MADRID.- La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, la jueza murciana Victoria Rosell,
ha planteado la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la
Constitución a Murcia ante la desobediencia del Gobierno autónomo al imponer el veto parental.
“Hay unos cauces jurídicos que no tienen por qué ser judiciales sino
incluso administrativos de requerimiento para que cumpla la obligación;
imagínese, incluso un 155 en Murcia porque se niega a tratar a todo su
alumnado por igual o a garantizar los derechos de las personas más
vulnerables”, ha dicho Rosell (Podemos), en declaraciones a la Cadena SER, ante el incumplimiento de la comunidad a leyes de rango estatal.
"Donde falla el diálogo político, si realmente se cierran a ello, sería
una lástima", ha continuado la magistrada. "Sería el camino similar al
de Cataluña con la actuación unilateral para quebrantar el ordenamiento
jurídico por parte de quien nos ha machacado y han ganado las elecciones
en determinados sitios probablemente con su discurso antidiversidad y
anticatalanista", ha dicho la nueva delegada, tras la iniciativa
impulsada por Vox y avalada por el PP y Ciudadanos en Murcia, que obliga
a los centros educativos a pedir autorización a los padres para asistir
a actividades complementarias.
Posteriormente, Rosell ha matizado sus palabras a través de Twitter,
afirmando que se trataba de una ironía. "Fue una comparación
pretendiendo que se oyera como el absurdo al que estamos llegando con el
veto parental. Que quienes piden que otras CC AA cumplan sus
obligaciones y hacen bandera de ello, incumplen las suyas en materia
educativa y con menores", ha afirmado. "La frase empieza '¿se imaginan?'
y termina con una carcajada. Se llama ironía. Lo de enfrente,
manipulación", ha dicho.
Por su parte, la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha dado un mes
de plazo al Gobierno de Murcia para "restaurar la legalidad" y retirar
el "veto parental" antes de que el Ejecutivo recurra esta medida en los
tribunales.
El Gobierno envió el viernes un requerimiento al Ejecutivo
murciano para instarle a retirar una medida que constituye "una censura
previa, que va incluso contra la libertad de cátedra", según ha dicho
Celaá en una rueda de prensa en la localidad alavesa de Llodio.
A día de
hoy no hay respuesta a ese requerimiento y Celaá entiende que el plazo
razonable para tomar medidas adicionales como la vía judicial es de un
mes.
La ministra ha recordado además que fue la última reforma educativa, la llamada ley Wert,
impulsada por el Gobierno del PP, la que limitó la capacidad de
decisión de los padres en los consejos escolares, y ha reprochado al
presidente popular, Pablo Casado, su "desconocimiento de cómo funciona
el sistema educativo" en España.
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