La clase política española debería empezar a acostumbrarse: a veces,
los catalanes tienen razón. Ha tenido que venir la Unión Europea y la propuesta de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, de cerrar las fronteras exteriores de la UE por el coronavirus durante
30 días para que el gobierno español se decidiera a hacer lo propio con
sus fronteras terrestres con Francia, Portugal y Andorra.
En el caso de
Portugal era innecesario, ya que el gobierno luso ya se había
adelantado ―la gestión de Lisboa en esta crisis está siendo, por ahora, excelente―, y
el francés tiene que dejar pasar unos días después de que autorizara la
primera vuelta de las municipales el pasado domingo.
Pese a todo, Pedro Sánchez y su gobierno no acaban de coger el toro por los cuernos
y ha esquivado tomar idénticas medidas en trenes y aeropuertos, ya que
se resiste al confinamiento total. Todo ello, además, en medio de una
profunda división en el gobierno entre PSOE y Podemos sobre las medidas a
adoptar y cantos de sirena del establishment sobre la necesidad de un
ejecutivo de concentración... sin el partido morado.
Parece que Pablo Iglesias se resiste a ser el convidado de piedra
de un gobierno que hasta la fecha ha sido esquivo en ofrecer soluciones
reales a las pymes, autónomos y el aluvión de despidos que en cascada
se están empezando a producir. Por cierto, otra exigencia del
gobierno catalán a la Moncloa que tampoco ha tenido respuesta. Eso sí,
despojar a las autonomías de competencias en la lucha contra el
coronavirus lo hizo Sánchez sin temblarle el pulso el pasado sábado con
el decreto de alarma.
Y mientras Madrid toma el mando con medidas más aparentes que reales, pero que, sobre todo, tienen un fuerte componente político ―este virus, lo paramos unidos―, España ya es el segundo país del mundo con nuevos casos de coronavirus, el
director general de la OMS, Tedros Adhanom, advierte al gobierno
español de que no ha visto el confinamiento para frenar el coronavirus y
que así no se puede romper la cadena de contagios.
Y el Parlamento
Europeo pide un confinamiento de 14 días a todas las personas que
lleguen de Madrid. También el experto en enfermedades infecciosas, Oriol Mitjà,
ha señalado que el comité de emergencia español debería dimitir, ya que
ha cometido demasiados errores y también ha resaltado su incapacidad
para predecir una epidemia que era evitable.
En medio de todo ello, Felipe VI debe ser el único que ve los toros
del coronavirus desde la barrera, ya que su problema es de otra
dimensión: la corrupción en la monarquía española.
Aunque el deep state hace todo lo posible por minimizar el escándalo de la deixa de Juan Carlos I y
sale a aplaudirle en tromba por apartar a su padre, el vergonzoso
asunto, de una importancia colosal, amenaza los cimientos de la
institución. Felipe VI calla, está desaparecido, y se limita a emitir un
comunicado.
Mientras, Corinna, desairada, parece esperar su momento
para asestar un nuevo golpe. Quién sabe si el definitivo.
La reputación de España está abierta en canal.
(*) Periodista y director de El Nacional
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