Después de seguir con la mayor atención posible las declaraciones de los nueve presos políticos
encarcelados por el Tribunal Supremo y también la de los tres miembros
del Govern -Mundó, Borràs y Vila- en libertad provisional, uno no puede
permanecer impasible, sea independentista o no, ante la flagrante
violación de los derechos más elementales.
Empezando por la privación de
libertad basada en las acusaciones de rebelión o sedición que tanto la
Fiscalía como la Abogacía del Estado han desistido de formular en sus
interrogatorios. Si uno no conociera las graves acusaciones a las que se
enfrentan los acusados, con peticiones de prisión de más de 200 años,
podría llegar a pensar, oyendo las preguntas que el Ministerio Fiscal
formula, que estamos ante un juicio de desórdenes públicos, ante uno por
desobediencia o incluso ante un juicio sobre las consecuencias de
alentar a la gente a concentrarse en un colegio electoral.
Cada uno puede tener su opinión sobre los sucesos de septiembre y
octubre del 2017. Pero luego están los hechos. La verdad. Y durante
estos días hemos oído hablar de tuits, retuits, correos electrónicos, páginas web, butifarradas
este martes y hemos asistido, con estupefacción, a una falta de rigor
en los interrogatorios, con una concatenación de errores en las
preguntas que produce vergüenza ajena.
¿Cómo cabe entender si no la
ignorancia del fiscal respecto al uso de las nuevas tecnologías? Dicen
los expertos que ya acabarán probando la rebelión los guardia civiles y
los testigos que comparecerán a petición de la fiscalía. Quizás, no sé.
Lo cierto es que, por lo que llevamos visto, lo más lógico es que se
hubiera dictado la libertad provisional de los presos políticos y que
hubieran podido proseguir la vista desde una situación procesal
distinta. Lógicamente esto no ha sucedido, ni estaba previsto que
pasara, sería como reconocer la evidencia: que la causa se está cayendo a
trozos.
En la jornada de este martes han declarado el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.
El primero, 498 noches en prisión provisional, y la segunda, 341. Ambas
declaraciones eran muy esperadas por situaciones radicalmente
diferentes, como es la insólita prisión de un líder social y presidente
de una organización que resistió las embestidas del franquismo; y la
segunda, porque se limitó a dar la voz y la palabra a los representantes
escogidos por la ciudadanía.
Ambos también han recibido apoyos
internacionales muy notables por su insólita prisión provisional. La intervención de Cuixart
fue políticamente muy potente, radical en el lenguaje; estuvo digno y
erguido en sus respuestas. Como cuando dijo, nada más empezar, que su
prioridad ya no era salir de la prisión, sino resolver el conflicto
entre Catalunya y España. Pone los pelos de punta después de un año y
medio en una injusta prisión provisional abordar con tal entereza el
juicio.
Por más que el fiscal insistía imputándole cosas que no eran de su
incumbencia y sin prueba alguna, Cuixart resistía y denunciaba el ataque
y la vulneración de libertades en Catalunya y el Estado español. O
cuando hablando de la manifestación ante la sede de Economia
expresó una verdad como un puño: "Cuando la Guardia Civil hace un
registro, corta la calle.
El 20-S no y además dejan los coches solos y
con las armas dentro". No parece muy normal, no. O, en otro momento: "En
Catalunya no se celebra el 12 de octubre, el día de la raza, ese
genocidio en América latina". No es extraño que al final de la jornada
se hubieran dado de alta en un solo día 4.000 nuevos socios en Òmnium.
Carme Forcadell se parapetó detrás de las normas básicas del parlamentarismo:
en un parlamento se puede hablar de todo. El mismo argumento por el que
presidentes de Cámaras legislativas de todo el mundo le han dado apoyo,
así como 500 diputados de 25 países, y motivo suficiente por el que,
por ejemplo, el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, declaró recientemente ante una pregunta del diputado galés Hywel Williams
que en Westminster se podría debatir perfectamente sobre la
independencia de Gales sin que eso comportara responsabilidades penales,
mientras alababa a la presidenta Forcadell. Londres y Madrid. La
democracia como frontera.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
Entra la banda / Ramón Cotarelo *
Ayer, las declaraciones de Jordi Cuixart
y Carme Forcadell pusieron punto final al ridículo proceso del 1-O.
Ridículo por cuanto la imagen que está fabricándose para la historia
hunde definitivamente a España sin que centurias de Borrelles puedan
salvarla.
No
hay caso y el colofón de Cuixart es definitivo. Al declarar que su
prioridad no es salir de la cárcel, sino denunciar el ataque del Estado
español (en cuyo nombre administran justicia los jueces) a los derechos
fundamentales en Catalunya y España, ha vaciado de contenido toda la
causa, convertido en muñecos rotos a los fiscales y magistrados, y
proyectado el pleito a un ámbito colectivo e histórico en el que el
Estado tiene la batalla perdida. Y lo saben todos quienes tienen un
papel en esta farsa.
De
forma que, concluida la formalidad de las presentaciones y, siguiendo
el ejemplo de las buenas familias, se da paso a los payasos. Citados a
declarar el presidente y la vicepresidenta del gobierno más corrupto de
la historia de la "democracia", el frente de un partido judicialmente
considerado una asociación de malhechores. Citados a declarar como
testigos.
Y
dicen que no es un juicio político. Es político e histriónico. Del
presidente consta la firme sospecha de que ya mintió como testigo en
sede judicial en uno de los infinitos procesos de la Gürtel. También en
sede parlamentaria; bueno, en esta en innumerables ocasiones y sin
sospecha alguna: mentiras como castillos.
De la vicepresidenta hay
momentos sublimes. Tomó directamente la responsabilidad de la "cuestión
catalana", fue "virreina de Catalunya", se entrometió descaradamente en
el Tribunal Constitucional y el Supremo y dictó una reforma
inconstitucional de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que este
aceptó sumisamente y por la cual se convertía en alguacil de sus
propias sentencias. Como resultado de tanta bambolla, llegó a jactarse
de haber descabezado a los independentistas.
Bien.
La descabezada fue ella y con todo su gobierno. Todos con la testa bajo
el brazo. Y con la testa bajo el brazo comparecen ante el Supremo. Por eso son zombies. Verdaderos ravenants,
que vienen del olvido a echar una mano al desastre de las acusaciones y
convertirlo ya en una catástrofe propia de los hermanos Marx.
Hasta
ahora, los independentistas han hecho caer dos gobiernos españoles. Y
siguen en una posición de condicionar la política del reino. Ante esta
posibilidad, sobra, a mi entender, todo debate sobre si el
independentismo debe o no presentarse a unas elecciones. Por supuesto
que sí. La política que no hagas, ya se sabe, la harán contra ti.
Lo
suyo es votar en masa en las próximas legislativas. Y lo ideal, votar
en masa una candidatura unitaria que incluya a todos/as. De no ser
posible, concurran los independentistas cada cual por su discurso. De
nuevo aquí sería ideal que fueran todas/dos, incluida la CUP.
Para
formar luego un grupo indepndentista en las Cortes. Un grupo de
coordinación de la guerra contra el Estado que los indepes se ven
obligados a llevar dentro del Estado. Fuera de este, fuera de su
alcance, el Consell de la República tiene una importancia capital porque
es la cara exterior de una República que lucha por articularse en el
interior.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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