Uno de los objetivos de un encarcelamiento tan largo y con una injusta prisión provisional como la que padecen los presos políticos catalanes
es deshumanizarlos. Hacer que desaparezcan del imaginario colectivo no
solo físicamente sino hasta que, literalmente, caigan en el olvido.
Esto, junto al escarmiento al conjunto del independentismo, son los dos
ejes de actuación de la represión practicada por el Gobierno español
desde que decidió que no había solución posible al conflicto catalán en
la que quisiera trabajar.
Y que el único camino a seguir era la
aplicación estricta y desmesurada del código penal. Un total de 704
noches encarcelados entre Soto del Real y Lledoners, los Jordis, Sànchez y Cuixart,
los primeros dirigentes independentistas que envió a prisión la juez
Carmen Lamela como responsables de la ANC y Òmnium, y como organizadores
de la multitudinaria concentración frente a la conselleria d'Economia
el 20 de septiembre de 2017 y de la que este viernes se han cumplido dos años.
Recordar a los Jordis es una manera, en muchos aspectos la única, de
demostrar, por un lado, empatía con lo que hicieron y, por otro, afecto y
agradecimiento por la injusta situación que atraviesan. Si en un
proceso viciado como el del juicio del procés
hay algo desproporcionadamente injusto y que no tiene ni pies ni cabeza
es el caso de los Jordis y el de Carme Forcadell, la presidenta del
Parlament cuando fue conducida a prisión.
Pagaron exclusivamente por el
cargo que ocupaban y por su importante liderazgo social ya que como
quedó meridianamente demostrado en el juicio, Sànchez y Cuixart, si algo
hicieron, fue tratar de reconducir la concentración creando cordones de
seguridad y su actitud fue pacífica de principio a fin.
Pero claro, eso no encajaba en el guión. Hacía falta sostener que
había habido tumulto frente a la conselleria d'Economia para que se
pudieran justificar las elevadas penas del Ministerio Fiscal. Si no, una
parte de la causa se caía como un castillo de naipes y el inventado
relato se evaporaba y no quedaba nada.
Hoy, Jordi Sànchez ha dado el
salto a la política y encabezó la candidatura a las elecciones españolas
de Junts per Catalunya el pasado abril y es más que
probable que repita como candidato en las convocadas para el mes de
noviembre aunque, por en medio, está la condena del Supremo que puede
inhabilitarlos antes de los comicios. Cuixart ha conservado la
presidencia de Òmnium y ha hecho de la desobediencia civil el principal argumento para mantener la lucha contra el Estado. Su libro Ho tornarem a fer es, en este aspecto, suficientemente elocuente.
En este segundo aniversario del 20-S, Cuixart incluso ha asegurado
que no piensa pedir ningún indulto, que cumplirá íntegramente la condena
y que no aceptará beneficios penitenciarios y que con la sentencia en
firme por parte del Supremo se abre la puerta a un escenario de lucha
antifranquista.
Los Jordis, como Forcadell,y los miembros del
Govern Junqueras, Turull, Rull, Forn, Romeva y Dolors Bassa siguen
permanentemente presentes en la vida política y social de Catalunya.
Igual que los exiliados en Bruselas, Puigdemont, Comín y Puig; Escocia,
Clara Ponsatí; Ginebra, Marta Rovira y Anna Gabriel; y tantos otros hoy
privados de una situación de libertad plena. El Estado es obvio que en
este punto ha fracasado ya que no ha conseguido invisibilizarlos, como
era su objetivo.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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