CARTAGENA.- La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) multó a 19 empresas de montaje y mantenimiento industrial con sanciones que suman 54,26 millones, entre ellas, la cartagenera Mecánicas Bolea,
por crear un cártel que durante 17 años encareció sus servicios,
fundamentalmente a empresas del sector energético y petroquímico.
El
organismo supervisor sancionó a varios de sus directivos con 280.500
euros y, además, puso el expediente en conocimiento de la Junta
Consultiva de Contratación Pública del Estado para que se prohíba
contratar con el sector público a estas firmas, excepto a las que
ayudaron a desmantelar el cártel. Asimismo, la CNMC vigilará a las
sociedades montadas, entre las que se encuentran Duro Felguera, Sacyr o
MASA, para que no vuelvan a repetir esta conducta ilícita, informó el
organismo sancionador en un comunicado.
El montaje y mantenimiento industrial requiere estándares complejos y
específicos de seguridad, calidad y medioambiente, por lo que las
grandes empresas del sector energético y petroquímico adjudican a firmas
especializadas el mantenimiento de instalaciones como depósitos o
tanques en centrales de generación o aeropuertos mediante licitaciones
privadas. Según la CNMC, las empresas sancionadas crearon un entramado
para repartirse clientes y licitaciones, intercambiar información
sensible con sus competidores, realizar ofertas de cobertura y fijar
compensaciones y precios.
Durante unos 17 años -enero de 2001 a
julio de 2017- el cártel se repartió al menos 746 licitaciones
convocadas por una veintena de clientes, fundamentalmente empresas del
sector energético y petroquímico. El 'modus operandi' de la trama fue
evolucionando debido a su larga duración. En una primera etapa, la
empresa designada para ser la adjudicataria de la obra daba sus precios
para que fueran elevados por las demás mediante ofertas de cobertura
hasta un cierto porcentaje.
Posteriormente, intercambiaban
versiones de archivos de excel, que iban rellenando cada una con los
precios y las ofertas de cobertura. Más tarde, establecieron códigos
propios, como números o siglas para las empresas participantes. Los
mecanismos de contacto de la trama también fueron evolucionando para
dificultar su detección, desde faxes, contactos telefónicos, hasta
whatsapp o correos electrónicos.
La detección del cártel fue
posible por la denuncia realizada por Navec que, al poner en
conocimiento de la CNMC su existencia a través del Programa de
Clemencia, se benefició de la exención en el pago de la multa impuesta.
Sin embargo, uno de sus directivos, también sancionado, no se benefició
de las reducciones al no colaborar.
Por otra parte, tras las
inspecciones realizadas por la CNMC, otra de las empresas participantes
en el cártel, Enwesa, presentó una solicitud de reducción del importe de
la multa y aportó elementos de prueba adicionales, por lo que se le ha
reducido la multa impuesta un 50%.
Las mayores multas
corresponden a MASA (14,5 millones), Navec (9,3 millones), IMASA (9,2
millones), MEISA (4,84 millones), MAESSA (3,49 millones), Tamoin (3,44
millones), Duro Felguera Operaciones y Montajes (1,32 millones), Sacyr
Nervión (1,16 millones) y TMS (1,12 millones).
También formaban
parte del cártel ACSA (110.000 euros), Atrian Technical Services
(914.000), HGL (873.834), Enwesa, (860.000), Montajes Bardadun
Industrial (38.577 euros), Mecánicas Bolea (650.000),
Millecasa (937.507), Montajes Mecánicos la Puertollanense (560.999),
Montajes Metálicos Faysol (267.229), y Pregabricación y Montales del
Norte (471.036 euros).
Las empresas sancionadas pueden recurrir
ante la Audiencia Nacional. El programa de clemencia permite que los
miembros arrepentidos de un cártel pueden quedar eximidos de multa o ver
reducida su cuantía si denuncian al resto de miembros y facilitan
pruebas.
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