CARTAGENA.- ANSE y Greenpeace han presentado escrito de Alegaciones en el
procedimiento de información pública del "Proyecto de conservación,
mantenimiento y comprobación del tablestacado existentes en las
instalaciones de Puerto Mayor, T. M. de San Javier" promovido por Puerto
Mayor, S.A, y que fue publicado en el BORM del pasado 21 de julio del
2017 por parte de la Dirección General de Transportes, Costas y Puertos.
Las organizaciones recuerdan que las obras de Puerto Mayor son
ilegales porque fueron realizadas según un proyecto de puerto deportivo
que nunca ha sido tramitado y aprobado por la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia. En su día la empresa Puerto Mayor contaba con
concesión administrativa para la construcción del puerto deportivo
otorgada por el Consejo de Ministros en 1975 pero dicha concesión caducó
en 1988 sin que se realizara obra alguna.
El director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado, autorizó
en el año 2003 la realización de las obras de Puerto Mayor existentes en
la actualidad y que correspondían a un nuevo proyecto presentado por la
empresa en 2001, sin que el mismo contara con aprobación de la
Comunidad Autónoma. Estos hechos motivaron que ANSE presentara denuncia
contra Alvarado por la comisión de dos supuestos delitos de
prevaricación y contra los recursos naturales y el medio ambiente ante
la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.
La Fiscalía hizo suya la denuncia de ANSE lo que motivó que el
Juzgado de Instrucción n° 5 de Murcia procesara a Alvarado por un delito
de prevaricación. El director general no ha llegado a ser condenado por
estos hechos al incurrirse en un defecto de forma en la tramitación del
proceso judicial, si bien la Audiencia Provincial de Murcia debe
todavía resolver el recurso interpuesto por la Fiscalía para que
finalmente sí que sea juzgado.
La empresa no cuenta con autorización judicial para realizar obras de
mantenimiento en Puerto Mayor, según sostiene a su solicitud, ya que el
auto que permitía tales obras dejó de tener vigencia el 21 de mayo del
2010 cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia
condenó a la Comunidad Autónoma en sentencia a declarar la caducidad de
la concesión de Puerto Mayor y la nulidad de la resolución dictada por
Antonio Alvarado permitiendo las obras.
"Las únicas obras que debería permitir el Gobierno de la Región de
Murcia deberían ser las del desmantelamiento del puerto y la
recuperación del último tramo sin urbanizar de La Manga del Mar Menor",
ha declarado Julio Barea responsable de campaña de Greenpeace.
En estas circunstancias si el director general de Transportes, Costas
y Puertos aprueba el proyecto de obras de mantenimiento presentado por
Puerto Mayor, S.A. estaría incurriendo en las mismas responsabilidades
penales por las que ya fue procesado Antonio Alvarado.
Pese a todo lo anterior, el Gobierno regional del Partido Popular ha
facilitado el camino a la empresa Puerto Mayor, S.A. a fin de que
realice las obras de un proyecto, que pese a los importantes daños
ambientales del mismo, únicamente beneficia a los intereses particulares
de una empresa, y supondría la destrucción de aproximadamente 1 km de
playas en una zona donde las infraestructuras y la regresión de la línea
de costa han acabado con muchas de ellas.
La autorización de la consolidación de parte de las obras de Puerto
Mayor incumpliría igualmente el acuerdo mayoritario de la Comisión de
Infraestructuras de la Asamblea Regional de Murcia de 15 de febrero de
2017, instando al Gobierno regional para que "reponga la zona del
denominado proyecto de Puerto Mayor a la situación anterior al 16 de
Diciembre de 1988, declarando la caducidad de la concesión
administrativa concedida a Puerto Mayor, S.A, y reparando los daños
medioambientales causados en la zona".
En este sentido, Pedro García ha lamentado que el nuevo director
general de Transportes, Costas y Puertos de la Comunidad Autónoma, José
Ramón Díez de Revenga, desde su toma de posesión trate de impulsar la
construcción de Puerto Mayor.
"No parece que mantener la necesidad de hacer este puerto sea la mejor manera de pedir la colaboración y diálogo de las organizaciones de defensa de la naturaleza. Si Díez de Revenga tiene instrucciones del presidente López Miras de poner orden en el Mar Menor y salvaguardar su sostenibilidad, la restauración ambiental del entorno de Puerto Mayor debería ser objetivo prioritario, debido a su elevado impacto y numerosas irregularidades".
"No parece que mantener la necesidad de hacer este puerto sea la mejor manera de pedir la colaboración y diálogo de las organizaciones de defensa de la naturaleza. Si Díez de Revenga tiene instrucciones del presidente López Miras de poner orden en el Mar Menor y salvaguardar su sostenibilidad, la restauración ambiental del entorno de Puerto Mayor debería ser objetivo prioritario, debido a su elevado impacto y numerosas irregularidades".
Las organizaciones recuerdan que en el Mar Menor existen ya diez puertos deportivos con cerca de 5.000 embarcaciones amarradas, a los que
hay que añadir dos puertos en San Pedro del Pinatar y otro en Cabo de
Palos. ¿Es necesario seguir destruyendo la costa con nuevos puertos
deportivos y más barcos?
Además, ANSE y Greenpeace han entregado hoy mismo 22.000 firmas de
apoyo a la propuesta de restauración de Puerto Mayor, que piden al
Gobierno de Murcia la restauración de la playa del Estacio afectada por
las obras y las 25 hectáreas de arenales anexos, con el fin de recuperar
espacios naturales que también mejorarían la calidad de vida y el
turismo en la zona, a la vez que muestran su rechazo a la construcción
de nuevos puertos en La Manga y el Mar Menor.
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