La política ambiental del Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia (CARM) podríamos calificarla como 'la política del florero'.
No por la relación que las flores puedan tener con el medio ambiente,
sino por la idea de ese florero que en casa adorna mucho para cuando
reciben visitas, pero que apartan dejando de lado, cuando les pueda
estorbar para hacer algo que les resulte atractivo: proyectos de
inversión urbano-turística, de infraestructuras, etc. aunque su
necesidad y sostenibilidad (entendiéndola es los tres aspectos básicos:
económica, medioambiental y social) sea escasa e incluso negativa.
Hablamos, por ejemplo, del Aeropuerto Internacional de la Región de
Murcia o de Marina de Cope. Ambas calificadas como Actuación de Interés
Regional (AIR), que han supuesto importantes inversiones de la CARM.
Particularmente el Aeropuerto, ya casi finalizado y que no tiene visos
de operar, salvo que consigan anular las operaciones correspondientes en
el de Murcia-San Javier; y, si me apuran, en el de Alicante-El Altet,
porque si no, tendríamos que subvencionar con dinero público también la
operación de la mayoría de los vuelos que 'animásemos' a instalar en
Corvera.
Hablamos de otra nueva AIR, el macropuerto de
contenedores en El Gorguel, absolutamente innecesario e inviable en el
contexto del litoral mediterráneo español. Supondría una inversión
próxima a los 2.000 millones de euros, para crear un puerto que
gestionase tres millones TEU para 2030, cuando la terminal de
contenedores en el puerto de Valencia está plenamente operativa en la
actualidad, y ampliando instalaciones para gestionar un volumen de 6,2
millones TEU para el año 2020. Sería multiplicar por diez la
insostenibilidad (en los tres aspectos indicados) del Aeropuerto.
Esta
sería otra creación "producir algo de la nada" del Gobierno regional,
para satisfacer 'ilusiones' de que Murcia y/o Cartagena estén 'donde se
merecen': en el centro del mundo (revisando las declaraciones
grandielocuentes de los promotores políticos de ambas AIR, parece
imposible entender que el mundo funcione sin que existan aeropuerto de
Corvera y macropuerto de El Gorguel).
Habrá que preguntar a los
promotores /constructores cómo verían la rentabilidad financiera de esas
inversiones privadas sin los créditos, subvenciones, etc. de la
Administración pública. La mayoría de estos grandes
promotores/constructores/inversores se declaran liberales o neoliberales
defendiendo fervientemente lo privado pero reclaman subvenciones para
sus obras y rescates con dinero público cuando no les son rentables.
Más sueños de este tipo: el proyecto de parque temático Paramount en Alhama, promovido por empresas a las que se avala desde la Administración pública, aunque se sepa como han gestionado y el éxito que han conseguido en otros proyectos de interés público (bien lo saben los seguidores del Real Murcia). Échenle un vistazo a la realidad de los parques temáticos de este tipo en España: realizados con cuantiosísimas inversiones públicas, se promocionaron como panacea del desarrollo de esa localidad o provincia y hoy están casi cerrados o vendidos a precios de saldo a inversores privados.
Mientras tanto, los espacios
protegidos sobreviven a la gestión de la CARM, escasa o, lo que es peor,
muchas veces contra la sostenibilidad (en sus tres aspectos) de los
valores que llevaron a protegerlos. Paradigmático el caso del Parque
Regional Cabo Cope-Calnegre, declarado como tal en 1992, aun no tiene
aprobado su Plan de Ordenación de Recursos Naturales y que ha podido
salvar un terreno de 1600 hectáreas (equivalente a 1600 campos de
futbol) de la construcción de una macrourbanización turística gracias a
la sentencia del Tribunal Constitucional de diciembre de 2012 declarando
inconstitucional parte de la Ley del Suelo de la CARM que en 2001
desprotegía 11.000 hectáreas de espacio natural protegido.
Ya en 2011 el
Gobierno de la CARM había recibido otro varapalo jurídico, en este caso
del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que anulaba la figura
conocida como 'teletransporte', que suponía incrementar el
aprovechamiento edificatorio de determinados proyectos urbanísticos,
llevando los Sistemas Generales a espacios protegidos. Ni los anteriores
Gobiernos de Valcárcel ni el actual de Garre han manifestado interés en
hacer cumplir las resoluciones judiciales obligando a la reformulación
de los Planes Municipales de Ordenación (PGMO) que se han visto
afectados por estas sentencias judiciales. Más bien al revés. Continúan
sin desarrollar políticas de protección ambiental (más allá de
declaraciones tipo florero), aún cuando sean exigencias de la UE, como
es el caso de los Planes de Gestión de la Red Natura 2000.
En
julio de 2012 concluyó el plazo de seis años establecido por la UE, sin
que estuviesen aprobados. En la actualidad la Dirección General de Medio
Ambiente (DGMA) de la CARM no ha conseguido aprobar ninguno de ellos.
La errática deriva a la que se ven sometidos los profesionales de esta
DGMA hace imposible una buena gestión del mismo. Continuas reducciones
de personal y de competencias administrativas; personas nombradas al
frente de esta DGMA que duran muy poco por enfrentamientos y luchas
internas; deambular de Consejería en Consejería para acabar en una en la
que ni siquiera han querido que aparezca en la denominación de la misma
y cuyo titular, por tanto, el responsable del Medio Ambiente, está
imputado por delitos contra el Medio Ambiente.
Imagino que ahora,
para la fiesta de las elecciones locales y autonómicas, volverán a poner
el florero del Medio Ambiente, bien bonito y vistoso, pero sin que
estorbe para lo que verdaderamente les interesa.
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