdo al pacto de investidura con Ciudadanos es prueba de que la
valentía expresada en aquella firma inicial fue flor de un día. Lo que
el PP no termina de entender o, mejor, pretende obviar, es que su pacto
con Ciudadanos no lo es con un partido sino ante la sociedad.
Intentar
vender la insolidaridad de Ciudadanos con los funcionarios a los que al
cabo de las mil se les pretende reponer una parte de la paga extra que
el PP les birló en 2012, es un juego de guardería. No sólo porque la
iniciativa se produce al filo de la fecha en que se les convoca a las
urnas sino porque es indisimulable la doble tapadera: el intento de
comprar el voto de los funcionarios a la vez que el de acallar el
compromiso por la regeneración ante el que éstos debieran hacer la vista
gorda para atender a sus intereses particulares. En el fondo, se trata
de que los funcionarios piensen en su bolsillo y se desentiendan de los
condicionantes contra la corrupción. Algunos sindicatos, como el de
enfermería, Satse, no han mostrado escrúpulos al respecto, lo cual
tampoco sorprende demasiado: ande yo caliente y ríase la gente.
El
problema es que después de intentar la jugada política a lo grande pretender que Podemos sustituya ocasionalmente a Ciudadanos como aliado
político ya es difícil regresar al camino ordinario, pues el partido
que lidera Miguel Sánchez ha observado que existía más amplio margen en
el techo de gasto del que a ellos se les proponía, de modo que no se van
a avenir ahora a votar lo que en un primer envite habrían estado
dispuestos si se hubiera dado cumplimiento al punto primero del pacto de
investidura. Si el PP acudiera ahora a Ciudadanos incluso tras poner en
la calle a los imputados habría que revisar al alza el techo de gasto,
lo que han hecho infructuosamente con Podemos.
En el fondo, el
mosqueo del PP con Ciudadanos no se refiere a este asunto, sino al hecho
de que, en compañía del PSOE y de los grupos de izquierda en el
ayuntamiento de Murcia Ahora y Cambiemos les están desmontando la
estructura clientelar que conforma el estatus del PP en la capital
murciana, y con esto se rompe un tejido de intereses que puede
desembocar, más tarde o más temprano, en todo tipo de filtraciones y
confidencias sobre las tramas desembastadas.
Pero lo más
impactante para la opinión pública en general, tras las maniobras de
distraimiento del PP acerca del techo de gesto, es la evidencia de que
el presidente de la Comunidad está incumpliendo su palabra. Y esto es, como poco, decepcionante.
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