CARTAGENA.- El portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, Óscar Urralburu, ha
señalado que en la Región de Murcia el Ejecutivo "mira a otro lado
cuando se trata de poner en marcha un plan riguroso de
inspección regional, algo que ya detectó la Asociación de Técnicos de
Hacienda y Agencia Tributaria. Debemos que atacar las fuentes del
verdadero fraude en los tributos propios y cedidos".
Urralburu ha afirmado que mientras que la mayor parte de la gente "se
ha tenido que apretar el cinturón, unos pocos privilegiados han tenido
toda la libertad para dar una vuelta de tuerca a sus artimañas legales y
contables para seguir defraudando y enriqueciéndose a costa de engañar a
la hacienda pública".
La realidad es, según el portavoz de Podemos en la Cámara "que la ley
está diseñada para perseguir a los 'robagallinas' mientras el fraude
fiscal y los delitos económicos campan a sus anchas". En concreto, en la
Región de Murcia, las medidas adoptadas por el ejecutivo de Pedro
Antonio Sánchez se reducen a "comprobaciones formales sobre los
impuestos y a una coordinación inexistente entre las haciendas".
Por otro lado, Óscar Urralburu ha incidido en que el gobierno del
Partido Popular "ha puesto palos en las ruedas para que la propuesta de
Podemos de crear una Oficina Antifraude, aprobada en la Asamblea y que
cuenta con presupuesto propio, pueda echar a andar".
Urralburu ha recordado que Podemos ha presentado en diversas
ocasiones las medidas que se deberían aplicar en este campo para atacar
las verdaderas bolsas de fraude en el ámbito autonómico. Como por
ejemplo, actuaciones inspectoras conjuntas con la Agencia Tributaria
estatal en materia de Impuesto de Patrimonio, investigaciones a fin de
comprobar la ocultación jurídica de bines y las maniobras patrimoniales
elusivas.
Además de actuaciones inspectoras propias y conjuntas con la
Inspección estatal en materia de juego, creación de una unidad de
inspección especializada en Impuestos Medioambientales. Establecer junto
con la Oficina de Prevención del Fraude, de nueva creación, actuaciones
inspectoras en sobrecostes en la contratación de la administración
autonómica y contratos realizados en fraude de ley o con maniobras
elusivas de la ley de contratos del sector público.
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