MADRID.- El
presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, ha
planteado un nuevo sistema de financiación autonómica en el que
las comunidades autónomas receptoras de fondos ejecuten
reformas que les permita no depender financieramente de otras que
aportan. “Las aportaciones deberían ser transitorias bajo un
esquema en el que deben hacer sus deberes. Las regiones no deben
recibir ayudas gratis y sin condiciones”, sostiene en www.capitalmadrid.com
Así
lo ha expuesto Vega de Seoane durante la presentación del documento Una
España mejor para todos. Un pacto para un crecimiento integrador, que
ha señalado que, en el pacto fiscal que existe, debería haber un
esquema en el que todos demos dinero y que, cuando una comunidad
autónoma recibe, sepa que es de forma transitoria y que tiene que hacer
sus deberes. “Cuando una autonomía recibe siempre dinero algo está
pasando”, comentó.
Tampoco dijo entender cómo había regiones que son receptoras y se
permiten bajar los impuestos a los contribuyentes y, en cambio, otras
comunidades autónomas que aportan dinero al resto, suben la fiscalidad.
En este sentido, dijo que estos comportamientos son “disparatados” y
acaban generando “mal clima”.
El presidente del Círculo ha explicado al respecto que, al igual que
Alemania exigía a España reformas a cambio de recibir fondos europeos,
“se debería hacer lo mismo en España”, y configurar un esquema en el que
las CCAA hagan sus aportaciones, pero exigir a los receptores que hagan
reformas para mejorar la riqueza de su región y conseguir que no
precisen ayudas de otras comunidades. Excepto Madrid, Cataluña,
Comunidad Valenciana y Baleares que aportan, el resto de las autonomías
son receptoras. País Vasco y Navarra son comunidades forales.
Respecto a la situación de Cataluña, Vega de Seoane ha vuelto a
insistir en que “es esencial que se garantice el Estado de Derecho”,
criticando a los actuales dirigentes que “han decidido -dijo-
interpretar las leyes a su manera”. Al igual que señaló en la
declaración institucional que el Círculo días pasados, Vega de Seoane
volvió expresar que había que “actuar con gradualidad”, pero también con
“mucha firmeza y con inteligencia para defender el Estado de Derecho”.
Sobre la propuesta del presidente de Fomento del Trabajo, Joaquim Gay
de Montellà, de recuperar el diálogo para crear un nuevo Estatut, que
incluya un pacto fiscal en línea con el cupo vasco, ha dicho verlo
“lógico” y “razonable”, ya que con el anterior hubo “desencuentros y
torpezas” en el tratamiento. “Otras cosa es que sea posible”, apuntó
para añadir a continuación: “yo pediría también el mismo trato para
Madrid”.
Vega de Seoane ha valorado muy positivamente que Gay de Montellá como
presidente de la patronal catalana se haya pronunciado en pro del
cumplimiento de la ley, con una hoja de ruta “perfectamente
constitucional y legal”.
“No nos incomodan las ideas sino los
procedimientos. Si se siguen las reglas no importan las ideas. Doy la
bienvenida a este pronunciamiento de Fomento del Trabajo de que hay que
cumplir la ley”, subrayó.
El máximo dirigente del Círculo de Empresarios comentó que ya se
estaba notando una ralentización en el consumo y en las inversiones por
el efecto que estaba teniendo la situación en Cataluña. La región
catalana representa el 20% del PIB español, por lo que admitió que, si
los catalanes se independizasen, “sería un desastre para España”, pero
“mucho peor para Cataluña”, pues perdería entre un 20% y un 30% de su
PIB.
“Cataluña es estupenda, pero no sus dirigentes políticos que lo
están haciendo bastante mal”, enfatizó.
El Círculo de Empresarios ha presentado un documento en el que
propone toda una batería de ideas para debatir sobre el futuro de
España. En el proyecto elaborado bajo la dirección del hispano-sueco
Ingemar Naeve, y de la directora del departamento de Economía del
Círculo, Alicia Coronil, se hace una proyección de lo que España podría
llegar a ser si, retomando el impulso reformista y de cooperación, nos
orientásemos a mejorar la calidad de nuestro sistema educativo, a
impulsar la creación y el crecimiento del tejido empresarial español y a
reducir el peso de la economía sumergida.
Sobre este último punto, el documento subraya que, si España hubiera
adoptado medidas para fomentar la corresponsabilidad tributaria de los
ciudadanos, intensificado la lucha contra las bolsas de fraude, el nivel
de nuestra economía sumergida sería del 11,6% del PIB y no del 17,2%
actual. De esta forma, el PIB nominal aumentaría en 64.960 millones de
euros.
En términos fiscales, el menor peso de la economía sumergida
supondría unos ingresos públicos adicionales de 24.879 millones de euros
que, junto a los generados por la nueva estructura empresarial,
permitirían alcanzar un superávit fiscal del 1,24% del PIB, con
consecuencias positivas sobre la sostenibilidad de la deuda.
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