MURCIA.- En la Comunidad Autónoma de Murcia, a finales de 2014 había una asociación vendiendo juego ilegal en las calles. Utilizaba para ello
349 colaboradores, todos ellos sin alta en la Seguridad Social ni
derechos laborales, con unas ventas totales estimadas en ese año de
5.825.508 euros, según denuncia UTO-UGT.
La Unión de Trabajadores de la ONCE (UTO-UGT), sindicato mayoritario en
la ONCE, con casi el 90% de la representatividad sindical, denuncia la
absoluta pasividad de las administraciones públicas en la lucha contra
el juego ilegal "que, cada vez más, irrumpe en las calles, abusa de la
imagen de la discapacidad, engaña a la ciudadanía con productos sin
ningún tipo de seguridad, y pone en riesgo la labor social de la ONCE
así como el puesto de trabajo de cada uno de los más de 20.000
vendedores y vendedoras de la Organización, todos ellos personas con
discapacidad".
UTO-UGT exige a las autoridades competentes que actúen contra entidades
"manifiestamente ilegales", como la OID, entre otras, que utilizan la
imagen del sorteo de la ONCE, copian sus productos y su imagen, emplean
de forma torticera la discapacidad en su propio beneficio, como ha
reiterado el Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI), y, en ocasiones, han llegado a agresiones a
vendedores y vendedoras de la ONCE.
UTO-UGT exige, con carácter de urgencia, la intervención de la
Administración del Estado para que, de una vez por todas, se haga
cumplir la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del Juego, no solo
a los que actuamos dentro de la legalidad, pagamos nuestros impuestos y
trabajamos de forma responsable, sino también, y de manera concluyente y
definitiva, a aquellos otros que sistemáticamente la transgreden, como
es el caso de la OID.
UTO-UGT considera "muy escasas" y poco rotundas las actuaciones contra
esta actividad ilegal, como la imposición de una sanción de 25 millones
de euros a la OID acometida por el Ministerio de Hacienda, puesto que no
ha supuesto ningún avance significativo y, como expresa la propia
resolución ministerial (BOE 27-12-2014) se trata de una Organización
"con plena consciencia del carácter ilegal de su actividad", con una
"actitud perseverante" en la ilegalidad, con "ausencia de aprecio por la
legalidad vigente", lo que constituye un "grave atentado contra el
orden jurídico".
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