CARTAGENA.- La diputada regional socialista Consuelo Cano ha
asegurado que el hecho de no contemplar la sedación en un acto
quirúrgico, como es una interrupción voluntaria del embarazo, es un
disparate que no se puede consentir, por lo que ha exigido conocer cuál
es el criterio clínico y quién lo recomienda.
"Los
embarazos no deseados y las interrupciones voluntarias del embarazo
pueden ser un problema para las mujeres murcianas. Por ello, y porque es
una cuestión de vital importancia, tienen que encontrar apoyo y ayuda
en la Administración sanitaria regional, ya que es una cuestión de
salud", ha señalado.
En este sentido, el Grupo
Parlamentario Socialista y el PSRM-PSOE reclaman a la Consejería de
Salud conocer cuáles son los motivos y el criterio clínico que sustenta
la actuación, las decisiones y protocolos que la Consejería tiene
establecidos para atender a las mujeres murcianas.
"En
la Región de Murcia tenemos hospitales públicos y equipos de
ginecología que podrían mejorar esta atención y así lo reclamamos, tal y
como aconseja la normativa existente", ha señalado
"Trasladaremos
a la Asamblea Regional el debate y la petición de explicaciones al
consejero de Salud para que aclare a las mujeres murcianas qué está
sucediendo en la Región con las interrupciones voluntarias del embarazo,
e impulsaremos y apoyaremos las medidas que remedien esta desprotección
y tanto dolor", ha concluido.
Por su parte, el
secretario de Sanidad, Dependencia y Discapacidad del PSRM-PSOE, José
Antonio Peñalver, ha mostrado su total apoyo a la Asociación de Usuarios
de la Sanidad de la Región de Murcia en su denuncia al Servicio
Murciano de Salud (SMS) por negar este la financiación de la anestesia a
las mujeres que se someten al procedimiento de un legrado por
aspiración.
Peñalver ha explicado que este
procedimiento, que se utiliza entre las semanas siete y doce para
interrumpir el embarazo, está avalado por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y la Federación Internacional de Obstetricia y Ginecología, e
incluye la anestesia local, ya que se utilizan cánulas de más de seis
milímetros de grosor para dilatar el útero y realizar la aspiración.
"Nos
preguntamos si se trata de un ahorro o de un castigo ideológico. Si se
quieren prevenir los embarazos no deseados, hay que actuar de otra
manera, pero no castigar a las mujeres obligándolas a pagar la
anestesia, como si esta fuera un capricho", ha apostillado.
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