CARTAGENA.- La asociación Prolitoral, constituida para la defensa
jurídica y protección del medio ambiente, no está legitimada para
personarse en el procedimiento tramitado por el Gobierno Regional de
Murcia para la concesión de un aval por 200 millones de euros a la
concesionaria de las obras del aeropuerto de Corvera.
Así
se indica en la sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal
Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM), que desestima el recurso que esta organización presentó
contra la orden de la Consejería de Economía y Hacienda que, en
septiembre de 2010, no accedió a sus pretensiones.
La
sentencia, que tiene como ponente a la magistrada Consuelo Uris, afirma
que de la lectura de los estatutos de la demandante "se evidencia que
la actuación de esta asociación se limita estrictamente a la defensa
jurídica del litoral de la Región de Murcia en el ámbito
medioambiental".
"Por ello -añade la Sala- no tiene
encaje su solicitud de personación en ninguno de los supuestos previstos
en la ley, pues carece de legitimación para intervenir en cuestiones
que afectan al futuro económico de la Región".
El
tribunal comenta igualmente que "podría argumentarse que dichas
actuaciones afectan a la colectividad o a todos los ciudadanos en
general, pero la acción pública no está prevista en un procedimiento de
concesión de aval a una concesionaria de un aeropuerto, que es lo que,
en definitiva, está intentando la recurrente".
La
sentencia es concluyente al señalar que "no corresponde a Prolitoral, en
modo alguno, la defensa de intereses colectivos ajenos a lo que son sus
fines según sus propios estatutos, y el procedimiento en cuestión en
nada afecta, ni directa ni indirectamente, al litoral de la Región ni al
medio ambiente en general".
En su demanda, esta
asociación solicitó ser parte de las actuaciones y alegó que tenía
derecho a conocer la información contenida en el expediente de concesión
del aval al considerar que aunque se trataba de un asunto económico, el
mismo estaba "enmarcado" en un problema medioambiental, como el
representado por cualquier instalación aeroportuaria.
Así
mismo expuso que se sentía amparada por la transparencia
administrativa, por lo que insistió en su derecho a ser considerada con
interés legítimo en la personación en el expediente.
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