Todo
era susceptible de empeorar y empeoró. El primer consejero autonómico
ultraconservador de España será de la región de Murcia. Y nada menos que
de Educación y Cultura. Para supervisar de primera mano que se implanta
el veto parental, la censura. Para vigilar que los niños no reciban la
educación afectivo sexual que necesitan porque "corrompe la mente de nuestros jóvenes" dijo el diputado del grupo VOX (expulsado de VOX) Francisco Carrera en la Asamblea Regional.
Ya lo ha dicho el diputado Juan José Liarte, ahora promocionado en redes sociales como un diputado más del PP, "todas las consejerías están en buenas manos, pero queremos estar cerca y poder controlar". Solo falta saber si las siglas LGTBI se caerán del nombre de la consejería de Isabel Franco, la tránsfuga a la que no le importa que la llamen sinvergüenza y corrupta a la cara.
Se baraja para tal consejería el nombre de María Isabel Campuzano a quien el ex consejero de Salud, Manuel Villegas, llamó negacionista y terraplanista en una comisión por cuestionar la bondad de las vacunas contra el coronavirus. Campuzano, antivacunas confesa, prefiere definirse como "preguntacionista". El año antes de hacerse con un escaño en la Asamblea Regional declaró cero euros según su Declaración de Bienes. No tenía oficio. No tenía profesión. Ahora es política.
Lo más suave que Campuzano ha
dicho sobre la LOMLOE es "sacaremos sus sucias manos de la educación
de nuestros hijos" o "no permitiremos que este gobierno bolivariano
secuestre la educación para adoctrinar a nuestros hijos y arruinar su
futuro". Si de ella dependiera, privatizaría toda la escuela pública.
Daría un cheque escolar a los padres y que se busquen la vida. Y no solo
eso. En sus comparecencias en el Parlamento ha demostrado una
ignorancia supina sobre el protocolo Covid que están aplicando los
maestros en los colegios para evitar contagios. "Los niños en el patio
sentados en círculo y vigilados por los maestros parecían un grupo de
zombies" dijo.
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Es extremadamente grave lo que ha ocurrido en la región de Murcia, muy grave. Aún más al ver que el presidente nacional del PP, Pablo Casado, ha sido el encargado de bendecir en persona semejante cambalache. La mitad de las consejerías del gobierno regional está en manos de diputados sin partido político. Educación, cultura, universidades, industria, empleo, transparencia y política social en manos de tránsfugas o expulsados. Tremendo, pero cierto. "Gobierno de libertad" lo llaman. De libertad con la ultraderecha. El oxímoron perfecto.
Y aún se permite decir que "Murcia ha dado una lección a toda España", pero una lección de anormalidad democrática. Una lección de transfuguismo porque no hay listas abiertas. Los ciudadanos votan a los partidos. De verdad alguien en su sano juicio habría votado a Franco, Álvarez o Miguelez de haber listas abiertas.
Y todo bajo el paraguas argumental de la unificación del centro derecha en España que, dicen, ha comenzado en la región de Murcia. En realidad se trata de un indecente tráfico de carne fresca dirigido por el ex de Cs, Fran Hervías, cuyo secuaz, Emilio Argüeso, fue pillado repartiendo puestos en la consejería de la tránsfuga Valle Miguelez entre los militantes de Cs. Se trata de comprar voluntades, aunque "no está demostrado que esa forma de robar cargos electos sea rentable para el ladrón" escribe Fernando Onega en La Voz de Galicia.
En realidad, lo que ha comenzado en la región de Murcia es el desmantelamiento de la escuela pública con el cheque escolar que plantea Isabel Campuzano que, por cierto, no ha desmentido que vaya a ser la nueva consejera de Educación y Cultura.
Casado y García Egea maniobran
a la desesperada. Esa es la impresión. Son conscientes de que VOX se
los está comiendo por los pies. El hundimiento en Cataluña del PP ha
sido descomunal y un serio aviso. Encuestas internas indican que VOX
ya ha doblado al PP en la región de Murcia en el caso de elecciones
generales. Según esos sondeos, VOX obtendría 4 escaños, 2 el PP, 3 el
PSOE y 1 Podemos. El último CIS dice que Abascal está a 2,9 puntos de Casado en España.
El
PP ha incumplido el Pacto
Nacional Antitransfuguismo y ha incumplido los estatutos de su partido y
aún así sus militantes les jalean. "La moción de censura era una
puñalada por la espalda y les ha salido mal" comentan victoriosos aún
sabiendo que se han transgredido normas básicas del partido al que
pertenecen. Que han manchado las instituciones porque el trueque se
negoció en el mismo palacio de San Esteban, sede del gobierno regional,
según ha admitido la misma Isabel Franco en su periplo de entrevistas radiofónicas.
Si
los partidos políticos son el eje del sistema democrático, es
absolutamente urgente y necesario que se convoque el Pacto Antitransfuguismo para
expulsar de manera inmediata a quien da alas el transfuguismo en España. Y no solo eso. Lo
que procede es una queja formal ante el Parlamento Europeo y ante la
Comisión Europea por la falta de calidad democrática a la que estamos
asistiendo en vivo y en directo. El transfuguismo es la más grave
corrupción política que existe.
Pablo Casado no
puede quejarse en Europa de ausencia de calidad democrática en España
porque el Gobierno quiera modificar la ley para elegir a los miembros
del CGPJ ante su bloqueo, y luego comprar a tres tránsfugas a cambio de
cargos en el Consejo de Gobierno de la región de Murcia. Eso es de todo
menos calidad y normalidad democrática. Su nombre es otro, es sinvergonzonería.
Ningún
partido político puede consentir que se aliente el transfuguismo o esto
será la selva. Se acabará normalizando el tráfico de
actas. La compra y venta de escaños estará servida. Es inadmisible que
quien tenga más poder político o económico acabe imponiendo su voluntad
en los Parlamentos. Pervierte la democracia. Degrada las instituciones.
Alienta el populismo. Genera desconfianza entre los ciudadanos que
dejarán de votar porque no sabrán a quién votan en realidad. El
escenario político que se vislumbra es muy peligroso para la democracia
española.
Los
populares no pueden tildar de "traición" el incumplimiento del pacto de
gobierno PP+Cs de 2019 quebrantando el pacto nacional
antitransfuguismo. Eso es puro cinismo. La moción de censura es un
instrumento legítimo de control al gobierno a través del Parlamento.
Puede que no fuese oportuna, pero es legítima. Puede que no estuviese
debidamente justificada, pero es legítima. Puede que fuese una moción
de censura chapucera de PSOE y Cs, pero es legítima. Lo ilegítimo es
"comprar" voluntades políticas a cambio de puestos políticos y elevados
sueldos que es lo que ha hecho el Partido Popular con los tránsfugas de
Cs y los expulsados de VOX.
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Y aún así el Partido Popular siempre logra imponer su relato. Porque en política se trata de eso. De hacer que tu relato triunfe frente al del adversario y eso es muy fácil para los populares en la región de Murcia, una tierra que se incorporó tarde a la alfabetización en España.
Los tres tránsfugas: Franco, Miguelez y Álavarez,
acabarán siendo presentados como los salvadores de la región y de
España de las zarpas del social comunismo bolivariano y su inmoral
conducta será aplaudida por muchos murcianos. Al tiempo. Da igual lo
hediondo que sea el lodazal. Esto es lo que los murcianos quieren y así lo expresan en las urnas cada vez que acuden a votar.
En
la región de Murcia casi todos se ponen de perfil. Hasta los rectores
de las universidades restan importancia a que "un vendedor de chorizos"
sin estudios superiores sea quien les gobierne al frente de la
Consejería de Universidades. "Lo importante es que sepa gestionar" han
dicho para salir del paso. El traje nuevo del emperador versión siglo
XXI para salvar el presupuesto universitario. En privado su versión es
otra. Ya pueden imaginar.
"¿Quién es el dueño de esta pocilga?" preguntó Clean Eastwood en la película Sin Perdón. Los dueños de la pocilga son los "grandes de Murcia, los que dirigen San Esteban entre bambalinas" dijo la diputada de Podemos, María Marín, con suma clarividencia y sin necesidad de gritar como buena parlamentaria que es. Demasiado dinero en juego para permitir que entren otros y se pongan a rebuscar en los cajones.
Dotar de medios a la Fiscalía es absolutamente necesario y urgente en la región de Murcia, pero depende de la decisión política de aquellos a quienes la Fiscalía persigue y esos no quieren que la justicia tenga medios. Esa es la triste realidad. La Sicilia Ibérica nos llaman ya y con razón. Menudo espectáculo.
(*) Periodista
https://rosarodanews.blogspot.com/2021/03/quien-es-el-dueno-de-esta-pocilga.html
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