Cualquier posibilidad de reforma constitucional parece
bloqueada por la polarización política, así que pensar en cambios en el
Estado de las autonomías parece un esfuerzo inútil. Sin embargo,
conviene mantener abierta la reflexión por si en alguno
de los próximos lustros afloran los consensos necesarios.
Cuando eso
ocurra, se contará ya con una buena base de estudios elaborados
por expertos, cuyos trabajos han sido dados a conocer a las
instituciones y al público interesado. Destaca entre ellos el 'Informe Comunidades Autónomas', del Instituto de Derecho Público de Barcelona, que lleva nada menos que desde 1989 siguiendo anualmente la actividad del Estado autonómico.
Experiencia acumulada
Creo, sin embargo, que junto a tantos estudios solventes falta el punto de vista propio y específico de las comunidades autónomas. No me refiero a los análisis que de modo singular hayan realizado algunas de ellas, obra de sus observatorios especializados, sobre la comunidad autónoma en la que se ubican o sobre el Estado autonómico globalmente considerado.
Lo que echo de menos es una reflexión conjunta de
las comunidades autónomas acerca de su experiencia acumulada de
autogobierno. Por utilizar una terminología convencional, me refiero a
un 'libro blanco': el tipo de documento que, sin pretender imponer nada,
contiene el análisis de un asunto. Un 'libro blanco' aspira a ayudar a ofrecer orientación a
quienes deben tomar decisiones, aportando conocimiento para la
resolución de problemas.
Con este perfil, me parece que sería útil un
'Libro blanco de las comunidades autónomas'. No porque falte información acerca
de los aspectos negativos y positivos de nuestra organización
territorial; tenemos mucha y de muy buen nivel. Lo que hace falta es la
que elaboren en primera persona y en común las mismas comunidades autónomas.
Desde 1983 España se organiza en comunidades
autónomas. Nunca antes había existido un modelo territorial generalizado
y estable, y en este largo período se han creado instituciones de autogobierno por
las que han pasado políticos de distinto signo, con el apoyo de
estructuras administrativas que han acumulado una importante experiencia práctica.
Sus funcionarios tienen un punto de vista muy valioso acerca de cuestiones de las que se discute sin parar: posibles duplicidades organizativas,
suficiencia de la financiación, eficiencia del gasto o margen
competencial para la puesta en práctica de políticas propias, entre
otras.
Lo más probable es que los balances que cada una de ellas haga por separado sea distinto, pero sería muy interesante conocer las coincidencias que sin duda existen y que pueden aflorar con un estudio de este tipo.
La próxima conferencia de presidentes podría
poner en marcha el proyecto, formando un grupo de trabajo para que
concretara sus contenidos y estableciera un equipo de redacción y un
calendario.
Colaboración y ayuda mutua
Tal como lo imagino, ese libro blanco de las comunidades
autónomas debería ser elaborado por ellas, con el apoyo logístico e
institucional del Senado, que podría afirmar así su papel como cámara territorial.
Debería ser un texto preparado por altos funcionarios autonómicos, cuya
experiencia podría ser complementada por la de políticos autonómicos
que estuvieran fuera de la política activa.
Habría que evitar a toda
costa que este libro blanco tuviera la apariencia de un sesgo partidista,
porque eso quitaría fuerza persuasiva de sus conclusiones. Por otra
parte, no cabe la menor duda de que en todas las comunidades autónomas
existe talento propio y experiencia acumulada para
llevar a cabo este proyecto, así como criterio para pedir las opiniones
externas que consideraran interesantes.
Al margen del estruendo de la disputa entre partidos, y de las esporádicas polémicas entre líderes autonómicos, existe una tradición consolidada de colaboración y ayuda mutua entre las comunidades autónomas sobre las que un proyecto como el de ese libro blanco puede sustentarse.
La actual parálisis de cualquier proyecto reformista, paradójicamente, facilita la reflexión sin urgencias.
Y permite un diálogo tranquilo entre personas dedicadas
profesionalmente a la gestión pública.
O, con una expresión menos
tecnocrática que suena mejor, al servicio público. Un verdadero servicio público podría darlo un libro como el que se sugiere, porque permitiría escuchar unas opiniones imprescindibles.
Resultaría incomprensible que una reforma del Estado de las autonomías se realizara sin escuchar a las comunidades autónomas, hablando en primera persona. Del plural, como es lógico.
(*) Catedrático de Derecho Constitucionalen la Universidad de Barcelona
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