Es bueno de vez en cuando ponerle cifras y horizontes temporales al
peliagudo problema de la Deuda Pública española. El guardián de las
finanzas públicas, la Airef, acaba de recordarnos que España tardará, al
ritmo actual y si no hay grandes trastornos, unos 20 años en recortar
el volumen de la Deuda Pública española hasta unos niveles que podríamos
calificar de “manejables”, es decir, lo que los expertos en finanzas
públicas han cuantificado en la barrera del 60% del PIB.
El conjunto de
las Administraciones Públicas españolas tiene una deuda total que ha
terminado el año 2016 en el 99,4% del PIB, es decir, casi lo mismo que
un año antes, lo que equivale prácticamente al volumen de lo que produce
la economía en un año completo, valorado a precios de mercado.
La deuda contraída por el conjunto de la economía no sólo incluye el
pasivo de las Administraciones Públicas (el ya mencionado) sino que debe
sumarse la deuda de las empresas y de las familias, que en estos años
de crisis alcanzó unas dimensiones realmente importantes, aunque ambas
se encuentran en fase de reducción.
En especial la deuda de las
empresas, que se disparó mucho debido a la agresiva política de compras
llevada a cabo, sobre todo en el exterior, por muchas grandes empresas
españolas. Esta deuda está ya en retroceso desde hace más de dos años,
de forma que el endeudamiento conjunto de la econo0mía española ha
dejado ya atrás sus peores momentos.
Pero la deuda que han contraído los agentes públicos (el Estado y la
Seguridad Social, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos) sigue
siendo un motivo de preocupación porque tiene una cuantía muy elevada y
porque no hay señales claras de que este endeudamiento se encue4ntre en
trance de mejoría sino a la inversa.
De hecho, durante el pasado año, la
deuda de las Autonomías registró un empeoramiento significativo,
mientras la del Estado se moderada ligeramente (en términos de
deuda/PIB) y la deuda de los Ayuntamientos presentaba la mejor
apariencia del trío de entes públicos.
El problema, por lo tanto, parece residir en el descontrol de las
finanzas autonómicas, asunto que no sólo no está resuelto sino que lleva
camino de seguir empeorando y, lo que ers peor, con capacidad de
contaminar al propio Estado, ya que la subsistencia de algunas
Autonomías se está cubriendo de mejor o peor manera gracias a los apoyos
de liquidez que proporciona el Estado.
El asunto tendría que ser abordado mediante una reforma a fondo de
los esquemas de financiación autonómica, cuestión aplazada una y otra
vez y que tiene un difícil encaje político porque las Autonomías ejercen
una presión muy acusada a favor del aumento de sus competencias,
desarrollando una políticas de gasto muy expansivas, para las que no
cuentan con ingresos propios (los que se derivan de sus propios
impuestos) ni con transferencias suficientes desde el Estado.
Buscar un
equilibrio entre ambas vertientes del problema (ajustar los gastos y
disponer de los ingresos necesarios para financiarlos) requiere desde
luego un pacto de Estado en el que participen todos los partidos
políticos o, al menos, aquellos que garanticen el control mayoritario a
nivel de Gobierno del país y de todos los entes autonómicos. Sin esta
pieza clave de la financiación pública, la Deuda Pública española
seguirá manteniéndose como un caballo desbocado que puede hacer
descarrilar el conjunto de la economía española.
Y menos mal que ahora
atravesamos una etapa de tipos de interés mínimos e incluso negativos.
El día en que esta bonanza financiera termine, el problema puede
adquirir todos los rasgos de una cuestión insoluble.
(*) Periodista y economista
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