MURCIA.- «Tengo un cliente que adquirió años atrás una casa por 200.000 euros y
ahora no sería capaz de venderla por 60.000», ilustra el letrado Mariano
Bó, que -junto al cartagenero Francisco Sarabia y otro despacho
radicado en Valencia- es uno de los profesionales que lleva meses
estudiando la fórmula más idónea para actuar legalmente contra la
Administración por la tremenda devaluación que habían sufrido las viviendas junto al Mar Menor a causa de su contaminación, según revela hoy La Verdad.
Admite el abogado Bó que la cuestión es compleja, sobre todo por la
dificultad existente hasta ahora de concretar cuáles fueron las
actuaciones y, sobre todo, las omisiones de los organismos públicos que
han permitido tamaña degradación de la laguna litoral. Con el riesgo que
implicaba para los clientes de que una demanda civil acabara no
prosperando y ello se pudiera traducir en una imposición de las costas
del procedimiento, que es una cuestión que ha venido refrenando a
algunos de estos abogados durante meses.
Y ello a pesar de que ya
disponen de algunos informes técnicos, redactados por especialistas en
materia inmobiliaria, que establecen que la vivienda ha sufrido una
devaluación media de hasta el 60% en zonas especialmente castigadas por
el deterioro del Mar Menor, como Los Urrutias, Los Nietos, Mar de
Cristal...
«Los daños colaterales de esa contaminación son
evidentes. Hay zonas en las que las viviendas, directamente, ya no
tienen venta. No es que se hayan devaluado un porcentaje más o menos
elevado; es que podría decirse que ya no las quieren ni regaladas. Y
luego está el problema de los arrendamientos en verano, del deterioro de
la calidad de las vacaciones...», resume a La Verdad el abogado Francisco Sarabia,
quien insiste en que los perjuicios sufridos por los propietarios de
casas en algunas zonas son enormes.
Las
dificultades para probar la aparente desidia de la Administración
frente a los vertidos parecen haberse allanado drásticamente, sin
embargo, a raíz de la denuncia interpuesta por el Fiscal Superior de la
Región, José Luis Díaz Manzanera, en la que señala expresamente a varios
antiguos altos responsables de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente de la Comunidad Autónoma, como Antonio Cerdá y varios de sus ex
directores generales, y de la Confederación Hidrográfica del Segura
(CHS), entre ellos José Salvador Fuentes Zorita y Rosario Quesada.
El
documento de la Fiscalía sí establece con todo detalle, gracias a la
investigación realizada a lo largo de un año y al análisis de decenas de
informes de la propia Consejería y la CHS, qué actuaciones y omisiones
concretas se habrían producido para que la laguna llegara a
transformarse en un 'consomé', según el término exacto empleado por La Verdad.
Básicamente, haber permitido que desde
explotaciones agrarias de la comarca del Mar Menor se vertieran cada año
hasta 3.000 toneladas anuales de nitratos, que han derivado en una
grave eutrofización -con la proliferación masiva de microalgas- de sus
aguas.
Por el momento, estos letrados parecen tener claro que se
van a personar en las diligencias que va a empezar a tramitar el Juzgado
de Instrucción nº 3 de Murcia. Pretenden ejercer la acusación
particular, debido a la condición de afectados directos de la que pueden
esgrimir sus clientes. Pero ello, además, no es óbice para que sigan
estudiando el recurso de la vía civil.
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