MURCIA.- El Tribunal de Cuentas cree que la evolución de determinados
indicadores observados en la Universidad de Murcia (UMU) pone de relieve
la existencia de desequilibrios, lo que unido a la dificultad de
mantener la financiación pública creciente en un entorno de crisis,
aconseja la adopción por parte de la institución docente de "medidas de
contención de gastos".
Así aparece reflejado en el 'Informe de
Fiscalización de la Universidad de Murcia, ejercicio 2012' aprobado por
el Pleno del Tribunal de Cuentas, y que recoge que las obligaciones
reconocidas por la Universidad de Murcia (UMU) en 2012 ascienden a 191,5
millones de euros, con un grado de ejecución sobre los créditos
definitivos del 76 por ciento.
Entre las principales
recomendaciones dirigidas a la Universidad, a fin de lograr la
publicidad y transparencia de los presupuestos de la Universidad, el
Tribunal considera que deben publicarse en el BORM con expresión de la
relación de puestos de trabajo del personal y los costes de la misma.
Finalmente,
los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los contratos
debieran recoger con mayor precisión los criterios de adjudicación, así
como la necesidad de incorporar al expediente del contrato, en tiempo y
forma, la justificación de la necesidad que motiva la tramitación de
los mismos.
En concreto, las obligaciones reconocidas en el
período 2008/2012 han disminuido un ocho por ciento, correspondiendo el
descenso más relevante, en términos absolutos a las inversiones reales,
21.677.000.000 euros, mientras que los gastos corrientes en bienes y
servicios y los de personal se han incrementado en un nueve por ciento y
un tres por ciento, respectivamente, en dicho periodo.
Las
cuentas del ejercicio 2012 de la UMU, que fueron elaboradas de
conformidad con el PGCP de la Región, han sido aprobadas y remitidas en
plazo al órgano competente, y han sido rendidas al Tribunal de Cuentas
en el plazo previsto en la normativa. Este documento es complementario
al Informe de fiscalización de las Universidades Públicas, ejercicio
2012, que fue aprobado por el Pleno en enero de 2015.
De los
aspectos examinados relativos a la gestión económico-financiera de la
Universidad, destaca, por el lado de los ingresos, la importancia de las
transferencias de la Comunidad Autónoma, pues suponen su principal
fuente de financiación, con unos derechos reconocidos en el ejercicio
2012 de 178,2 millones de euros, sobre un total de 192,5 millones de
euros.
La evolución de los derechos reconocidos, en el periodo
2008/2012, supone una disminución del 11 por ciento, mientras que las
obligaciones reconocidas en el período 2008/2012 han disminuido un ocho
por ciento.
Por el lado de los gastos, el Tribunal señala un
"elevado grado de modificación de los presupuestos iniciales", del 30
por ciento respectivamente, alterando "significativamente" los créditos
inicialmente aprobados.
El Tribunal recuerda que viene poniendo
esta situación de relieve en todos los Informes emitidos y "debe
considerarse contraria a las prescripciones y exigencias derivadas de la
estabilidad presupuestaria y a la regla de gasto máximo".
Entre
las restantes magnitudes económico-financieras, el Tribunal destaca el
saldo presupuestario y el resultado presupuestario obtenidos en el
ejercicio, que ascendieron a un importe positivo de 1.027.000 euros y
negativo de 164.000 euros, respectivamente.
Además, el resultado
económico-patrimonial obtenido en el ejercicio 2012 ha sido negativo en
32 millones de euros, mientras que el remanente de tesorería asciende a
66,9 millones de euros, del que la parte afectada suma 47,2 millones de
euros.
Por otro lado, la UMU no presenta endeudamiento con
entidades financieras, y sólo reflejan sus cuentas los anticipos
reintegrables (préstamos sin interés) concedidos a la Universidad por la
Administración General del Estado y los fondos reintegrables con el
FEDER.
Finalmente, los recursos humanos de que dispone la
Universidad, funcionarios y laborales, a 31 de diciembre de 2012,
ascienden a un total de 4.114 personas, de manera que el personal
vinculado jurídicamente con la Universidad ha experimentado en el
periodo 2008-2012 un incremento del cinco por ciento.
Por
otra parte, el Tribunal explica que la mayoría de los indicadores
propuestos para evaluar la actividad investigadora de la Universidad
muestran una evolución positiva, analizándose, respecto de la docencia,
una serie de indicadores que corresponden tanto a la oferta educativa
superior como a la demanda.
En cuanto a la dedicación del
profesorado en docencia, medido como los créditos impartidos por
profesor equivalente, el Tribunal cree que refleja un "leve
sobredimensionamiento" del mismo, en relación con la rama de Ciencias,
y, en menor medida, en las ramas de Ingenierías y Arquitectura y
Ciencias de la Salud, donde los créditos impartidos por profesor
equivalente son inferiores de media a los 24 créditos anuales,
equivalentes a 240 horas (8 horas por semana en 30 semanas al año),
exigidos legalmente.
Teniendo en cuenta que se produjo una
modificación en este ámbito por medio del Real Decreto-Ley 14/2012, de
20 de abril, el Tribunal añade que los efectos de la misma habrá que
verificarlos en los cursos posteriores al analizado.
La
Universidad no había implantado un sistema de contabilidad analítica en
los ejercicios fiscalizados, tal como establecía la Disposición
Adicional Octava de la Ley Orgánica de Universidades, y que el RD-Ley
14/2012, ha venido a establecer con un horizonte temporal que alcanza
como máximo el curso universitario 2015/2016, al fijar en su art. 6.5
los umbrales de los precios públicos a fin de acercarlos a los costes
incurridos en la prestación de este servicio público.
Las
entidades dependientes declaradas por la Universidad son la Fundación
Veterinaria Clínica de la Universidad de Murcia y la sociedad
Tecnologías de la Información y de la Comunicación, Aplicaciones y Redes
para la UMU, S.L.U., (TYCARUM), cuyas cuentas anuales han sido rendidas
por el mismo procedimiento y plazo que el de la Universidad.
También
incorporan como anexo las cuentas de la sociedad CYUM Tecnologías y
Comunicaciones, S.L., estas últimas junto con el informe de auditoría
privada.
Respecto a la denominada Fundación Cultural Privada
Esteban Romero, la UMU señala, en alegaciones, que acepta las
conclusiones señaladas en el último informe aprobado, de manera que
"impulsarán las correspondientes acciones" a fin de configurarla como
entidad dependiente. Las cuentas de esta fundación figuran incluidas en
la Cuenta General rendida por la Región.
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