MURCIA.- El servicio de arbitraje de la Dirección General de Consumo, Comercio y
Artesanía, perteneciente a la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e
Innovación, tramitó durante el pasado año un total de 4.519
solicitudes.
Éstas dieron lugar a 2.234 laudos, de los que 233 fueron
conciliatorios, 1.987 fueron dirimentes, esto es, fue la junta arbitral
la que dictó la solución al no llegar las partes a un acuerdo, y 14 se
archivaron, según han informado fuentes del Gobierno regional en un
comunicado.
De este modo, la directora general de Consumo, Ana
Cobarro, señaló que "las solicitudes fueron presentadas a través tanto
de asociaciones de consumidores como de las oficinas municipales de los
ayuntamientos".
En cuanto a la actividad, apuntó que "el mayor
número de solicitudes de arbitraje correspondió a temas relacionados con
las compañías de telefonía móvil, que representaron un 68,6 por ciento
del total, seguidas de las compañías eléctricas, con un 8,2 por ciento.
Además, hubo otras relacionadas con la restauración, el servicio de
asistencia técnica, calzado y compañías de seguros, entre otros
servicios".
Cobarro explicó que el arbitraje de consumo "es una
vía sencilla que la Comunidad pone al servicio del ciudadano para
resolver los conflictos que puedan surgir entre los consumidores y
usuarios y las empresas o prestadores de servicios en el ámbito de su
actividad, y es totalmente gratuito para las partes".
La
responsable de Consumo destacó que este arbitraje, de carácter
voluntario, "es un procedimiento extrajudicial que se configura como una
vía alternativa a los tribunales para la resolución de reclamaciones y
la decisión que se adopta, el laudo, en el seno de la junta arbitral es
obligatoria para las partes en conflicto".
Además, aseguró que "el
procedimiento arbitral es sencillo, en su concurrencia no es necesaria
la asistencia letrada a las partes en litigio y, una vez formalizado el
convenio arbitral, el correspondiente laudo que resuelve la controversia
se dicta en un plazo breve".
"Como garantía de calidad e
imparcialidad en la prestación del servicio, intervienen como árbitros
acreditados, a propuesta de la Administración, licenciados en Derecho,
profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, además
de funcionarios autonómicos. Igualmente, los árbitros acreditados a
propuesta de las organizaciones de consumidores también gozan de una
alta cualificación", añadió la directora general.
Cobarro
recordó los mecanismos de defensa para el consumidor murciano que pone a
disposición de los ciudadanos la citada Dirección General, con el fin
de garantizar sus derechos.
Así, dijo, "existen hojas de
reclamaciones que deben tener a disposición de los consumidores todos
los establecimientos de venta de bienes y prestadores de servicios,
también se pueden presentar denuncias, reclamaciones y quejas ante la
Administración pública de Consumo y se puede solicitar información por
distintas vías, por escrito, presencial, correo electrónico y por
teléfono".
Finalmente, hay una red de oficinas de información al
consumidor (OMIC), asociaciones de consumidores, oficina virtual y la
web de la Dirección General, 'http://murciaconsumo.es'.
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