Por el contrario, disminuyeron los concursos empresariales, tanto los de personas jurídicas, que fueron 156, un 12% menos que el año anterior; como de personas naturales, 44, un 48% inferior, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) en un comunicado.
Estos datos figuran en el informe "Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales", hecho público este miércoles por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.
En este documento se especifica que, durante el ejercicio analizado, la Región de Murcia ha sido la tercera comunidad autónoma con mayor número de concursos de personas sin actividad empresarial presentados por cada 100.000 habitantes, después de Cataluña y Canarias.
El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en la Región de Murcia en 2023 fue de 872, un 36% menos que las iniciadas en 2022. Dato que puesto en relación con la población coloca a la comunidad autónoma en la segunda como más ejecuciones hipotecarias solicitadas por cada 100.000 habitantes, con una ratio de 56,2, después de Valencia, con 59,4.
Por su parte, los procedimientos monitorios --para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos-- presentados en 2023 en los juzgados de instancia de la Región de Murcia sumaron 35.504, cifra que representa un 8% más que en 2022.
El número de lanzamientos practicados el año 2023 en la Región fue de
779, un 58% menos que el año anterior. Un 52% de los lanzamientos --que
afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas y, en el caso
de éstas, no solo a vivienda habitual-- 406, ha sido consecuencia de
procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU),
mientras que otros 315 --el 40%-- se derivaron de ejecuciones
hipotecarias. Los 58 restantes obedecieron a otras causas.
Los
lanzamientos por impago del alquiler experimentaron una disminución
interanual del 60% respecto a 2022, y los derivados de ejecuciones
hipotecarias del 56%.
Por comunidades, en términos absolutos,
los primeros puestos en cuanto a los lanzamientos consecuencia de
ejecuciones hipotecarias los ocupan Cataluña (1.264); Andalucía (1.135);
Comunidad Valenciana (1.049) y Murcia (315). Pero si atendemos a la
ratio por cada 100.000 habitantes, la Región se sitúa a la cabeza del
país, con 20,3.
En 2023 se han presentado un total de 12
expedientes del artículo 169 TRLC, relativos a la modificación
sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), 4
más que el año anterior.
Por su parte, las 4.968 demandas por
despido presentadas en los juzgados de lo social de la Región en 2023
supusieron un incremento del 17% respecto a las registradas el año
anterior. Además, en la jurisdicción laboral se registraron 2.466
reclamaciones de cantidad, un 1% menos que en 2022.
En el periodo analizado, ingresaron en el juzgado especializado en
acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos
de financiación con garantías reales inmobiliarias un total de 3.208
asuntos, un 54% más que en 2022.
Durante 2023 han ingresado en
los órganos judiciales de la Región 59 procedimientos verbales
posesorios por ocupación ilegal de viviendas, un 53% menos que en 2022.
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