"El Rey no debe estar en la primera página de los periódicos todos los días". Lo dice el catedrático emérito de Derecho Constitucional Antonio Torres del Moral cuando se le pregunta por el papel del Monarca en la formación del Gobierno. La investidura fallida de Pedro Sánchez
y la parálisis política que podría conducirnos a una repetición de
comicios en noviembre han vuelto a poner el foco sobre el jefe del
Estado por sus funciones en este proceso.
Don
Felipe ya tuvo un protagonismo importante en 2016 cuando se produjeron
hechos inéditos desde la recuperación de la democracia, como el rechazo
de Mariano Rajoy a la petición del Monarca para que intentara forjar un Ejecutivo. Aquella operación, así como el posterior ofrecimiento a Pedro Sánchez
-maniobra destinada al fracaso pero que permitió que echara a andar el
famoso reloj para la disolución de las Cortes-, fueron vías de
exploración inéditas para la Corona con las que Torres del Moral se
muestra crítico: «Salieron regular, como mucho».
Los constitucionalistas, historiadores y analistas políticos consultados por El Mundo coinciden en su mayoría en dos cuestiones. La primera, que Felipe VI está actuando con corrección en su prudencia desde el 28-A,
porque lo más importante es que la neutralidad de la alta magistratura
que encarna no se vea afectada. Y la segunda, que el artículo 99 de la Constitución,
del que emanan las funciones regias en el proceso político de formación
del Gobierno, está mal redactado. En situaciones de tanta
fragmentación, puede ser un avispero para la Monarquía.
El disenso
gira sobre cómo debe ser la actuación del Rey en este momento. Frente
quienes consideran un acierto el perfil bajo adoptado por Don Felipe
desde la investidura fallida de julio, apartándose a un discreto segundo
plano en agosto para dar tiempo a los partidos a que negocien, otros
expertos consideran que el Monarca no debiera apurar demasiado los
plazos para impulsar nuevas consultas con los líderes políticos, en
cumplimiento con el mencionado artículo 99. Es el dilema al que se
enfrenta el Rey, por más que a él no le corresponda ser el muñidor de
acuerdos entre partidos ni pueda realizar movimientos que pongan en
cuestión su papel de moderador y árbitro de las instituciones
exquisitamente neutral.
En plena Transición, la adopción de la Monarquía
parlamentaria como forma de Gobierno fue objeto de pocas discusiones.
Sin embargo, sí se debatió mucho cuáles debían ser las funciones del
Rey. Es sabido que la izquierda intentó que la Carta Magna le redujera a
una figura ceremonial al estilo de monarquías como la sueca o la
japonesa; mientras, los representantes del centroderecha deseaban
dotarle de atributos con mucha mayor dimensión, en línea con los
monarcas del Benelux.
Cuando se hizo público a finales de 1977 el primer borrador constitucional, el propio Juan Carlos I lamentó que «tal como se están desarrollando las cosas, voy a tener menos poderes que el rey de Suecia». Julián Marías publicó: «Habrá Monarquía, pero no valdrá la pena».
Lo
cierto es que se dejaba al Rey como el único de los monarcas europeos,
con la excepción del sueco, sin intervención alguna en la formación del
Gobierno. En Zarzuela hubo malestar. Al final, tras
estudiarse distintos modelos, incluido el británico, se decidió que el
Rey tuviera un papel en el proceso de formación del Gobierno inspirado
en los modelos belga y holandés. Pero el artículo 99 sufrió diferentes
formulaciones hasta la definitiva. Por ejemplo, se pasó de que el
Monarca tuviera que consultar «a los presidentes de ambas Cámaras [Congreso y Senado]
y a los portavoces designados por los grupos parlamentarios», a que el
Rey debe despachar con «los representantes designados por los grupos
políticos con representación parlamentaria» antes de proponer candidato.
Los padres de la Constitución otorgaron al Monarca uno de sus escasos papeles en un asunto de naturaleza política pensando en el trono de Bruselas,
pero no le dotaron de ninguno de los instrumentos jurídicos con los que
cuenta el rey de los belgas para la formación del Gobiernos, proceso
siempre complicado en aquel país: un sinfín de figuras
institucionalizadas -informadores, exploradores, formadores de
Gobierno...-, amén de la prerrogativa para manejar los tiempos
políticos, incluida la potestad para aceptar o no las renuncias de los
primeros ministros o para disolver las Cámaras.
Nada parecido existe en España.
El papel del Rey está muy constreñido. Los constituyentes pensaron que
su función iba a ser poco más que protocolaria, como ha ocurrido durante
casi cuatro décadas de bipartidismo, en las que Don Juan Carlos no tuvo
problemas en este terreno.
Roberto L. Blanco Valdés, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela,
cree que en nuestro país no se aceptaría ni sería bueno que el Rey
jugara un papel tan protagonista como su homólogo belga. «El bien a
preservar es que no aparezca ante la opinión pública como partidario.
Don Juan Carlos pudo limitarse a dar forma jurídica a la decisión del
cuerpo electoral, porque incluso en la última investidura de González y la primera de Aznar estaba
claro quién podía ser presidente. Ahora todo es complicado. Pero el Rey
no tiene que tomar decisiones. En este caso, le compete a Sánchez, el
único con posibilidades de ser investido».
Blanco subraya que el
Rey tiene «un margen de discrecionalidad mínimo», pero no se le puede
poner en una situación política comprometida. Cree que no conviene otra
ronda de partidos hasta que no se lo pida el único candidato con
posibilidades, Pedro Sánchez. El constitucionalista destaca que el jefe
del Estado está actuando de dos formas distintas desde junio. Primero,
pidió al líder socialista que se sometiera a la investidura a pesar de que ningún líder político, salvo el diputado del partido de Revilla,
le aseguró el respaldo.
Pero con la designación, según deduce Blanco a
instancias del propio Sánchez, el Monarca le impulsaba a negociar para
buscar los apoyos. Ahora, en cambio, explica el profesor,
presumiblemente también por indicación del presidente en funciones,
Felipe VI le da tiempo necesario para que vuelva a intentar una
negociación antes de otra ronda en Palacio. Blanco destaca que las dos
vías de actuación regia son perfectamente válidas. Pero otros colegas
suyos, como Torres del Moral, creen en cambio que el jefe del Estado no
debe proponer nunca candidato sin apoyos mínimos. Ya decíamos que el 99
deja interpretaciones para todos los gustos.
En todo caso, los expertos alertan de que si los partidos no actúan
con responsabilidad se acaba salpicando al Rey, porque siempre habrá
sectores que cuestionen su modo de obrar. Así, por ejemplo, Pablo Iglesias expresó su descontento
por el ofrecimiento a Sánchez el 6 de junio para que formara Gobierno,
ya que el líder de Podemos acababa de informarle de que no estaban en
disposición de apoyar al PSOE, que llevaban 15 días sin hablar y que el presidente en funciones se había negado a negociar desde el 28-A.
Las
lagunas, errores de redacción y múltiples interpretaciones del artículo
99 lo complican todo. Torres del Moral subraya la defectuosa
formulación del punto 4: «Si efectuadas las citadas votaciones no se
otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas
propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores». Dice el
constitucionalista que después de la coma faltaría un «en su caso».
Tal
como está escrito, en sentido imperativo, parece obligar al Rey a
apresurarse a convocar nuevas rondas y a proponer nuevos candidatos
mientras transcurren los dos meses hasta la disolución de las Cortes.
Torres del Moral dice que es un disparate por cuanto cree que no es
sensato que Don Felipe proponga a nadie más sin visos de una investidura
viable. «Eso se interpretaría como encargos y, de fracasar, suponen un
desgaste para la Corona. El Rey no puede desgastarse con candidatos
fallidos. Ha de jugar sobre seguro».
Pero los constitucionalistas
advierten de otras lagunas del artículo 99. Por ejemplo, la ronda del
Rey con los grupos políticos es un requisito imprescindible pensado para
que el Monarca tenga toda la información cierta necesaria, algo
especialmente delicado si dos cuentan con posibilidades análogas.
Y, sin
embargo, podríamos encontrarnos ante una grave crisis si muchas
fuerzas, como ya hacen Bildu o
algunos independentistas catalanes, decidieran no acudir a la llamada
de Zarzuela. Por otro lado, nada dice el artículo 99 de cuándo debe
comenzar el Rey las consultas. Podría iniciarlas si quisiera al día
siguiente de los comicios, sin esperar a la constitución de las Cortes,
26 días después, como se viene haciendo desde 1978 por una costumbre no
reglada. Porque el Monarca ha de reunirse con los representantes de los
grupos políticos, no de los grupos parlamentarios. Ello agilizaría todo.
Tampoco hay nada reglado respecto a cuántas rondas realizar antes de
proponer candidato. No faltan analistas que ven precipitación en
actuaciones como la de pedirle en su día a Rajoy que se echara al ruedo
en contra de su voluntad. Igualmente, Felipe VI puede tomarse el tiempo
que desee tras las consultas antes de cualquier anuncio. Y, sin embargo,
Zarzuela acostumbra a hacer sus anuncios con la urgencia que marca hoy
en día la agenda informativa.
«Don Felipe está actuando
correctamente, no apartándose ni un milímetro del texto constitucional.
El problema es el uso y abuso que algunos partidos y algunos dirigentes
están haciendo del margen de maniobra que las leyes le otorgan. Debemos
pedir menos tacticismo, menos cortoplacismo y más lealtad institucional a
la clase política. Y, muy especialmente, en este caso a Pedro Sánchez y
Pablo Iglesias», dice el historiador Jordi Canal, que rechaza que se pueda invocar al Monarca para que juegue un papel más activo para intentar desatascar las cosas.
En
este sentido, Torres del Moral pone el acento en lo que considera una
anomalía que se mantiene desde hace 40 años: el papel segundón del
presidente de turno del Congreso cuando, subraya, el artículo 99 en
realidad le otorga a él la responsabilidad máxima, ya que es quien
refrenda los actos del Rey. Para evitar que se queme la Corona y que se
pueda cuestionar su neutralidad, Torres del Moral cree que Meritxell Batet
es quien debiera ahora impulsar las rondas de contacto entre partidos. Y
va más lejos. Considera que debiera estar presente en las consultas con
los políticos en Zarzuela. «El presidente del Congreso no puede
limitarse a ser un chico de los recados llevando un papelito al Rey. No
tiene sentido».
De momento, Felipe VI sigue obligado a extremar la
prudencia hasta saber si se puede formar Gobierno. El 23 de septiembre,
fecha límite.
(*) Periodista
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