Una persona vinculada al turismo en La Manga me reprochó un día, en
tono amable, su malestar cada vez que en los medios de comunicación se
le llama laguna al Mar Menor. Entendía que de alguna
forma se le rebaja de categoría a este ecosistema único en Europa.
La
realidad es que, técnicamente, ni es un mar ni es una laguna, sino una gran albufera,
aunque eso no le resta ningún ápice a su valor medioambiental, que está
relacionado con un sinfín de atributos.
Lo cierto es que desde entonces
pienso que uno de los grandes errores colectivos ha sido considerar esta gran joya natural como un vasto mar que lo aguanta todo y
no asumir que es un ecosistema tan singular como frágil, por estar
sometido a todo tipo de presiones urbanísticas, agrícolas y turísticas.
Hablar de «dejadez de las administraciones», apuntando al Estado y los
ayuntamientos, para explicar cómo hemos llegado hasta aquí, como hizo la
portavoz del Gobierno regional, es quedarse a muchos kilómetros de
distancia de la tozuda realidad de los hechos. A otro perro con ese
hueso. Socializar los fracasos es una vía de escape para eludir
responsabilidades, contraídas por acción o por omisión.
Eso no es hacer
autocrítica, es parapetarse tras un burladero, es desplegar una cortina
de humo para tapar verdades incómodas. En la escena de este crimen
ambiental hay varias pistolas humeantes, pero unas resultaron más
letales que otras. El moribundo no está en la UCI por dejadez, sino por
múltiples disparos que nada tuvieron de accidental.
Desde los años 70, la hemeroteca de 'La Verdad' está repleta de páginas con advertencias de científicos
y grupos ecologistas sobre las consecuencias de numerosas actuaciones
que tuvieron un dañino efecto acumulativo para el Mar Menor.
El dragado
del canal del Estacio, la creación de playas artificiales con
aspiraciones de bandera azul donde nunca existieron arenales, la
destrucción de humedales que hacían de barrera natural para las
escorrentías, el desvío del curso natural de varias ramblas para hacer
frente a planeamientos urbanísticos, la apuesta por una agricultura
intensiva que provocó el vertido anual de miles de toneladas de nitratos
y condujo a la 'sopa verde'...
La entrada de agua dulce por la DANA
exacerbó hace un mes los efectos del repunte del proceso de
eutrofización, provocando la trágica muerte de miles de peces. Una
dantesca pérdida de biodiversidad contemplada en directo con absoluta
impotencia. El peligro no ha pasado porque, como reconoce el Ejecutivo
regional, sigue llegando agua dulce cargada de nitratos que tienen su
origen en los campos de cultivo.
No estamos ante un caso de profecía autocumplida. Es la crónica de una muerte anunciada.
Nada de lo que vemos es fruto del azar sino de políticas impulsadas por
gobiernos de distintos signo, con una especial irresponsabilidad por
parte del PP, que derogó la ley de 1987 que blindaba al Mar Menor de
excesos urbanísticos municipales y desplegó un activismo negacionista
sobre los efectos de los nitratos agrícolas que fue liderado durante
muchos años por quien debía cuidar del medio ambiente, el exconsejero
Antonio Cerdá.
La salud del Mar Menor incumbe a la Comunidad Autónoma,
pero también a los ayuntamientos y organismos que dependen de la
Administración central, como la Confederación Hidrográfica del Segura y
la Demarcación de Costas. La CHS advirtió en su plan de cuenca para
2010-2015 del proceso de eutrofización por la acumulación de nitratos,
pero luego no ejecutó ni un euro de los más de 400 millones planificados
para paliar el problema.
Dicho eso, no se puede orillar que la
principal responsabilidad recae en el Gobierno regional, que tiene la
capacidad para ordenar las actividades en el entorno del Mar Menor,
detenta las competencias ambientales y es a quien eligen los murcianos
para solucionar sus problemas.
El Gobierno de Miras debería
aparcar el relato de la atribución de responsabilidades como estrategia
defensiva. Su obligación es liderar la resolución de esta crisis, con la
colaboración del resto de organismos implicados, incluido el Ministerio
de Teresa Ribera, que debe mostrar con actos concretos un compromiso
más decidido del observado en su visita a la Región.
Si Miras quiere
enderezar la situación y aún aspira a recuperar la confianza ciudadana
en su capacidad para gestionar esta catástrofe, su Ejecutivo no puede
seguir aletargado, suspirando por los efectos de una milagrosa apertura
de las golas (otra ensoñación, otro error pertinaz), ni caer en la
hiperventilación política para intentar demostrar que no está
desbordado.
Teresa Ribera debe activar su parte del plan de 'vertido
cero', aunque no termine de gustarle y quiera mejorarlo con 'ingeniería
verde'. Pinchar en la rambla del Albujón para extraer agua dulce de la
capa freática es una solución de urgencia, que habrá de realizarse si
así lo aconsejan los científicos, pero la madre de todas las decisiones
para San Esteban debería venir de sopesar si es necesario plantear un
plan de reconversión agrícola en las zonas más sensibles para el Mar
Menor, a fin de lograr un modelo más sostenible.
Un debate que debería
liderar el propio sector. Los ciudadanos ya han mostrado en las calles
de Murcia que quieren soluciones, no más parches ni paños calientes. El
Gobierno de López Miras boqueó esta semana, aunque el pánico (a las
urnas) obra milagros. A veces en la correcta dirección.
(*) Periodista y director de La Verdad
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