MURCIA.- Ecologistas en Acción de la Región
Murciana ha mostrado su sorpresa e
indignación ante las declaraciones del Consejero de Turismo,
Pedro Alberto Cruz, anunciando la inminencia de las
roturaciones en los terrenos del proyecto Paramount en
Alhama de Murcia, dando por sentado que el proyecto recibirá
todos los permisos y en tiempo record.
Y es que, para la asociación
ecologista, hay dos aspectos muy graves a considerar en este
anuncio:
En primer lugar, tanto el
Ayuntamiento de Alhama, como el propio Consejero Cruz,
podrían llegar a cometer un delito de prevaricación, si
alientan y permiten que las obras empiecen a producirse
antes de que el proyecto cuente con todos los permisos
necesarios, entre los que cabe destacar la Declaración
de Impacto Ambiental y la licencia de obras municipal
(supeditada a la obtención de DIA positiva). Para la
asociación, actuar por la vía de los hechos consumados,
además de inmoral es ilegal, y podría tener consecuencias
legales tanto para los promotores del proyecto, como para
los cargos públicos implicados e incluso los técnicos que
por acción u omisión lo permitieran.
Además, en el improbable e
hipotético caso de que en tan corto plazo de tiempo el
proyecto contara con todos los permisos necesarios, esto
reflejaría que no se han tenido en cuenta los aspectos
legales y ambientales que planteó Ecologistas en Acción en
sus alegaciones al Plan Especial Paramount. En dicho caso
existiría otro motivo de denuncia por presunta prevaricación
contra técnicos y dirigentes del Ayuntamiento y de la Comunidad
Autónoma, por aprobar a sabiendas un plan
urbanístico que incumple la legalidad vigente. Y es que,
recuerdan los ecologistas, la reciente sentencia del
Tribunal Constitucional restituyó los límites del Parque
Regional “Carrascoy y El Valle”, afectando a un 21% de la
superficie del Plan Especial Paramount, lo que supone un
cambio sustancial del proyecto, a juicio de la asociación, y
por tanto requeriría reiniciar toda la tramitación y el
proceso de exposición pública.
Recuerdan que la tramitación
ambiental y la urbanística no son meros formularios que
rellenar para obtener una licencia. Son trámites legales que
sirven para garantizar el Interés General de todos los
ciudadanos frente al interés privado de empresas y
particulares. Cuando se actúa por la vía de los hechos
consumados, se está mermando un derecho constitucional de
todos los ciudadanos, lo cual es más grave aún cuando se
alienta y se ampara desde las mismas instituciones públicas
que deberían velar por el Interés General, como dicta la Constitución
Democrática de nuestro país.
Y es que los ecologistas denuncian
que este tipo de anuncios temerarios e irresponsables que
realizan nuestros dirigentes, son precisamente los que han
contribuido a “educar” a empresarios y particulares en la
cultura del “todo vale en aras del negocio” y de que el
medio ambiente y el Interés General carecen de importancia
siempre que haya un lucrativo negocio de por medio.
Para Ecologistas en Acción resulta
poco ético y tremendamente irresponsable el alimentar desde
las instituciones públicas, las expectativas de negocios,
sean legítimas o no, de empresarios y propietarios, dando
por hecho que un proyecto se llevará a cabo sí o sí, sin
esperar a la conclusión de la tramitación ambiental y
urbanística, y sin querer contemplar la posibilidad de que
no se puedan obtener todos los permisos, y por tanto el
proyecto no sea legalmente viable. Si a esto se añade la
permisividad frente a la vía de los hechos consumados, tan
tristemente común en nuestro territorio, supone que la
propia administración es el peor enemigo del Interés General
y de la legislación vigente, cuando teóricamente debería ser
su mayor defensora.
Ante la gravedad de la situación
creada por las administraciones local y autonómica,
Ecologistas en Acción ha querido lanzar una advertencia a
técnicos, cargos públicos con responsabilidad y promotores
del proyecto:
Si se inicia cualquier obra del
proyecto Paramount sin contar con todas y cada una de las
necesarias licencias y permisos, y/o sin ajustarse a la
legalidad vigente con respecto a las sentencias judiciales
que restablecen los límites del Parque Regional, y no
permiten el teletransporte, esta asociación anuncia que
interpondrá medidas legales contra empresa, técnicos y
cargos públicos con responsabilidad, que permitan que esto se
produzca.
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