MADRID.- Las comunidades con mayor gasto sanitario
público en euros por habitante en 2011, en relación a su población, son
País Vasco (1.632 euros por habitante), Asturias (1.591) y Navarra
(1.538). Le sigue Murcia (1.541), Extremadura (1.526), Aragón (1.523),
Castilla- La Mancha (1.450), La Rioja (1.428), Cataluña (1.342).
Las comunidades autónomas de Cataluña, Andalucía y Madrid han
originado el 45 por ciento del gasto sanitario público en 2011, según
el Informe del Tribunal de Cuentas sobre el sector público autonómico
correspondiente a los ejercicios 2010 y 2011.
No obstante, el informe destaca que como consecuencia de las
medidas legislativas para la reducción del déficit público adoptadas a
partir del ejercicio 2010, en 2011 se redujo el gasto sanitario en todos
los sectores, excepto Mutualidades de Funcionarios, ascendiendo en
dicho ejercicio a 67.626 millones de euros, correspondiendo, al sector
CCAA el 91,9 por ciento del total del gasto -62.169 millones de euros-
al ser éstas las responsables últimas de su ejecución.
Volviendo al gasto por CCAA, Cataluña se posiciona la primera con
10.120, le sigue Andalucía con 9.442 y Madrid 8.418 millones de euros,
respectivamente. Les siguen Comunidad Valenciana con 6.717 millones,
País Vasco con 3.566, Galicia con 3.556, Castilla y León con 3.332,
Castilla- La Mancha con 3.067, Canarias con 2.731, Murcia con 2.266,
Aragón con 2.051, Asturias con 1.721, Extremadura con 1.693 y Baleares
con 1.273. Al final de la tabla La Rioja (461), Cantabria (676) y
Navarra (988) con el gasto más bajo.
Por debajo del gasto medio por habitante que se encuentra en los
1.322 euros, se encuentra la Comunidad Valenciana (1.313), Castilla y
León (1.302), Madrid (1.297), Cantabria (1.293), Canarias (1.284),
Galicia (1.272), Baleares (1.144) y Andalucía (1.121).
La tasa de variación interanual del gasto sanitario público
desagregada según comunidad autónoma en el bienio 2010-2011, implica que
en términos de gasto total, que incluye la inversión (gastos de
capital), se experimentó un descenso del 2,1 por ciento. Así, el informe
indica que las que más redujeron su gasto sanitario fueron Baleares un
18,8 por ciento; Cantabria un 10,6 por ciento; y Castilla y León un 7,9
por ciento. Únicamente cuatro comunidades incrementaron su gasto, con
aumentos que oscilaron entre el 1,1 por ciento de Murcia y el 14,3 por
ciento de Madrid.
Por otro lado, el porcentaje del gasto sanitario público dedicado
por las comunidades autónomas a la remuneración de su personal osciló
entre el 35,8 por ciento de Cataluña y el 57,0 por ciento de Castilla y
León.
El gasto farmacéutico representa el 18,9 por ciento del gasto
consolidado del sector, y experimentó un descenso de un 8,6 por ciento
respecto al año anterior, si bien en ambos ejercicios la cuantificación
del gasto incluye también el importe de facturas pendientes de aplicar a
presupuestos en ejercicios anteriores.
En general, el informe señala que "el sector sanitario reviste una
peculiaridad con respecto al resto de áreas del sector público, que se
manifiesta en la limitación del documento presupuestario para actuar
como instrumento de previsión y control de su actividad", advierte el
informe que, más adelante, explica se recurre de forma periódica a
generar gasto que excede las consignaciones presupuestarias.
"Esta situación, a su vez implica la tendencia generalizada de
realizar gastos en el ejercicio sin la necesaria cobertura financiera lo
que conlleva la no contabilización en éste de un relevante monto
económico de gasto, derivando el mismo a ejercicios posteriores, con
incumplimiento de los límites cuantitativos y de anualidad establecidos
legalmente", añade.
Asimismo, observa un "paulatino incremento", con especial
relevancia en algunas CCAA en la consignación de compromisos de gastos
con cargo a ejercicios futuros, que "puede distorsionar la
sostenibilidad financiera del sistema autonómico de gestión sanitaria".
El informe remarca que, a la hora de abordar el análisis del gasto
sanitario de las comunidades autónomas, hay que tener en cuenta que
nuestro sistema autonómico no es uniforme, sino que, por el contrario,
las distintas comunidades difieren no sólo en sus características
geográficas, demográficas, sociales y económicas, sino también en lo que
respecta al sistema de financiación de sus administraciones y a las
formas de gestión de sus competencias, pudiendo dar lugar a comparativas
heterogéneas que impiden efectuar conclusiones mínimamente claras desde
un punto de vista informativo.
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