El conflicto España-Catalunya se vive en
términos bélicos metafórica y no tan metafóricamente. El gobierno tiene
presto un plan de acción, probablemente en respuesta a la exigencia de
los presidentes de la Generalitat de anunciar hechos. Es un plan de ataque. El artículo de Lola García habla de "desembarco" con ecos del de Normandía.
Los otros, sin embargo, tienen las defensas preparadas y, además, contraatacan, según lo que en su día anunció el presidente Torra de "atacar el Estado injusto".
Ante esa eventualidad el gobierno blande la amenaza del 155 o
contraataque al contraataque. Son planes de una politica que quiere ser
continuación de la guerra por otros medios, pero no lo consigue.
El
error está en el planteamiento de base, mejor dicho, los planteamientos
de base, pues no coinciden en los de las partes. El gobierno tiene
excluido el nivel de los principios, los derechos, la legitimidad y solo
atiende al de las políticas públicas.
El independentismo, sin
desatender el nivel de las políticas públicas, insiste en que el de la
legitimidad es prioritario y se condensa en la liberación de los presos
políticos y la aceptación de una negociación España-Catalunya de igual a
igual.
En
resumen, tiene razón Sánchez cuando dice que la “cuestión catalana” no
se debe judicializar porque solo puede arreglarse políticamente. El
problema es que su nivel de “política” no alcanza el orden
constitucional y por tanto constituyente. Para Sánchez, como para el
unionismo en general, la Constitución está fuera de la política. Es el
límite de la política. Más allá, la guerra.
El
unionismo no entiende ni puede entender que no hay una “cuestión
catalana”, como no hay una “cuestión vasca”. Hay una “cuestión
española”. Pero el sistema político español, el convencionalmente
llamado “régimen del 78”, no puede resolverla, pues lo que está en juego
es su propia razón de ser.
A
su vez, también la estategia está en debate en el independentismo,
puesto que lo están los medios que la constituyen. La proximidad de la
elecciones municipales, el debate lista única o no, la cuestión de
ampliar la base, la política de alianzas, forman un bullir de vivas
discusiones que no tendrán mayor importancia (aunque se expresen con
apasionamiento y hasta cierta desmesura) mientras se mantenga incólume
el objetivo estratégico de consolidar la República catalana.
Lo
determinante en ambas partes del conflicto es el apoyo social real que
tengan. No el que se inventen. Sánchez y su gobierno quieren
“desembarcar” en Catalunya para reforzar a la mayoría de los catalanes
que pretende seguir con el modelo estatutario. Los indepes son una
minoría mayoritaria. Los “no indepes” son mayoría absoluta.
Eso es
mentira y Sánchez y los suyos lo saben. Por ello se oponen a realizar un
referéndum de autodetermación que aclararía la cuestión de una vez por
todas. Porque lo pierden. Tienen mayoría y abrumadora en España, pero no
en Catalunya, en donde, si se trata de independencia, son una minoría
ciertamente numerosa, pero minoría; y, si se trata de referéndum, son
una minoría escuálida.
El
independentismo tiene el apoyo mayoritario social y parlamentariamente.
Lo lógico, lo democrático y lo legal es que pueda aplicar el mandato
recibido en las urnas: la independencia y la República Catalana.
Preferiblemente por medios pacíficos, negociados, de común acuerdo y, si
necesario fuere por la vía unilateral.
Es
obvio que entre gentes civilizadas la actitud de la otra parte no debe
ser el uso de la violencia. Pero eso no quiere decir que no pueda ser.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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