Los hechos son
testarudos, reza un conocido refrán. Y todas las elecciones que se
vienen celebrando desde el inicio del procés nos lo acaban recordando.
Llueva, truene o ventee, el nacionalismo catalán resiste, demostrando
que forma parte de la constitución material de España y que no se puede
prescindir de él para dirigir democráticamente el país.
Así viene siendo
desde las elecciones del 15 de junio de 1977 hasta hoy. El triunfo de
la moción de censura, de la que se va a cumplir un año, fue la última
prueba de lo que estoy diciendo.
Por eso es un error
intentar ajustar las cuentas con el nacionalismo catalán a través de los
tribunales de justicia. En la época de Franco se podía hacer. En la
España, Estado miembro de la Unión Europea, no es imposible, pero sí muy
difícil. Se tienen más recursos para ejercer el derecho a la defensa.
Los tribunales pueden decretar la prisión provisional contra Oriol
Junqueras o pueden imponer un destierro por tiempo indefinido a Carles
Puigdemont, negándose a aceptar la decisión del Tribunal Superior de
Schleswig-Holstein sobre la extradición solicitada por el Juez
Instructor Pablo Llarena.
Pero no pueden impedir que Junqueras y
Puigdemont, desde la cárcel o desde el exilio, sean elegidos diputados
al Parlamento Europeo, porque hay un número suficiente de ciudadanos que
los eligen como sus representantes. Un número que no ha decrecido, ni
es previsible que lo haga en el tiempo en que es posible hacer
predicciones.
Desde la noche de este domingo la pretensión de ajuste de
cuentas a través del Tribunal Supremo va a tener que enfrentarse con un
obstáculo del que vengo advirtiendo desde hace tiempo. Los tres
diputados que han sido elegidos hoy acabarán teniendo la inmunidad
parlamentaria que tienen todos los diputados europeos.
La tendrán a
partir del momento en que sean proclamados diputados electos, que es
algo que necesariamente tendrá que producirse en unas semanas. No hay
ningún tribunal español que pueda impedirlo. Y si el Tribunal Supremo
intenta hacerlo, el final será humillante para él y para el sistema de
administración de justicia del que es el máximo exponente.
Lo
que el Tribunal Supremo no ha querido hacer respecto de los cinco
parlamentarios españoles que fueron elegidos el 28A, lo va a tener que
hacer ahora respecto de los tres parlamentarios europeos que han sido
elegidos el 26M. Va a tener que poner en libertad a Oriol Junqueras, no
va a poder ordenar la detención de Puigdemont y Comín cuando acudan a
la Junta Electoral Central a prometer la Constitución y va a tener que
tramitar el suplicatorio al Parlamento Europeo y detener el juicio hasta
que el Parlamento decida.
Haber optado por la vía
judicial para hacer frente a un problema de naturaleza tan
exclusivamente política, como es el de la integración de Catalunya en el
Estado, fue un error por parte del Gobierno de la Nación, que no debió
permitir al Fiscal General del Estado que actuara de la forma en que lo
hizo.
Pero ha sido también un error de la Audiencia Nacional y del
Tribunal Supremo, que, sin ser ninguno de ellos el juez ordinario
predeterminado por la ley, aceptaron actuar como si lo fueran, haciendo
prácticamente imposible encontrar una salida jurisdiccional razonable.
No se debió judicializar nunca el asunto, pero, de haberlo hecho,
tendrían que haber sido la Audiencia Provincial de Barcelona y el
Tribunal Superior de Justicia de Catalunya los órganos encargados de
hacerlo.
Hasta el momento parecía que el error no
tenía coste de ningún tipo. El Tribunal Supremo actuaba con la seguridad
de que el Tribunal Constitucional no se atrevería a desautorizarlo. A
partir de mañana, se abre un horizonte europeo, parlamentario en un
primer momento y eventualmente judicial después, en el que el Tribunal
Supremo deja de tener la primera y última palabra.
La
elección de Junqueras, Puigdemont y Comín sitúa el juicio del 'caso
procés' en una senda nueva. Es lo que puede ocurrir cuando, en el marco
de una comunidad jurídica como es la Unión Europea, se pretende
sustituir la política por el proceso penal.
(*) Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla
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