El hecho de que entre la decisión del Tribunal Supremo de procesar por rebelión al president Carles Puigdemont, al vicepresident Oriol Junqueras y a otros 11 dirigentes independentistas catalanes y la presentación del documental de Mediapro
sobre los hechos acaecidos el pasado 20 de septiembre ante la
Conselleria d'Economia haya habido tan solo una docena de horas, obliga
necesariamente a ser muy cautos sobre unos delitos de enorme gravedad y
que hasta la fecha están muy lejos de ser probados.
Es tan así, que en
su resolución, el TS se cuida mucho de asegurar que los procesados
puedan ser finalmente vinculados a actos de violencia o que incitaran a
su comisión para lograr el objetivo final de una declaración de
independencia y argumenta que esta "es una cuestión que ahora puede ser
aceptada indiciariamente y cuya resolución final precisará de la
práctica de auténticas pruebas, lo que solo puede tener lugar, en su
caso, en el juicio oral".
No deja de ser preocupante que sobre esa base jurídica y otras
igualmente cuestionables respecto a su rigor con los hechos acaecidos
entre septiembre y octubre del pasado año se haya llegado a armar una
causa que tiene mucho, demasiado, de política. Y que más allá de las
penas que en su día fije el tribunal retiene en tres cárceles de Madrid,
en prisión provisional, a todos los encausados por rebelión, excepto a
aquellos que optaron por desplazarse al extranjero a la espera de un
juicio más justo.
De los nueve dirigentes independentistas, quien menos
lleva en prisión es Carme Forcadell y ya suma la escandalosa cifra de 97 noches en Alcalá Meco; y los Jordis,
los que más, con la ignominiosa cifra de 254 noches en Soto del Real.
Que ahora cerrada la fase de instrucción, y a la espera del juicio, no
haya una decisión judicial de dejarlos en libertad provisional resalta
el castigo ejemplarizante que se les quiere imponer por encima de
cualquier otro argumento que se pueda utilizar.
Decía que la resolución del TS había coincidido con la presentación
del documental que este jueves emitirá TV3. El trabajo periodístico que
ha dirigido Jaume Roures deja en muy mal lugar la instrucción del juez Llarena
y que afecta fundamentalmente a los Jordis. El relato oficial del
magistrado del TS queda literalmente hecho añicos a través de numerosos
testigos.
Roures ha manifestado que los informes de la Guardia Civil son
mentira, directamente, y, es normal preguntarse cómo se puede seguir
manteniendo en prisión, en este caso concreto, a Sànchez y Cuixart.
Qué más pruebas hacen falta para rebatir unos hechos que, más allá de la
desobediencia en los 13 casos citados, son escasamente punibles por más
intentos que se quieran realizar. Pero la pelota se ha hecho
interesadamente tan grande por el Estado español que hacerla ahora más
pequeña no es nada fácil.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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