El sábado cesó Julián Sánchez Melgar, fiscal general
del Estado. Lo hizo por imperativo de su Estatuto Orgánico, que
establece (artículo 31) que su nombramiento decae cuando cesa el
Gobierno que le hubiere propuesto. Desde entonces y hasta que se nombre a
otro, el actual estará en funciones.
Una situación que el nuevo Gobierno remediará de manera inmediata. El
nuevo será nombrado por el Rey a propuesta del Ejecutivo oído
previamente el Consejo General del Poder Judicial. Y como requisito previo, deberá comparecer ante la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.
El presidente Sánchez tiene un enorme margen para elegir al nuevo fiscal general del Estado,
porque puede hacerlo entre juristas de reconocido prestigio con más de
15 años de ejercicio efectivo de su profesión. Podría ser, por tanto, un
miembro de la carrera fiscal, de la judicatura (como el actual y el
anterior, el fallecido José Manuel Maza),
un abogado o un catedrático-jurista. Y será muy interesante conocer el
perfil por el que se decanta el presidente, ya que el fiscal general del
Estado es, en función de las actuales circunstancias, su nombramiento más importante. ¿Más que el de los ministros? Mucho más.
Los fiscales, con el general del Estado al frente, son funcionarios
públicos que se someten a la legalidad y deben ser imparciales, gozan de
autonomía pero no de independencia y responden en el ejercicio de sus
funciones a criterios jerárquicos y de unidad de acción. Por lo tanto, ni son inamovibles ni son independientes como los jueces. ¿Están sometidos a los criterios de oportunidad del Gobierno? No. Pero el fiscal general del Estado,
al estar nombrado por el Ejecutivo, responde a un principio de
confianza, que en circunstancias muy excepcionales y transparentes pueda
trasladarle criterios de actuación.
Destaco la importancia de este nombramiento porque el presidente del
Gobierno tiene que encarar, con mayor o menor urgencia pero en muy poco
tiempo, el desafío catalán. Un desafío muy complejo que
tiene una vertiente política, otra jurídico-constitucional y una
tercera judicial. Están en tramitación tres procedimientos penales:
ante la Sala Segunda del TS, ante la Audiencia Nacional y ante el
Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona. Las dos primeras causas están
muy avanzadas con los procesamientos dictados por graves delitos:
rebelión, sedición, malversación… Pero faltan aún los escritos de
acusación definitivos antes de los juicios orales.
¿Mantendrá el nuevo fiscal general el mismo criterio jurídico-penal que el actual y el que le precedió, ambos nombrados por el Gobierno de Mariano Rajoy?
O en otras palabras, ¿seguirán los fiscales de los distintos casos
manteniendo la procedencia de las medidas cautelares (prisión preventiva
incondicional en los casos más graves que se tramitan en la Sala
Segunda del TS) ahora establecidas o recibirán instrucciones para
ablandarlas?, ¿se mantendrán las acusaciones por rebelión y sedición o
los fiscales recibirán criterios de la Fiscalía General para variar las
tipificaciones que actualmente se mantienen en los autos? No son
preguntas retóricas.
La urgencia de Joaquim Torra,
presidente de la Generalitat, por verse con el del Gobierno, remite,
entre otras muchas razones, a la ansiedad que se transmite desde
Barcelona para que se altere la situación de los presos. Hoy por hoy, la única contrapartida
que están exigiendo los independentistas catalanes, además de otros
sectores muy receptivos a esa reivindicación, es que cambie la situación
procesal de los presos preventivos y que se evite lo que se denomina
impropiamente “el escarmiento”. La toma de posesión de los consejeros de Torra
fue un verdadero mitin a favor de los presos. Y la primera decisión fue
colocar en la fachada principal del Palacio de San Jaime una gran
pancarta reclamando la libertad de los reclusos con un enorme lazo
amarillo.
Desde el PSOE,
se ha puntualizado que el “acercamiento de los presos” a Cataluña no es
una facultad que corresponda al inminente Gobierno de Sánchez sino a
los jueces. Cuando se dicte sentencia y tengan que cumplir las penas,
esa competencia será de Instituciones Penitenciarias. Pero Miquel Iceta se ha adelantado a calificar de “inoportuno” ese posible acercamiento, porque daría la impresión de constituir una “contrapartida” a los 17 escaños independentistas que respaldaron la moción de censura que hizo a Sánchez presidente del Ejecutivo.
No empujemos los acontecimientos, pero la lógica política se terminará imponiendo. De la misma manera que el PP quiere cobrar al PNV la factura por su deslealtad,
se pasarán al cobro otros cargos a cuenta del voto de investidura
mediante censura de Rajoy que favoreció a Sánchez. De ahí que Torra, el
PDeCAT y ERC necesiten un trofeo, una compensación, que explique
cabalmente a su electorado y a sus grupos de interés (Puigdemont incluido) que echar a Rajoy y poner a Sánchez ha sido algo más que una mera sustitución que se limitaba a satisfacer el ajuste de cuentas del independentismo con el expresidente popular. Pues bien: el fiscal general del Estado es una pieza clave en el puzle de la política catalana del nuevo presidente socialista. Apuntado queda.
(*) Periodista y ex director de Abc
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