La pobreza es una emergencia social prioritaria, especialmente la
pobreza de niños y jóvenes. Sin embargo, mucha gente rica se resiste a
reconocerlo, como comenté la pasada semana al
hablar de la pobreza de niños. El hecho de que las sociedades
desarrolladas actuales sean las más prósperas que ha habido en la
historia de la humanidad lleva a pensar a los ricos que esa prosperidad beneficia a todos por igual. Pero no es así. La
prosperidad que crea el capitalismo actual está muy mal repartida. Y
los principales desheredados son los niños y los jóvenes.
Muchos de ustedes estarán pensando que hablo de nuestro país. Así es,
pero no únicamente. Permítanme mirar al otro lado del Atlántico Norte.
Como saben, California es el estado más rico e innovador de
los Estados Unidos. Una riqueza e innovación que tiene su fuente
principal en las actividades tecnológicas. Muchos jóvenes bien formados
se trasladan a las empresas de Silicon Valley y otros lugares de
California para progresar. Y reciben buenos salarios.
El caso de Apple y Amazon
Hasta aquí la parte bonita de la historia. Pero muchos de estos
jóvenes profesionales altamente cualificados con buenos salarios no les da para alquilar un apartamento. Tienen
que juntarse varios para poder hacerlo. El problema social es tan
agobiante, y sus consecuencias políticas tan claras, que grandes
empresas como Apple o Amazon están ofreciendo dinero a los gobiernos
locales, y creando ellas mismas fondos de inversión, para construir nuevas viviendas de alquiler. Pero muchos cuestionan que este altruismo corporativo.
En cualquier caso, este ejemplo apunta a que el determinante
actual de la pobreza de los jóvenes no es el salario que reciben, sino
el precio que han de pagar por la vivienda. Su elevado precio hace que
la renta disponible de los hogares jóvenes sea muy escasa para poder
hacer realidad su aspiración de convertirse en clase media. Constituyen una especie de “clase media aspiracional” frustada, como he escuchado que se le llama en Suecia.
Viniendo a España, esta situación tiene un efecto adicional perverso: la pérdida de capacidad para emanciparse de los jóvenes. En mi juventud, a la edad de 18-33 años dos tercios de los jóvenes estábamos emancipados. Hoy, con una economía más rica, solo lo consigue un tercio.
Las consecuencias morales, demográficas y económicas son
dramáticas. Morales, porque a la edad en que los jóvenes deben hacerse
responsables de sus vidas y construir su fibra moral siguen bajo el paraguas de sus padres. Demográficas,
porque bloquea la natalidad de los hogares jóvenes. Y económicas,
porque la capacidad de innovación de país está directamente relacionada
con la edad de emancipación de los jóvenes: cuanto más tarde se
produzca menos innovadora será la economía.
¿Qué hacer? Hay soluciones tentadoras, pero equivocadas.
Imaginen que un Gobierno hiperprogresista, y también alocado, decidiese
que todos los jóvenes han tener un salario mínimo de 2.000 euros al mes.
Si el coste del alquiler sube empujado por ese aumento de los salarios
lo que haría es agravar el problema. Solo conseguiría dos cosas: hacer
más ricos a los caseros y hundir la competitividad de las empresas al tener que pagar salarios más elevados que sus competidores de otros países.
La rentabilidad para un inversor
Otra solución tentadora es poner un tope máximo a los alquileres del parque privado de viviendas. Puede
ser una solución temporal para situaciones de estrés, especialmente si
el tope está por encima de un precio de referencia adecuado. Pero el
análisis económico nos dice dos cosas: que la regulación de precios
máximos genera corrupción y aumenta la economía sumergida; y que reduce
la cantidad de viviendas de alquiler debido a que las autoridades
tendrán una fuerte presión para situar los topes máximos por debajo de la rentabilidad mínima para un inversor privado.
Hay que ir a la raíz del problema. Y esta no es otra que la
escasez de vivienda de alquiler asequible para jóvenes. Especialmente
del parque público. Porque el mercado privado, por sí solo, no puede
resolver este problema.
Ahora bien, el compromiso de los poderes públicos con el aumento
de la oferta de vivienda de alquiler no será ni creíble ni eficaz
mientras la vivienda no sea concebida como un derecho social similar al derecho a la educación, a la sanidad o a las pensiones. Estos
otros derechos sociales tienen detrás de sí presupuestos públicos
anuales, poderes públicos e instituciones responsables de proveer esos
servicios a todos los ciudadanos (sistema educativo, sanitario y la
seguridad social). Hay que transformar la vivienda de alquiler asequible
para jóvenes en una especie de servicio público universal con
instituciones responsables de proveerlo. Mientras no lo hagamos, la
vivienda seguirá fabricando jóvenes pobres.
(*) Catedrático de Política Económica en la Universidad de Barcelona
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