La Federación de Municipios, presidida por un alcalde socialista, ha resumido en su código, recién elaborado,
que la imputación en un delito no es causa suficiente para exigir la
dimisión de la autoridad política sospechosa de haberlo cometido. En el
actual contexto, la lectura de este 'manifiesto' sugiere un espaldarazo a
las tesis al respecto mantenidas por el presidente de la Comunidad,
Pedro Antonio Sánchez, y a renglón seguido, una enmienda a la actitud
del PSOE murciano, que está a la espera de la imputación de PAS para
exigir su dimisión o ya se ha adelantado a pedirla tras la publicación
del auto de la juez instructora del ´caso Auditorio´.
Que el
número de alcaldes socialistas en la Región (bien por haber obtenido
ellos mismos la mayoría absoluta, bien por superar con pactos con otros
partidos la mayoría relativa del PP) sea sustantivo durante el actual
mandato le añade más morbo al contenido de este código, pues queda claro
que la dirección socialista no dispone de autoridad para modificar los
planteamientos de sus propios alcaldes.
Pero una lectura menos
espontánea nos ofrece una clave más aproximada acerca de los motivos de
los alcaldes para eliminar el concepto de imputación como punto decisivo
para descansar del cargo. No se trata de ´salvar a PAS´, sino de
diseñar para ellos un marco preventivo. Se ofrecen a sí mismos un margen
para circunstancias en que pudieran verse en una situación parecida a
la de PAS, quien, no olvidemos, está afectado por un caso que proviene
de su etapa como alcalde. Lo que han hecho los alcaldes es algo tan
sencillo como automedicarse y, de paso, le han hecho un importante favor
político a PAS, incluso enmendando su pacto con C's, que establecía con
su firma la imputación como la hora del adiós.
La
vida política necesita menos códigos éticos y más decencia. Al final,
cada institución va a disponer de su propio código ético, adaptado a los
intereses de quienes los elaboran. No olvidemos que el PP dispone de un
reglamento interno de esas características, lo que no le impidió tener a
Bárcenas o a Sepúlveda en nómina o mantener a Martínez Pujalte en el
Congreso, por ejemplo.
Muchos colectivos profesionales suelen autorregularse mediante estas normas que intentan fijar conductas que no puede determinar las leyes, pero los políticos no integran, aunque a veces lo parezca, un colectivo profesional. La política no es una profesión. Y la proliferación de codigos éticos constituye ya una burbuja que, en el fondo, elude más que previene. Los políticos son el único grupo que decide sobre sus propios sueldos, sus dietas, sus pensiones, sus derechos y protocolos y ahora también, a la vista de que tanta endogamia les ha explotado en las manos, acuerdan entre ellos los topes que condicionan sus normas de conducta.
(*) Columnista
http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2016/12/27/alcaldes-automedican/793465.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario